La directora General de la Niñez y Personas Adultas Mayores del Ministerio de Justicia, Ninoska Durán, informó este lunes que el Gobierno nacional retomó la aplicación de la Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes de 2019.

“Tenemos la vigencia del 2019, pero que lastimosamente no se contó con un plan de implementación por todo lo que significó el golpe de Estado en nuestro país. El gobierno de facto no pudo y dejó en olvidó la implementación que tiene un carácter importante por la abreviación procesal”, dijo en entrevista en el programa Primer Plano de Bolivia TV.

Indicó que se trata de beneficiar mediante la agilización de los procesos de adopción a 5.600 niñas y niños que se encuentran bajo tutela del Estado en centros de acogida.

“La vamos a retomar posterior a un año y un poco más de este quiebre institucional, con el compromiso de implementar esta ley vanguardista que se hizo de manera participativa, que implica justamente la abreviación procesal de estos procesos”, aseveró.

La ley tiene por objeto modificar el Código Niña, Niño y Adolescente para facilitar y agilizar los procedimientos de acogimiento circunstancial, filiación judicial, extinción de autoridad materna o paterna, adopción nacional e internacional para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental, y que se encuentren bajo tutela extraordinaria del Estado.

El reporte N° 393 del Ministerio de Salud señala que este lunes se registraron 989 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 876 pacientes se recuperaron.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor número de contagios, con 493 casos. La Paz presentó 50, Cochabamba, 132; Beni, 98; Tarija, 105; Pando, 45; Chuquisaca, 21; Oruro, 23; y Potosí, 22.

El reporte añade que hay 1.386 pacientes sospechosos, 38.193 activos y 715.061 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 283.084 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 232.422 se recuperaron y hubo 12.469 decesos.

Aproximadamente a las 11.00 del 19 de noviembre de 2019, el enfermero Ayben Huaranca se dirigía a su trabajo de la Caja Nacional de Salud después de una hora de caminata en El Alto. Tenía en mente llegar al área de quirófano del segundo piso del hospital Materno Infantil donde laboraba y no estaba en sus planes ver morir gente en sus brazos.

Cuando pasaba por la zona de Senkata, que se encontraba bloqueada, vio cómo comenzó la masacre. Policías y militares disparaban a quemarropa a transeúntes y vecinos alteños que reclamaban respeto a sus derechos en el régimen de Jeanine Áñez. La gente pedía auxilio y actuó. 

“Soy el personal de salud que apoyó en esos momentos tan críticos, cuando los policías y militares comenzaron a disparar a la gente civil. Fui la persona que ayudó a muchos de los heridos que cayeron. Fue triste recordar a cuántos heridos ayudé y cuántos muertos vi. No había voluntad de los policías de decir basta, disparaban sin miedo”, relató en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales. 

Los policías y militares lo acusaron de ser uno de los movilizados. Fue detenido por seis meses en el penal de San Pedro de La Paz. Denuncia que fue amedrentado y tres de sus hijos fueron raptados para que diera información que no tenía sobre lo que sucedía.

“Sólo por ayudar a los heridos, entré a la cárcel. Me da tanta tristeza que la gente culpable sigue afuera; pero, los inocentes, en la cárcel. Estuve seis meses (preso), me golpearon, me maltrataron y abusaron. ¿Quién pidió (justicia) por mí? Nadie. Eso es lo que más me duele”, lamenta.

El 19 de noviembre de 2019, 10 civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa del operativo que se ejecutaba bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a los uniformados que usaban armas de guerra.

El 15 de noviembre de 2019 fue detenida ilegalmente por policías, sufrió torturas físicas, racismo, discriminación y hasta ahora es acusada de terrorismo y sedición, según denunció Iris Rocabado, una maestra que vive en inmediaciones de la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, cuyo único delito fue participar en una marcha de protesta contra el golpe de Estado y ahora está sin trabajo.

Rocabado, fue entrevistada este lunes en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Ella relató que mientras participaba en la movilización de rechazo al régimen de facto de Jeanine Áñez, fue detenida sin ninguna orden judicial por cinco policías que la arrastraron, golpearon y torturaron en celdas policiales donde se encontró con otras mujeres, entre ellas a exvocales del Tribunal Supremo Electoral.

"Estuvimos hacinadas, como pescados. En una pequeña celda nos metieron a 200 personas. Nos decían: 'terroristas, masistas de m…, ¿cuánto les han pagado?'", relató la entrevistada, quien dijo que el castigo incluía la prohibición de ir al baño.

"Nos insultaban de todo, insultos racistas, mucho odio. Varias veces me he desmayado por la violencia" y por el shock, indicó Rocabado.

A más de un año de esos acontecimientos, ella continúa con los cargos de terrorismo, sedición y portación de armas, es decir que aún tiene antecedentes pese a que es inocente. Esa condición le impide conseguir trabajo y subsistir de manera digna, relató.