El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional publicó este miércoles la convocatoria pública nacional 1/2021, para la conformación del Tribunal de Ética de la Abogacía y sus representaciones departamentales en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

El documento cumple lo establecido en la Ley 387, del Ejercicio de la Abogacía, de 2013, y el Decreto Supremo 1760, Reglamento a la Ley del Ejercicio de la Abogacía.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (…) convoca públicamente a las y los abogados para la conformación del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y de los Tribunales Departamentales de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, que cumplan los requisitos establecidos en la norma vigente”, menciona la convocatoria publicada en medios de prensa.

Los interesados en ser miembros honoríficos de los tribunales podrán acceder a la información ingresada en la página https://rpa2.justicia.gob.bo o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Asimismo, se puede realizar consultas con la Dirección General del Registro Público de la Abogacía mediante el número telefónico 2-141040 (interno 1203 y 1215) hasta las 16.00 del miércoles 14 de abril del presente año.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la ética y el compromiso son atributos imprescindibles al momento de trabajar en la abogacía.

“Vamos a retomar el tema de los Tribunales de Honor del Ministerio de Justicia para ver el tema de ética en la abogacía (…). La palabra empeñada, los compromisos y el rol que tiene cada abogado y cada abogada, hacen mucho”, dijo la autoridad durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2021. 

El titular de Justicia anunció, además, que se establecerán “observatorios” de derecho constitucional, entre otras iniciativas.

 “Invitamos a que puedan ser parte de este proceso y ser miembros de estos tribunales de honor, creo que la ética es un factor fundamental para que esto (la reforma judicial) funcione bien”, instó.

El dirigente gremial y excandidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Jaime Flores, fue perseguido y amedrentado en 2019 durante los 21 días de protestas opositoras que provocaron el 10 de noviembre el golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales.

Durante esas jornadas, Santa Cruz fue el epicentro de movilizaciones lideradas por cívicos cruceños que rechazaban los resultados de las elecciones presidenciales. Ese ese año, los bolivianos daban la victoria a Morales con 2.889.359 votos (47,08%), superior a lo conseguido por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba a Carlos Mesa, quien tuvo 2.240.920 (36,51%).

“Hemos sido reconocidos y perseguidos. Grupos de compañeros fueron atrapados y maltratados. Tenía amenazas de que una tarde iban a entrar a quemar mi negocio”, relata Flores, quien cuenta con trayectoria política en la capital cruceña.

“Sólo esperábamos a que acabe el calvario de los 21 días”, dice hoy en entrevista en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales que da la voz a víctimas de la crisis postelectoral de 2019.

Flores recuerda que el hostigamiento al sector gremial y a quienes no compartían con las protestas fue sin medida, debido a que les revisaban los celulares en las calles y documentos personales para identificar si pertenecían a alguna organización afín al Movimiento Al Socialismo para luego agredirlos.

Paolo Mojica Gutiérrez, quien fue detenido ilegalmente por la Policía durante las jornadas de protesta en 2019, denunció que el gobierno golpista encabezado por Jeanine Áñez encarceló a su hermano durante 67 días en Palmasola, Santa Cruz, y que a consecuencia de este hecho falleció su madre por un infarto.

“Vivimos un calvario (porque) todo era amenazas, persecuciones a nuestra familia, maltrato a familias, hubo corrupción, buscaban cómo sacar dinero de una u otra manera, en eso se produjo la muerte de mi madre de tanta amenaza, quebraron vidrios de mi casa, muere mi madre por verle a su hijo en la cárcel”, manifestó Mojica al programa Somos Democracia que se emite por Bolivia Tv.

Explicó que su madre vivía preocupada, asustada, amenazada y amedrentada por el permanente hostigamiento de la Policía, los fiscales y la violencia de la Unión Juvenil Cruceñista que rompió los vidrios de su domicilio. Ahí sufre un primer infarto.

Al enterarse que su hijo sería trasladado a la ciudad de La Paz se produce otros dos infartos que terminan con su vida: “Nos dijeron que (mi hermano) iba a estar 30 años de cárcel, no solamente en Palmasola sino en La Paz, mi mamá empieza a deteriorarse, se pone mal en la noche la llevamos al hospital, le da dos infartos muere de preocupaciones porque su hijo estaba detenido, muere por pena de su hijo”.

Manifestó que la persecución alcanzó a toda su familia, entre ellos a su progenitora, hijos, hermanos y tíos de parte de los uniformados que les maltrataban, les golpeaban y entre risas le decían: “Pagarán todos los del MAS, ¿dónde está papá Evo?, todo hablaban en contra del proceso de cambio del MAS”.

Denunció que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en estrecha colaboración con los fiscales Adán Arteaga, Víctor Hugo Justiniano y otro de apellido Claros, armaron una causa judicial en contra de él y su hermano que fue a parar a la cárcel de Palmasola, acusado de delitos que no cometieron.

“Gracias a Dios pasó esta situación porque la gente vivía asustada y ahora estamos en libertad, pero a un año y medio no se olvida, en ese momento vivimos con temor, no pasó porque tienen miedo hasta de charlar con alguien, pero la vida sigue y hay que sobrellevar”, concluyó.

La jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor Gonzales, recibió Bs 30.000 del gobierno de Jeanine Áñez por concepto de la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales”, trabajo que realizó en tiempo récord.

La red de televisión ATB informó la noche del martes que el contrato entre la comunicadora y el Ministerio de la Presidencia estaba protegido bajo el manto de confidencialidad para evitar que se conozca pormenores y el trabajo fue entregado en un tiempo de 10 días, después de la orden de proceder.

El gobierno de entonces se comprometió a facilitar el acceso a la documentación del trabajo realizado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que ejecutó obras en todos los municipios del país.

Vacaflor entrega, según ATB, el informe final de 18 páginas y un anexo de las obras ejecutadas por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, fotocopia del contrato de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la empresa Peemex y el municipio de Pocona, Cochabamba, para la ejecución de un coliseo cerrado y una simple fotocopia firmada entre la UPRE y el Sindicato Mixto de Transporte Expreso Clisa para la construcción de su sede social.

El informe final fue entregado el 12 de febrero de 2020 y la carta está dirigida al entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Una de las conclusiones a la que llegó Vacaflor fue: “Del análisis sobre la Unidad de Proyectos Especiales se concluye que esta entidad se creó para promover el liderazgo del expresidente Evo Morales y establecer una política cercana con gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales y organizaciones sociales”, sin embargo, en los hechos las obras ejecutadas en más de 12 años representaron un impacto económico y social, que se evidencia en el desarrollo regional.

De acuerdo con Vacaflor, el documento “se constituye en un buen insumo de inicio sobre los temas que todavía pueden ser objeto de investigación, referidos a empresas contratadas, obras que se volvieron ‘elefantes blancos’, mecanismos de fiscalización todavía incipientes, entre otros”.

El documento contiene antecedentes sobre la conformación de la UPRE, normativa de la institución, la “mano generosa de Venezuela” y las conclusiones, una de las cuales señala: “Educación fue el área que más inversión recibió en el periodo 2011-2019 con Bs 6.955.345.755 en 3.224 proyectos, de ese total el 57% (1.821) corresponde a la construcción de unidades educativas y aulas, sin embargo, en el conjunto de obras aparece la construcción de una significativa cantidad de tinglados en canchas, canchas polifuncionales, entre otros”.

Vacaflor trabajó en varios medios de comunicación como Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), Página Siete, Agencia de Noticias Fides y otros. La consultoría realizada para el anterior gobierno encendió un debate sobre la relación entre el periodismo y el poder y la compra de conciencias de parte del gobierno golpista.