Una investigación académica realizada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, estableció que los hechos de violencia en Sacaba y Senkata, ocurridos en 2019, fueron “masacres” que aún deben ser investigadas, dijo este viernes el abogado estadounidense, Thomas Becker.

El jurista, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, dijo que existen indicios materiales suficientes, como informes de balística y otros, para impulsar un juicio en Bolivia y en estrados internacionales especializados en temas relativos a violaciones a los derechos humanos.

“Nosotros, en la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y la red universitaria que trabaja con estudiantes, profesores abogados de Yale y otras universidades, hemos hecho una investigación en 2019. Yo estuve en Sacaba el día de la Masacre. Fue una investigación académica, fría. Y eran masacres”, sostuvo el abogado.

Dijo que en la investigación internacional se realizó estudios balísticos que demostraron que los proyectiles salieron del lado de los uniformados, tanto en Sacaba como en Senkata. Incluso, dijo que aún hoy existen orificios de los proyectiles en las paredes.

El abogado, quien asesora a las víctimas de la masacre de octubre de 2003, indicó que las matanzas de Senkata y Sacaba, ocurridas durante el régimen de Jeanine Áñez, ocupan el segundo lugar en la historia democrática de Bolivia en cuanto a su nivel de violencia.

Becker indicó que en el actual gobierno existe un “ambiente mejor” para impulsar un proceso judicial nacional e internacional a Áñez, a su gabinete y a los uniformados que participaron en las masacres.

Explicó que en la jurisprudencia internacional ya no se acepta la justificación usada por los nazis, en sentido de que los asesinatos se produjeron no por voluntad propia, sino por órdenes superiores.

El abogado también reveló que la gestión de Áñez contrato una empresa de EEUU, especialista en cabildeo político, para limpiar su imagen y la de su gobierno en cuanto a derechos humanos y democracia.

Esa empresa estadounidense, dijo Becker, fue sancionada debido a la difusión de mensajes falsos para favorecer a Áñez, indicó.

El Ministerio de Salud reportó este viernes 1.244 nuevos casos de COVID-19 en el país, 108 menos con relación al jueves y 527 menos respecto al miércoles. Por tercer día consecutivo la curva de contagios va en descenso.

Según el Reporte COVID-19 en Bolivia N° 334, Santa Cruz tiene la mayor incidencia de contagios con 471 nuevos casos. Le siguen La Paz, con 316 y Cochabamba, con 95.

Tarija presenta 63 nuevos casos; Chuquisaca, 89; Potosí, 139; Oruro, 36; Pando, 11; y Beni, 24.

Ese reporte oficial precisa que, desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia se reportaron 235.098 casos positivos, de los cuales 48.033 están activos.

Además, se descartaron 389.574 casos, se tienen 2.197 pacientes sospechosos, y la cifra de muertes a causa de ese virus asciende a 11.107. Los pacientes recuperados suman 175.958.

La Ley de Emergencia Sanitaria permitirá establecer un estándar de precios de medicamentos para todo el país, terminará con el pago de “garantías” que se exigen a los pacientes y asegurará el funcionamiento de centros de salud en beneficio de la población, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Mamani, entrevistado este viernes en el programa 180 de radio Patria Nueva, destacó las características de la norma jurídica que aguarda su promulgación luego de que fue consensuada con el Colegio Médico que logró incorporar sus observaciones a la Ley.

El legislador explicó que la norma indica que en “todo el territorio nacional debemos tener solamente un estándar de precios de todos los medicamentos. No puede ser que en El Alto se tenga un precio diferente a una farmacia que esté vendiendo el mismo medicamento en Tarija, Pando o Santa Cruz”.

Indicó que, con la disposición jurídica, “todos vamos a poder adquirir ese medicamento, que esté destinado exclusivamente para el COVID, con el mismo precio en cualquier lugar del territorio nacional”.

Otra virtud de la Ley, agregó Mamani, es que evitará que las familias realicen pagos anticipados de dinero a algunos centros médicos que exigen esa “garantía” antes de atender a los pacientes.

La norma también indica, dijo el presidente de Diputados, que los centros médicos no pueden cerrar sus puertas por ningún motivo.

La Ley garantiza celeridad en los trámites de desaduanización de medicamentos, estableciendo un plazo de 24 horas para despachar los cargamentos rumbo a su comercialización.

“Establece un arancel cero. Entonces no van a pagar ningún centavo de impuesto, eso más establece este proyecto de ley”, acotó el legislador del MAS.

Lamentó que algunos galenos se opongan a la promulgación de la norma cuando sus dirigentes nacionales firmaron un convenio para incluir sus observaciones.

Por otra parte, el Presidente de Diputados destacó la aprobación legislativa del decreto presidencial que concede amnistía e indulto por razones humanitarias a víctimas de retardación de justicia en situación vulnerable, en el marco de la prevención del riesgo de incremento de casos de contagio de COVID-19 en los penales y la restitución de derechos a perseguidos.

Manifestó que esa norma favorecerá a personas que fueron detenidas por expresar su forma de pensar en redes sociales, a personas que salían a comprar medicamentos en medio de la cuarentena rígida o que salieron a vender para llevar un pan a sus casas.

Explicó que el gobierno de facto nunca pudo comprobar las acusaciones de perseguidos políticos y, en muchos casos, implantó hechos o armas blancas para inculpar a personas que ahora se beneficiarán con el indulto.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de acuerdo a las pesquisas realizadas, identificó a una persona que estaría involucrada en el presunto envenenamiento de los 34 cóndores en la comunidad Laderas Norte de Tarija.

"Tenemos su nombre, consiguientemente hemos pedido mediante memorial a la fiscal asignada al caso requerir información al Segip sobre el domicilio, (además) de una orden de citación a los dirigentes de la comunidad para que brinden mayor información sobre esta persona", informó Rodrigo Herrera, asesor legal de vida silvestre de la repartición gubernamental.

La autoridad adelantó que los comunarios que viven en la población Laderas Norte colaboraron en la identificación de la persona que vive por las cercanías, aunque no existen mayores detalles como su ocupación y edad.

Se espera que en las próximas horas, el Ministerio Público emita una citación para que pueda prestar su declaración y proceder a su aprehensión si existen suficientes indicios de su participación en la muerte de los animales.

Una comisión multidisciplinaria de biólogos, veterinarios y abogados especialistas en fauna silvestre del Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Tarija, la Alcaldía y la Fiscalía trabajan para conocer las causas de la muerte de los cóndores en la comunidad Laderas Norte.

Herrera ratificó que la muerte de animales ocurrió por un presunto envenenamiento, por lo que las muestras de fueron enviadas al Instituto de Investigación Técnico-Científica de la Universidad Policial (IITCUP).

La comisión multidisciplinaria de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, Gobernación y Alcaldía encontraron en la zona conocida como Ladera Norte, 34 cóndores muertos (17 hembras y 17 machos), cinco jotes o pala pala, cinco perros, una sucha, un carcancho, una oveja y un chivo.