La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abrió la posibilidad de conformar una Comisión Mixta de Investigación para indagar la vinculación de bolivianos en el caso de los Pandora Papers (Papeles de Pandora), adelantó este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

“Todavía no hemos concertado, vamos a reunirnos esta tarde o en estos días para analizar y evaluar si hay necesidad de conformar una Comisión Mixta de Investigación de estas grandes fortunas que estarían en Pandora Papers; vamos a analizar si hay necesidad de conformarla”, adelantó.

Según los datos revelados por la organización periodística Connectas, usando los datos del Equipo Pandora Papers Bolivia, unos 300 bolivianos estarían involucrados en ese caso, de los cuales fueron revelados tres nombres: Branko Marinkovic, exministro de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas durante la gestión de facto de Jeanine Áñez; el recientemente fallecido exministro de Desarrollo Económico y Hacienda (1993-1997) y de Energía e Hidrocarburos (2002-2003), Fernando Illanes de la Riva; y Pedro Jaime Valdivia, excónsul de Bolivia en Sao Paulo (Brasil).

“Lo haremos y haremos conocer al pueblo boliviano, porque no creo que solamente se trate de tres personas, sino deben ser más, seguramente, pero si hay esa necesidad vamos a conformar esta Comisión Mixta”, ratificó Mamani.  

Entre las 300 personas de origen boliviano involucradas en los Pandora Papers figuran empresarios importadores y exportadores, reconocidas figuras del deporte, moda y belleza, hasta exfuncionarios públicos quienes convirtieron a las Islas Vírgenes y a Panamá en sus paraísos fiscales favoritos, también Belice, Bahamas y Seychelles, pero en menor escala.

Marinkovic creó en el año 2000, en Panamá, junto a cuatro miembros de su familia, la offshore Granol S.A., cuyas operaciones alcanzaron a Bolivia, según datos de Fundempresa; pero esta no es la única compañía con la que está vinculado, pues la investigación de los Papeles de Panamá, en 2016, hizo público que él y su familia también estaban vinculados con otras cuatro offshores.

Los Pandora Papers son una nueva filtración de archivos que fue entregada hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). La filtración se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.

Branko Marinkovic, exministro de Economía en el régimen de Jeanine Áñez, está nuevamente involucrado con un caso de paraísos fiscales. Así lo revela la investigación periodística denominada “Pandora Papers”.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) obtuvo más de 11,9 millones de archivos confidenciales y dirigió un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación. Expuso el servicio offshore que 14 bufetes de abogados brindaron a clientes de todo el mundo.

De esa cantidad de documentos analizados, 15.000 archivos corresponden a casos de bolivianos, según revela la investigación periodística titulada “Islas Vírgenes y Panamá, los paraísos fiscales preferidos de los bolivianos, incluidos políticos”, elaborada por el Equipo Pandora Papers Bolivia.

“El empresario y político cruceño, de origen croata, creó en el año 2000 en Panamá -junto a cuatro miembros de su familia- la offshore Granol S.A., cuyas operaciones alcanzaron a Bolivia, según se puede ver en el registro de Fundempresa. Esta no es la única compañía con la que está vinculado. La investigación de los Papeles de Panamá, en 2016, hizo público que él y su familia también estaban vinculados con otras cuatro offshores (sic)”, se lee en el texto del trabajo periodístico elaborado por el equipo boliviano y publicado en el portal Connectas.

Marinkovic nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 21 de agosto de 1967, de profesión economista, empresario y político, fue titular del Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia y del Ministerio de Economía y Finanzas durante el régimen de Jeanine Áñez.

El cruceño ya cuenta con antecedentes. En mayo de 2016, el ICIJ liberó datos de 95 empresas bolivianas vinculadas a paraísos fiscales inscritas entre 1994 y 2015. La investigación periodística de aquella oportunidad fue denominada “Panamá Papers”. La lista de accionistas estaba compuesta por 43 nombres, 20 intermediarios y 35 direcciones.

Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en entrevista con red Patria Nueva, recordó que Marinkovic estaba involucrado en 14 casos de paraísos fiscales.

“Solo Branko creó 14 empresas en Panamá, además de otras empresas en otros lados. Como verán ahora, en Pandora también aparece con otras empresas. Entonces, estos señores que tienen mucho dinero y deciden ocultarlo, y no pagar impuestos, se contactan con bufetes que son especializados y esos bufetes le hacen gancho con el bufete principal que está en los propios paraísos fiscales y organizan todo, crean unas empresas ficticias y esas empresas con capitales ficticios, con testaferros y palos blancos que son gente de la confianza del original o de la confianza del bufete”, aseveró.

La investigación periodística denominada “Pandora Papers” también reveló que el recientemente fallecido exministro de Desarrollo Económico y Hacienda (1993-1997) y de Energía e Hidrocarburos (2002-2003), Fernando Illanes de la Riva, y Pedro Jaime Valdivia, excónsul de Bolivia en Sao Paulo, Brasil, figuran en la lista de personas que acudieron a servicios offshore.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, recordó este martes que Marcial Fabricano, uno de los representantes de la marcha indígena que pernocta en la ciudad de Santa Cruz, estuvo vinculado con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que su hija también fue autoridad en el gobierno de facto de Jeanine Áñez. 

“Ahora piden la presencia de nuestro presidente (Luis Arce), pero ¿para qué? Pregunto. Ahora nos enteramos, ¿el señor Marcial Fabricano de dónde viene?, una exautoridad de la época neoliberal y que su hija ha sido funcionaria en el gobierno de facto, entonces tiene un tinte político definitivamente”, manifestó.

El año 2002 Fabricano ocupó el cargo de Viceministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que su hija, Ruth Fabricano, fue designada en 2020 como directora de Boliviana de Turismo (Boltur), en el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Mamani dijo que era incomprensible que la marcha no haya contado con un pliego petitorio desde su inicio, pese a que autoridades de Gobierno lo solicitaban; sin embargo, con la revelación sobre la vinculación de una de sus principales cabezas con el gobierno de Goni, se ratificó el accionar político de la movilización.

“A pesar de eso, nuestras autoridades han ido a escucharlos, pero imagínense la forma en que fueron tratados este lunes”, manifestó.

Ayer, los viceministros de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, se dirigieron a las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), lugar donde se establecieron los marchistas para iniciar el diálogo, pero fueron rechazados por sus representantes, con el argumento de que no contaban con una acreditación oficial.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, sostuvo que la realización de un paro nacional o departamental no tiene razón de ser y que, si éste se diera, no afectaría al Gobierno, sino al bolsillo de los bolivianos que intentan salir de la crisis económica.

“No hay argumento para empezar a hablar sobre un paro, porque un paro no afecta al Gobierno, afecta a los bolivianos y a las bolivianas, por día de paro, a nivel nacional, se pierden más de $us 100 millones y en Santa Cruz se pierden $us 30 millones”, señaló.

La autoridad destacó que el Gobierno nacional tiene la predisposición de entablar diálogo y escuchar las preocupaciones que tienen distintos sectores sobre la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas frente a la desinformación que se ha generado en torno al tema.

“Existe una desinformación sobre esta ley y es oportuno e importante socializar y consensuar con los gremiales sobre los alcances de la misma”, dijo.

Alcón confirmó que el paro afectaría al gremial, al transportista, a los maestros, a diferentes sectores de la población a pesar de que “lo que el país requiere en este momento es continuar con la reactivación económica, con nuestros indicadores y con el movimiento que necesitamos para que la familia boliviana no se vea afectada por estas medidas”.

La viceministra explicó que al intentar politizar el tema y generar desinformación sobre la afectación a algunos sectores como la prensa, o gremiales del comercio informal, entre otros, (que no es cierto), algunos grupos pretenden paralizar el país.

“Lo que no podemos permitir es parar el país, estamos con empresarios, microempresarios, negocios, alquileres, intentado reactivar nuestra economía porque más allá de casi 4 meses de cuarentena y otras medidas tomadas, recién con el presidente Luis Arce estamos tomando las acciones para la reactivación económica”, indicó.