El Ministerio de Salud reportó este miércoles 1.068 nuevos contagios de COVID-19 en el país; mientras que el número de pacientes recuperados ascendió a 1.057.

De acuerdo al reporte N° 367 de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor incidencia de contagios con 446 nuevos casos.

Beni registró 169 nuevos contagios; La Paz, 135; Cochabamba, 107; Tarija, 83; Oruro, 41; Pando, 33; Chuquisaca, 31; y Potosí, 23.

El reporte también detalla que hay 1.794 pacientes sospechosos, 42.398 activos y 561.330 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 262.056 casos de COVID-19, de los cuales 207.643 se recuperaron y hubo 12.015 decesos.

Una mujer de 35 años denunció que Waldo Albarracín, exrector de la UMSA, la embarazó y luego abandonó a su bebé de cinco meses y medio que se encuentra en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. Ante el riesgo de que la niña muera, la madre decidió hacer pública su acusación, según informaron este miércoles el portal web Detrás de la Verdad y la cadena televisiva ATB, en su versión digital.

“La tarde de este miércoles, una mujer de 39 años que prefirió mantener su identidad en reserva, decidió romper el silencio y reveló que tuvo una hija con el exdefensor del Pueblo y excandidato a alcalde de La Paz, Waldo Albarracín”, señala la información difundida por el portal Detrás de la Verdad.

“La bebé nació con prematurez extrema y con problemas de salud. Hace cinco meses y medio está en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil. Pese al compromiso del progenitor de asumir su rol de padre, hasta el momento no le brindó ningún tipo de apoyo; al contrario, desapareció”, agrega el reporte de prensa.

La mujer, angustiada, acudió al Ministerio de Justicia para solicitar ayuda porque es madre soltera y tiene que compartir su tiempo entre el trabajo y la visita a su pequeña hija recién nacida. Ella “pide que Albarracín se sensibilice y la ayude con la atención”, agrega el informe que también fue reproducido por ATB Digital.

El reporte incluye un video de la mujer denunciante quien señala que tiene “una niña de cinco meses y medio que está internada en el Materno (…), no cuento con el apoyo de su padre, de Waldo. He intentado las últimas semanas comunicarme con él, pero ha restringido, ha bloqueado todo tipo de comunicación sabiendo que la situación de mi niña es altamente delicada”.

“Cuando estaba en etapa de gestación, él decía que iba a asumir su responsabilidad de padre, pero siempre resaltaba que no lo hiciera público, que manejara este tema con bajo perfil por la condición que él tiene de ser una figura pública. Él no quería que la gente sepa y por eso me pedía que no dijera nada”, relató la entrevistada.

“He esperado bastante tiempo de que él se sensibilice ante la situación de su hija, pero no lo ha hecho hasta ahora (…). Pensé que era una persona, como él dice ser, ‘defensor de los derechos humanos, una persona intachable, altamente sensible, altruista’, y me doy cuenta de que es todo lo contrario y hasta ahora me indigna la actitud que él está mostrando para con su hija, sabiendo en la situación que ella se encuentra”, indicó la denunciante.

En el Twitter de Waldo Albarracín, hasta ayer, solo se evidenciaron mensajes con contenido distinto a la denuncia efectuada este miércoles por la citada mujer.

“Pido que se haga justicia, nadie tiene el derecho de quitar la vida a otra persona, solo Dios”, dijo David Mamani, un carpintero en aluminio que fue herido de gravedad en la masacre de Senkata y quedó con una invalidez que le impide trabajar y llevar el sustento a sus hijos.

Este testimonio fue expresado este miércoles durante el programa “Somos Democracia”, difundido por Bolivia Tv, mediante una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Mamani relató que el 11 de noviembre, él tuvo que ir a la zona 16 de julio a su trabajo, pero al llegar, su jefe le indicó que se suspendía la labor debido a los conflictos. En su retorno a casa, pasó cerca de la Ceja y un grupo de policías le disparó dos balines, uno de ellos le rompió la clavícula.

Tras caer herido, los uniformados propiciaron golpes con sus escopetas (culatazos) en la cabeza de Mamani, quien pudo escapar casi en agonía luego de rogar a los policías que dejen de torturarlo. “Me he rogado, por mis hijos”, recordó.

Un grupo de personas lo llevó al hospital San Salvador, pero no lo atendieron e incluso algunos médicos evitaron diagnosticarlo con el justificativo de que era “masista” y que cobró dinero para ir a una manifestación.

Tras ello, fue llevado al Hospital del Norte, donde estuvo internado hasta fin de año.

Mamani quedó con su brazo casi inutilizado para sus tareas de carpintería en aluminio. Dejó de trabajar y ahora se queda en su casa junto a sus tres hijos pequeños. Su esposa se dedica al comercio y sustenta el hogar.

Por todo ello, Mamani no duda en “pedir que se haga justicia”. “Nadie tiene el derecho de quitar la vida a otra persona, solo Dios”, indicó con voz baja.

Él es una de las 804 personas heridas en las masacres de Senkata, Sacaba, Montero y Ovejuyo, matanzas que dejaron 36 muertos y miles de perseguidos y torturados en el golpe de Estado de 2019.

El Alto fue uno de los epicentros de masacre durante el régimen de Jeanine Áñez. Apolinar Colque no puede olvidar que varios disparos se llevaron la vida de su hijo Joel, de 22 años, en la zona de Senkata un noviembre de 2019.

Joel estudiaba mecánica. Una de las promesas que le hizo a su padre que vive en el área rural era terminar la carrera técnica para ayudarlo económicamente, motivo por el cual migró a la urbe alteña.

Apolinar Colque cuenta que su hijo no era afecto a los vicios. Dedicaba sus talentos a la Iglesia. Era músico y le gustaba tocar el saxofón.  El día de la masacre solo pasaba por el lugar de los hechos.

Sin embargo, no esperaba que Joel muera el 19 de noviembre de 2019, menos en un conflicto en el que no estaba inmiscuido. Ese día, otros nueve civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa de un operativo de fuerzas combinadas entre militares y policías en Senkata.

“El 19 pasó la masacre, yo llegué el 20. Ahí estaba muerto. Según el forense, había sido por impacto de bala. Había entrado por la espalda y la bala había salido, porque ya no está en su cuerpo. Mi hijo había recibido dos o tres balas. Me lo llevé a mi pueblo y me lo enterré. Era una pena para mí”, relató Apolinar.

Lamentó que en el régimen de Áñez se diera aval a operativos militares mediante normas como la 4078, para el uso de armas de fuego en las calles tras los conflictos poselectorales de 2019.

“Yo pido en este momento al Gobierno que haya justicia, mi hijo no era animal para que lo maten así”, exclamó el padre en entrevista para el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales que da voz a las víctimas y familiares de los hechos de violencia sufridos hace dos años.  

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, del régimen de Áñez, permitió la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana ante movilizaciones que se generaron por la crisis poselectoral. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas.