El expresidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Marco Pumari, fue el instigador para quemar la infraestructura del Tribunal Departamental Electoral, en noviembre del 2019, dijo este jueves, Armando Isla, victima del golpe de Estado del 2019, en el programa Somos Democracia.

“El que ha provocado es el señor Pumari, que a través de los medios de comunicación, que fueron un instrumento del golpe de Estado, porque cuando sale el señor Pumari y convoca a la concentración masiva para ir a tomar el Tribunal Electoral Departamental de Potosí, se han reunido y han ido a quemar”, dijo en entrevista en Bolivia Tv. 

Según el entrevistado, los medios de comunicación se parcializaron cuando se gestaba el golpe Estado. Dijo que resultaba curioso que los medios no realizaron la cobertura cuando se quemaron las papeletas de sufragio y el edificio del Tribunal Electoral. 

Reflexionó que los potosinos no deben dejar pasar esos hechos y no dejarse sorprender con este tipo de artimañas. Indicó que una “élite” violenta los discriminó, tratándolos de “indios, ignorantes y tratándolos despectivamente de 'masistas'”. 

Isla cuestionó el discurso falaz que manejaba Pumari respecto al Litio ya que mintió de manera descarada al afirmar que estaba siendo entregado por el Gobierno a empresas extranjeras y que estaba concesionando por 70 años todo el Salar de Uyuni. El objetivo de Pumari era movilizar a la gente contra el Gobierno de Evo Morales

Con lágrimas y compungido, el entrevistado relató que fue todo muy doloroso para él y su familia porque era perseguido, amenazado y fue golpeado por miembros de Comcipo, quienes incluso pretendían quemar su domicilio. 

“Esto nos tiene que servir para reflexionar y seguir adelante”, concluyó.

El Ministro de Educación, Adrián Quelca, entregó certificados de graduación y libretas a privados de libertad que participaron en el programa de Post-Alfabetización. El acto se desarrolló en el cetro penitenciario San Pedro de Chonchocoro, en La Paz.

“Hoy se gradúan 46 privados de libertad de sexto de primaria y 10 de tercero de primaria. En el período 2016 – 2020, se graduaron 803 participantes solo en el departamento de La Paz”, señaló el Ministro, citado en un boletín de prensa institucional.

Quelca afirmó que este tipo de programas forman parte de una de las principales acciones que se desarrollan dentro del Gobierno nacional, impulsadas por el presidente Luis Arce Catacora.

Explicó que básicamente son dos aspectos que se deben priorizar: Reconstruir el país, porque el Golpe de Estado de 2019 dejó la economía en situación crítica; y recuperar el derecho a la educación.

“También se nos encargó, en el ámbito específico de la educación, coadyuvar en la recuperación de la educación para todas y para todos. Por eso es que el Gobierno que preside Luis Arce Catacora decidió que este 2021 sea ‘El Año por la Recuperación del Derecho a la Educación’”, manifestó la autoridad.

Desde 2012, se desarrollan procesos de alfabetización y post- alfabetización en los recintos penitenciarios. En el departamento de La Paz, se trabaja en los centros de San Pedro, Chonchocoro, Miraflores, Obrajes y Patacamaya.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, se tienen 115 personas privadas de libertad en proceso de alfabetización y 2.342 más en proceso de post-alfabetización.

Durante el acto, el Ministro se comprometió a realizar las acciones necesarias para establecer un subcentro de educación alternativa al interior del penal de Chonchocoro.

“También es importante diseñar y planificar el proceso de formación profesional (…). Vamos a analizar, en un corto plazo, para que esta sea una opción de formación personal y profesional complementaria para todas y todos los privados de libertad en todo el país”, expresó Quelca.

La Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez establece que la educación es universal porque atiende a todas y a todos los habitantes del Estado Plurinacional. Además, es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional comenzó la fase de socialización de las propuestas sistematizadas en el diagnóstico “Estado de Situación de la Violencia Contra las Mujeres en Bolivia” con el desarrollo de foros y talleres de validación.

Las actividades se realizarán en los nueve departamentos de Bolivia en el marco de la modificación y mejora de la Ley 348; hoy, empezó en Oruro.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, remarcó la importancia del proceso participativo para generar diálogo y consensos en busca de mejorar la norma ante las cifras de feminicidio y violencia contra las mujeres en Bolivia, y la retardación y falta de justicia en estos casos.

"El feminicidio y la violencia es una problemática de todas y todos, y es momento de identificar dónde surge este flagelo (...). Ahora, estamos ingresando a la fase de devolución a la población que nos ha hecho llegar las propuestas y es importante que ustedes sean los protagonistas de la modificación de la Ley 348", indicó la autoridad.

El objetivo de la Ley 348 es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.

Son 10 los ejes temáticos que servirán como base para la modificación de la norma, entre ellos la ampliación de derechos en el marco de la progresividad, la precisión en el objeto y alcance de la ley, la incorporación de nuevas formas de violencia y nuevos tipos penales, las atribuciones y roles de las instituciones, la modernización del registro de antecedentes, la implementación de políticas públicas, la mejora de las medidas de protección, de la figura de jurisdicción alternativa, de procedimientos diferenciados y la destinación de mayores recursos económicos a la lucha contra la violencia.

El presidente Luis Arce dio inicio este jueves a la vacunación contra el COVID-19 para periodistas de los medios de comunicación de Cochabamba.

"Esta mañana empezamos en La Paz y ahora lo hacemos en Cochabamba. Cumplimos nuestra palabra y cumplimos con el pueblo boliviano y ahora cumplimos con el pueblo cochabambino al traer vacunas y a instalar estos centros masivos de vacunación", manifestó en un acto realizado en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón.

Los primeros trabajadores de la prensa que recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm fueron Mithyl Antezana, Genaro Hidalgo, Betty Rojas, Jonathan Molina, Nelson Colque y Rodrigo Uscamayta.

En su discurso, el mandatario manifestó su beneplácito por la continuidad del proceso de inmunización masiva en un panorama mundial en que no hay inmunizantes para vender y la vacuna se ha convertido en una mercancía, cuando es la posibilidad de salvar vidas humanas.

“La posición nuestra siempre ha sido que la salud no es propiedad de nadie, ni intelectual, ni material, la salud nos pertenece a toda la humanidad”, sostuvo.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, David Ovando, expresó la gratitud de los miembros del sector por la vacunación porque muchos de ellos la esperaban hace tiempo.

“Soy testigo de que muchos de ellos han derramado lágrimas (…) Esta vacunación al menos es una hermosa alegría para todas esas familias que han sufrido (en la espera)”, aseveró.

El dirigente recordó que los trabajadores de la prensa realizaron su labor sin pausa desde el inicio de la cuarentena rígida el 21 de marzo de 2020, por lo que durante más de un año se tuvo seis fallecidos, 145 con diagnóstico positivo, más de 300 con sospecha de portar el virus y 16 con secuelas del virus aún no superadas en los pulmones, cabeza y corazón.