El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este miércoles que el Ministerio Público recibió 125.156 casos de diferentes delitos el año pasado a nivel nacional, los cuales fueron atendidos mediante el uso de las nuevas tecnologías implementadas y adecuadas por la emergencia sanitaria del COVID-19.

La información fue proporcionada durante su rendición pública de cuentas final 2020 e inicial 2021, que se desarrolló en la ciudad de Sucre bajo la modalidad virtual, con la participación de autoridades nacionales que se conectaron vía Zoom y Facebook.

“A pesar que el 2020 fue un año con limitaciones por la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ministerio Público mantuvo la prestación del servicio de forma ininterrumpida, y tenemos importantes logros de la gestión en la que hemos convertido la adversidad en una oportunidad para desarrollar los planes trazados que permiten la mejora de nuestros servicios y la aproximación de la justicia a la sociedad”, dijo, citado en un boletín institucional.

Según Lanchipa, el Ministerio Público tuvo una carga activa de 254.279 casos, cuya data correspondía incluso a la gestión 2000, y en total se llegó a tener 379.435, de los cuales se concluyeron 201.208 a nivel nacional, con un récord histórico en la capacidad resolutiva en relación a años pasados.

En relación a la criminalidad de mayor frecuencia, Lanchipa explicó que esas actividades ilegales se centran en los delitos de violencia hacia las mujeres, patrimoniales y contra la integridad Personal.

“Lo alarmante es que el 2020 registramos más de 30.824 casos de delitos de violencia familiar o doméstica, con un promedio de 84 denuncias por día, lo que demuestra una alarmante incidencia de episodios de violencia en el seno de las familias bolivianas, por lo que exhorto a las instituciones y niveles encargados de promover la prevención de este mal social a que extremen sus esfuerzos para hacer de los hogares, espacios seguros y libres de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, agregó.

Entre los logros de gestión, el Fiscal General del Estado resaltó la implementación del gobierno electrónico a través de los diferentes módulos del Sistema Justicia Libre (JL-1). También destacó que la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación haya desarrollado herramientas en el Sistema JL-1 por la pandemia por el COVID-19.

Las herramientas tecnológicas permiten tener un contacto directo de las partes, con el fiscal, de forma totalmente electrónica mediante tres módulos: el portafolio digital del caso, el gestor de solicitudes, y el de notificaciones electrónicas que están disponibles los 365 días del año. 

“Así también, se implementaron las Unidades de Análisis y Unidades de Conciliación en las nueve fiscalías departamentales, incluido El Alto, las que son atendidas por 20 fiscales asistentes conciliadores en todo el país, para la selección, derivación adecuada de los casos y aplicación de salidas alternas con énfasis en la conciliación penal en sede fiscal. A nivel nacional se realizaron 1.771 acuerdos conciliatorios”, añadió Lanchipa.

Asimismo, destacó la implementación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida en las nueve capitales de departamento, además de El Alto, con equipos multidisciplinarios para la atención inmediata de casos relacionados con delitos de feminicidio, asesinato, homicidio, parricidio e infanticidio, aplicándose de forma transversal el denominado Protocolo de 72 horas y la guía del uso del maletín de investigaciones en la escena del hecho. 

“En la gestión 2020, se produjeron lamentablemente 113 feminicidios, lográndose identificar a 91 presuntos autores, aspecto que representa un 80 por ciento del total, demostrando el avance de los actos investigativos a través de una investigación penal estratégica e inteligente. 53 hechos sucedieron durante la cuarentena rígida. También se registraron 51 víctimas de infanticidio en 43 casos, identificando que el 49 por ciento de las víctimas tuvo como causa de muerte la asfixia, lo que demuestra el uso de violencia extrema contra esta población indefensa”, complementó.

Finalmente, Lanchipa detalló que el presupuesto asignado al Ministerio Público para la gestión 2020 fue de Bs 253.851.567,00, y su ejecución de fondos del Tesoro General de la Nación llegó a un 96%.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) destacó este miércoles las medidas asumidas por el Gobierno de Luis Arce que garantizan el derecho a la educación de más de 2,9 millones de estudiantes de todo el país.

Mediante una nota de prensa, Unicef celebró el inicio de la Gestión Educativa 2021 en Bolivia bajo las modalidades presencial, semi-presencial y a distancia, acorde a lo que establece la Resolución Ministerial 001/2021, denominada “2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación”, emitida por el Ministerio de Educación.

“Es destacable el trabajo emprendido por el Ministerio de Educación en la priorización de contenidos curriculares, la capacitación de docentes, la producción de materiales y el establecimiento de acuerdos con diferentes medios de comunicación televisiva y radial, así como el lanzamiento de la plataforma educativa ‘Educa Bolivia’”, señala el documento.

Con el inicio de la Gestión Educativa 2021, el Gobierno recuperó el derecho a la educación que fue arrebatado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez que clausuró la gestión escolar en agosto del año pasado, tras suspender las actividades en marzo debido a la pandemia del COVID-19 en el país.

De acuerdo con Unicef, el retorno a clases es vital para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes: continuar con sus aprendizajes, retornar a sus espacios de socialización con sus pares, volver a ver e interactuar con sus maestros y maestras, aspectos que coadyuvan integralmente en el desarrollo cognitivo, emocional y en el desarrollo de habilidades sociales.

En ese marco, apunta que el retorno a clases requiere de intervenciones integrales, multisectoriales y de responsabilidad colectiva.

“Unicef, al igual que otras agencias de cooperación del SNU (Sistema de Naciones Unidas), frente a los grandes desafíos que supone continuar la educación durante la pandemia de COVID-19, mantiene firme el compromiso de coadyuvar con esta tarea, bajo el principio de que es central garantizar el retorno a la escuela de manera segura planificada, gradual e inclusiva, sin discriminar a nadie, ni exponer a los estudiantes y maestros o personal educativo a riesgos de salud”, agrega.

El presidente Luis Arce rindió este miércoles homenaje a los 226 años del natalicio de Antonio José de Sucre, héroe de la independencia latinoamericana, nacido en Cumaná, Venezuela, el 3 de febrero de 1795.

“En su natalicio, rendimos homenaje al Gran Mcal. de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Como Presidente de #Bolivia impulsó la organización administrativa y económica, entregó tierras a los indígenas e impulsó la educación. Preservaremos la obra de su creación. (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sucre fue un importante político, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia de Venezuela y otros países de Latinoamérica. Fue Presidente de Bolivia, General en Jefe del Ejército de la Gran Colombia y Comandante del Ejército del Sur y Gobernador de Perú.

Sucre junto a Simón Bolívar aseguró la independencia sudamericana y en 1825 promovió el nacimiento de la República de Bolivia, hoy Estado Plurinacional, que gobernó hasta 1828.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, recibió este miércoles un donativo de la Embajada de la República Federal de Alemania consistente en 60.000 reactivos de pruebas PCR y 60.000 kits de extracción de ARN que serán usados en la detección gratuita del COVID-19.

“Debemos agradecer profundamente al Gobierno de Alemania, quien dona al Estado Plurinacional de Bolivia 60.000 materiales para la extracción y 60.000 kits para pruebas PCR, para que las mismas puedan ser distribuidas de manera gratuita”, destacó en un acto realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La autoridad gubernamental relievó que los test recibidos harán más factible “nuestro avanzar cada día en esta lucha inclaudicable contra la pandemia”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, señaló que la donación hace patente una muestra de la solidaridad internacional, entre pueblos hermanos, que servirá “enormemente” y dará 60.000 posibilidades de que las personas tengan un diagnóstico oportuno para su atención temprana.

“Este aporte, en ese marco, es significativo, lo valoramos así (…). Somos hermanos, hoy día estamos recibiendo de ustedes, esperamos y estamos prestos en poder tener en algún momento, igual, la oportunidad de colaborarles como Estado y como Gobierno”, realzó.

El embajador de la República Federal de Alemania en Bolivia, Stefan Duppel, recordó que el Gobierno de su país hizo un primer donativo de 100.000 pruebas PCR para la detección del COVID-19 en octubre del año pasado. Dijo que esa cooperación continuará y que “disponer de pruebas fiables en cantidades suficientes será la base, en los próximos meses, para lograr interrumpir las cadenas de infección”.

“Estamos dispuestos a continuar con la cooperación, con la ayuda donde y como sea necesario. Espero que tanto en Bolivia como Alemania podamos volver pronto a la normalidad, que juntos salgamos adelante”, concluyó.