El diputado Gualberto Arispe (MAS) señaló este martes que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, se adecúa a convenios internacionales 

“Es una ley que se adecúa a convenios internacionales de los que nuestro país es parte; es una adecuación, no se ha inventado algún artículo, por ejemplo, que sea nuevo”, indicó.

Bolivia es parte de las convenciones internacionales que rigen el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a nivel internacional, como la Carta de Naciones Unidas de junio de 1945; la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre otras.

“Estos instrumentos normativos internacionales, establecen lineamientos para fortalecer las legislaciones nacionales contra el lavado de dinero y para generar medios jurídicos eficaces, en materia penal y administrativa, para combatir estos ilícitos”, refirió.

En ese contexto, recomendó a la oposición política que, si hay necesidad de llevar el documento a control de constitucionalidad, pueden hacerlo y esperar su pronunciamiento, pero no manejar el tema políticamente.

“Hay instrumentos legales para observar la ley, si han llevado al Tribunal Constitucional para demostrar que es ilegal o inconstitucional, seguramente en la Cámara de Senadores se observará aquello”, manifestó.

El senador Félix Ajpi (MAS) señaló este martes que el caso de Manfred Reyes Villa tiene larga data de irregularidades, desde su habilitación como candidato, porque pese a que tenía pleno conocimiento de que estaba impedido de postularse legalmente a la alcaldía de Cochabamba, igual decidió candidatear.

“Estamos queriendo agarrar la fruta que va a caer, pero tiene sus bemoles antiguos, cuando Manfred Reyes Villa y nosotros estábamos en el anonimato, en la gestión de la señora (Jeanine) Áñez. Habíamos advertido que tenía procesos pendientes y concluidos, y en ese momento, el Ministerio Público, que tenía que hacer cumplir la ley, no dijo absolutamente nada y se habilitó como candidato a alcalde de Cochabamba de forma irregular”, manifestó.

Dijo que, para presentarse como candidato a un cargo electo, se debe cumplir con varios requisitos, como presentar documentos solicitados al Órgano Judicial, que certifiquen que no se cuenta con procesos pendientes y menos aún una sentencia ejecutoriada.

“Él (Manfred Reyes Villa), sabía que tenía algunas cosas pendientes y debería ser responsable con la población que lo ha elegido. Ahora, si se ha manejado en lo estrictamente político, también que se atenga a las consecuencias”, indicó.

Responsabilizó a autoridades del Órgano Judicial por no haber puesto en conocimiento y aplicado la sentencia ejecutoriada contra Reyes Villa antes de las elecciones subnacionales.

“Hacemos declaraciones juradas para presentarnos como candidatos no sé cómo logró algunas declaraciones juradas de que no tenía ningún caso jurídico pendiente para habilitarse como candidato ¿de dónde las consiguió?, cuestionó.

El diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara, cuestionó este martes a políticos que pretenden aprovecharse de la marcha indígena, que durante su recorrido, de Beni a Santa Cruz, recibió el respaldo del gobernador cruceño Fernando Camacho y legisladores de la oposición.

“Cualquier esfuerzo, de mucha gente que quiere meter las manos y aprovecharse, por supuesto es censurable, por supuesto es condenable, y los parlamentarios que van a meterse allá y los políticos le hacen un flaco favor a una reivindicación indígena”, manifestó. 

Desde su inicio, la marcha, que partió el pasado 25 de agosto, de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, recibió abiertamente el respaldo del gobernador Fernando Camacho y de políticos de oposición, incluso algunos legisladores de su agrupación, Creemos, hicieron de voceros de la movilización.

Sin embargo, pese a la convocatoria del Gobierno para conocer el pliego petitorio, los indígenas se niegan a plantear hasta que no lleguen a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El Gobierno nacional acompaña la movilización con la entrega de medicamentos e insumos básicos, alimentos y otros. Además, garantiza la seguridad con un despliegue policial que cuida de los integrantes.

La pérdida de mandato del alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Manfred Reyes Villa Bacigalupi, es inminente. Las normas así lo establecen y un experto explica el porqué.

Reyes Villa es militar en retiro, político y empresario. Nació en La Paz en 1955. Empezó su carrera política a principios de 1990. En 1992, asumió la Vicepresidencia del Concejo Municipal de Cochabamba. Llegó a ser burgomaestre por cuatro periodos consecutivos entre 1993 y 2000.

Postulación y pérdida de mandato

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las elecciones subnacionales para el domingo 7 de marzo de 2021.

Ganó la Alcaldía de Cochabamba en marzo de 2021 con 240.769 votos, lo que representa el 55,63%. Así logró ocupar la silla edil por quinta vez.

El 18 de enero, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba inhabilitó a Reyes Villa como candidato de la organización política Súmate.

Para la decisión, argumentó que existía un presunto caso de requerimiento de pago ejecutoriado por la suma de Bs 2.372 y un proceso coactivo fiscal ejecutoriado por la suma de $us 288.543.00 pendientes.

Sin embargo, después de una apelación presentada por Reyes Villa, el 29 de enero de 2021, esta vez, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio vía libre a la postulación.

Uno de los requisitos para asumir una candidatura para las elecciones subnacionales era no tener pliego de cargo ejecutoriado.

La pérdida de mandato

La presidenta del Tribunal de Sentencia N° 1 de Cochabamba, Vivian Enríquez Monasterio, emitió el Mandamiento de Condena en contra de Manfred Reyes Villa Bacigalupi por la comisión del delito de conducta antieconómica, previsto y sancionado en el Artículo 224 del Código Penal.

La orden detalla que “en cumplimiento a la sentencia N° 09/2013 leída el 17 de abril, pronunciada dentro del proceso penal signado con el N° de NUREJ 200920476 seguido por el Ministerio Público contra Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi y otro, por la comisión del delito de conducta antieconómica, previsto y sancionado en el artículo 224 del Código Penal. La pena impuesta es de cinco años de privación de libertad”.

El caso “Sillar Alternativo”, por el cual está sentenciado Reyes Villa, data de 2009. En 2013 se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica. El actual alcalde de la ciudad de Cochabamba, presentó justificativos para evitar que esa sentencia sea ejecutoriada pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó un recurso.

Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales establece en su Artículo 12 que los alcaldes pierden su mandato por los siguientes motivos: Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, renuncia expresa a su mandato en forma escrita y personal, revocatoria de mandato, conforme al Artículo 240 de la Constitución Política del Estado, fallecimiento e incapacidad permanente declarada por autoridad jurisdiccional competente.

El abogado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, explicó la norma se aplica al caso del burgomaestre cochabambino.

“Desde que ha sido notificado don Manfred Reyes Villa, ya no es alcalde. En este momento, legalmente y constitucionalmente dejó de ser alcalde municipal”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.

Dijo que corresponde que Concejo Municipal de Cochabamba no deliberar ni considerar si cumple o no la sentencia; simplemente, cumplir.

“La sentencia ejecutoriada solamente se cumple. Entonces, en consecuencia, el Concejo Municipal debe elegir a otro alcalde interino de manera inmediata. Cualquier otra situación va a implicar incumplimiento de deberes”, aseveró.

Dijo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral hacer la convocatoria correspondiente para que el pueblo elija al nuevo alcalde.

“Desde la convocatoria son 90 días hasta el día del acto eleccionario, donde el pueblo va a elegir al nuevo alcalde municipal”, explicó.

“Con carácter inminente, el Órgano Electoral tiene que hacer la convocatoria con el plazo de 90 días para un nuevo proceso de elección de alcalde municipal en Cochabamba”, sostuvo.