El Ministerio de Salud reportó este viernes que la cantidad de nuevos casos de COVID-19 ascendió a 878; mientras que los pacientes recuperados en todo el país suman 1.046.

El reporte N° 376 de esa cartera de Estado refleja que Santa Cruz es el departamento más afectado por el virus con 392 nuevos contagios.

Cochabamba registró 95 nuevos casos; Beni, 73; La Paz, 53; Tarija, 91; Chuquisaca, 40; Pando, 76; Oruro, 50; y Potosí, ocho.

Según el reporte de esa cartera de Estado, hay 1.407 pacientes sospechosos, 39.465 activos y 608.561 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 268.711 casos de COVID-19, de los cuales 217.103 se recuperaron y hubo 12.143 decesos.

En Sacaba, Cochabamba, efectivos policiales realizaron detenciones indebidas, torturas a ciudadanos, robaron Bs 88.160 que estaban destinados al pago de combustibles, se apropiaron de computadoras y celulares. Estos hechos ocurrieron en 2019, durante el gobierno de facto, según denunció Luis Quinteros Rojas, administrador del surtidor de gasolina de Villa Tunari.

Quinteros fue entrevistado este viernes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

El administrador del surtidor dijo que el gobierno de facto suspendió el servicio de bancos en el trópico de Cochabamba en noviembre de 2019, lo que le obligó a viajar hasta la capital del valle para hacer un depósito de dinero para la compra de diésel y gasolina para el surtidor.

En el viaje, tuvo que pasar por Sacaba y allí fue interceptado por efectivos policiales que buscaban evitar una marcha de cocaleros que protestaban por los abusos de los “motoqueros” en contra de mujeres de pollera.

Pese a los documentos de respaldo, los uniformados arrebataron Bs 88.160 a Quinteros, más su laptop y sus dos celulares con el pretexto de que el dinero estaba destinado a pagar a los marchistas.

Los policías golpearon y torturaron a Quinteros por cuatro días con el fin de obligarle a que declare que actuaba bajo las órdenes del exministro Juan Ramón Quintana.

El abogado de la empresa para la cual trabajaba Quinteros, logró su liberación e inició un proceso contra los policías Jhonatan D. y el mayor Nelson C. por el robo del dinero y su computadora.

“Tienen que pagar lo que han robado”, indicó el exadministrador del surtidor, quien se mostró impotente ante la explicación de los uniformados que le dijeron que el dinero y su computadora se destruyeron en un incendio, algo inverosímil para Quinteros.

Gonzalo Paco, herido de bala en la masacre del municipio de Sacaba, pidió este viernes justicia para las víctimas de la represión que se ejecutó durante el régimen de Jeanine Añez, en 2019, en el departamento de Cochabamba. 

Es uno de los sobrevivientes de la represión militar y policial del 15 de noviembre de 2019, cuando uniformados ejecutaron un operativo en la zona de Huayllani. Ese día, 10 personas fallecieron.

Molesto por la humillación a mujeres de pollera y por los agravios a la bandera Wiphala, salió esa jornada a las calles a protestar junto a otros habitantes. Sin embargo, las fuerzas combinadas usaron armas de fuego a quema ropa.

A casi dos años de los hechos, cuenta su testimonio de cómo un impacto de bala le dañó el abdomen: “Cuando fui al lado de los policías, no sentí que la bala me pasó. Estaba peleando. Cuando me quise dar la vuelta, recién sentí el dolor y el chorro de sangre”. 

Asegura que desde entonces no puede trabajar y solo se limita a ayudar a su padre en casa en labores livianas.  “Mi vida ya no es la de antes, fui desechado”, lamenta.

Hoy, reclama que los responsables de los hechos sean sancionados y asevera: “Yo solamente pido justicia para todos mis hermanos caídos, detenidos y perseguidos”.

Rubén Velásquez, detenido durante la masacre del puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba, recuerda las torturas que sufrió junto a otros ocho de sus compañeros que fueron detenidos durante el operativo militar y policial del 15 de noviembre de 2019.

“Me golpearon con todo tipo de objetos en la cabeza, con sus cascos, toletes y con la culata de sus armas, me preguntaban dónde estaba el hermano Andrónico y Leonardo Loza, me apuntaron con arma mientras otro se encargaba de filmar con su celular”, relató este viernes, en entrevista para el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, difundido por el canal Bolivia Tv.

Rubén recuerda que, al momento de su detención, los uniformados trajeron un yute con bazucas y granadas, con la finalidad de señalar que durante su detención los encontraron en posesión de este armamento y, para ello, llamaron inmediatamente a la prensa para que registren este hecho montado por los propios policías.

“Luego, nos llevaron a un comedor y ahí fuimos torturados, nos golpeaban con todo hasta hacernos desmayar, querían que agarremos las bazucas y todo, la golpiza era tan fuerte que muchos de mis compañeros no pudieron aguantar y terminaron desmayados”, testimonia.

Como en todos los casos, Rubén también quedó con secuelas producto del abuso y tortura. Dice que ya no puede escuchar bien.  “Ha habido tortura y abuso, lo que nosotros pedimos es justicia por las vidas que se han perdido, por las viudas, los huérfanos y los heridos que han quedado con secuelas, mi persona no puede escuchar bien y quedé con el trauma, algunos ya no pueden trabajar, tiene que haber justicia y una sanción”, exige.