Leoncio Aldana, víctima de la masacre de Huayllani, en el departamento de Cochabamba, expresó este miércoles su indignación por que las exautoridades del gobierno de facto digan que durante las movilizaciones pacíficas de mediados de noviembre del 2019, se dispararon entre los movilizados.

“Me indigna que las exautoridades hayan dicho que nos disparamos entre nosotros cuando fueron los policías y militares”, relató en el programa Somos Democracia, de la red de medios estatales.

Recordó que durante la movilización que emprendieron en defensa del Gobierno Constitucional de Evo Morales, los marchistas eran gasificados y atacados con aviones y ellos no tenían ningún arma, solo pudieron hacer fogatas para disipar el gas.

“Cuando estuvimos luchando había muchos heridos de bala, luego vinieron las ambulancia, había muchos heridos (…) llegó a mi lado el gas y, cuando estaba retrocediendo, me llegó de rebote (la bala)”, relató.

Aldana dijo que lo llevaron al hospital México, de Sacaba, en ambulancia. “Un doctor no me quiso atender, otro compañero dirigente del trópico pidió que nos atienda”, recordó.

Pidió justicia para las personas que fueron asesinadas, heridas y discriminadas en esas jornadas de 2019.

"El gobierno de facto de Jeanine Áñez tiene que recapacitar y rendir cuentas" sobre la masacre en  Huayllani, en Cochabamba, manifestó este miércoles, Juan David Tapia, en contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv.

El entrevistado relató que en noviembre de 2019 se sumó a las manifestaciones en Huayllani, donde las diferentes organizaciones sociales pedían de manera pacífica respeto a la mujer de pollera, a la democracia y a la Wiphala.  

"Los militares y policías nos gasificaron y dispararon desde los helicópteros. A mí me llegó una bala en el brazo, cuando sentí el impacto, no pude hacer nada. Lo único que hice fue correr y vi que a un compañero se lo llevaron desmayado por el gas", recordó.  

Juan contó que en varios nosocomios no quisieron atenderlo, ante esto, decidió curarse en su casa con medicinas caseras. Si bien ahora recuperó la movilidad de su brazo, necesita tratamiento médico, debido a que las heridas le dejaron secuelas.

Expresó que los derechos de sus compañeros de lucha fueron vulnerados en el gobierno de facto. Por ello exige justicia no solo para él sino también para las víctimas y sus familiares, entre ellas madres, ancianos, niños y jóvenes. 

"Decirles que recapaciten, rindan cuentas porque lo que han hecho no está bien. Han dejado a mucha gente en luto y niños huérfanos", remarcó entre lágrimas. Agradeció estar con vida al lado de su hijo de tres años.

Gustavo Torrico, exasambleísta departamental por La Paz del MAS, calificó como “prostitución de la profesión” al caso de Diego Ayo Saucedo, exvocero de Carlos Mesa, ex empleado de Samuel Doria Medina, quien recibió Bs 153.203 de la gestión de facto de Jeanine Áñez.

“Son casos similares a (Carlos) Valverde y otros periodistas que recibieron montos de dinero, porque desde sus plumas decidieron hacer política dirigida, es la prostitución de la profesión”, dijo a la ABI.

Señaló que nadie puede privarle a un periodista ni ningún ciudadano, que tenga una línea política, pero deben identificarse. Puso de ejemplo a Página Siete que tiene una línea política y dijo que eso es lo adecuado ya que así se identifican.

Lamentó que fueron varios comunicadores que aprovecharon el periodo de facto bajo la consigna de que “en río revuelto, ganancia de pescadores”.

Recordó que Carlos Valverde cobró más de Bs 75 mil por escribir a favor de Áñez, al igual que Humberto Vacaflor, que cobró Bs 82.400 por elaborar artículos de opinión para el periódico estatal Bolivia durante el periodo de facto.

Torrico convocó a las universidades a reforzar la formación con ética, de los jóvenes profesionales “pero si uno quiere hacer política, puede hacerlo, sea derechista, izquierdista o fascista, comunista, es indiferente, pero desde un carro político”, apuntó.

El Ministerio de Salud y Deportes determinó este miércoles ampliar el horario de vacunación masiva para las personas adultas mayores de seis a diez horas diarias mientras dure el plan piloto implementado en las ciudades de La Paz y El Alto.

“Para favorecer a mayor cantidad de personas, hemos definido ampliar el horario de atención desde las 08h00 hasta las 18h00”, informó el ministro Jeyson Auza, en contacto con los medios de comunicación.

La autoridad explicó que la medida se realiza en atención al “pedido clamoroso” de personas adultas mayores que requieren acceder a la inmunización y que realizan filas desde la madrugada para acceder a una dosis.

Auza agradeció el esfuerzo de los profesionales de Salud para brindar atención a la población y aseguró que el Gobierno está trabajando “incansablemente” para conseguir una mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible.

Explicó también que, en promedio, antes de la aplicación del programa piloto, se administraban alrededor de 8.000 dosis y que, a partir del primer día del plan, se administró un mínimo de 32.000 dosis, ascendiendo el número conforme pasaron los días.

“Hemos tomado esta decisión también de ampliar unos días más el plan, porque este grupo vulnerable de personas mayores de 60 años necesitan atención prioritaria para comenzar con los otros grupos”, aseveró.

El Ministro de Salud explicó que se volverá a reevaluar el plan, una vez concluido el nuevo plazo, sobre los ajustes que se deben aplicar y también en función a las dosis que lleguen al país en las próximas semanas.