La exministra y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, contó que, durante el golpe de Estado de 2019, fue perseguida y sufrió amenazas de quema de su casa y ataques a su familia. Por ello, se refugió en la residencia de México y luego salió exiliada a Argentina ante un juicio armado que aún tiene secuelas. Fiscales y policías que reprimieron entonces, siguen en funciones, denunció este miércoles.

Ella fue entrevistada en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Ahora el Pueblo, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

Contó que tuvo que refugiarse en la residencia mexicana debido a las amenazas de quema de su casa y ataques a sus familiares. Poco antes, turbas afines al golpe de Estado asaltaron e incendiaron los domicilios del entonces ministro César Navarro, del expresidente de Diputados, Víctor Borda, y tomaron como rehenes a sus familiares para evitar que se ejecute la sucesión constitucional.

Días después, se enteró que Carlos Mesa y su abogado, Carlos Alarcón, le iniciaron un juicio porque ella, cuando se desempeñaba como directora de la UIF, quiso investigar una denuncia. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Morales.

Luego se vio obligada a salir a la Argentina, donde llegó sin dinero y con pocas amistades. Durante su exilio, sufrió la muerte de su padre."El exilio en Argentina fue muy duro", indicó, aunque aclaró que recibió el apoyo y solidaridad de los sindicatos y de la población del vecino país.

"Yo quería volver al país a ver a mis papás porque estaban muy mayores. Y mi papá después falleció y no lo pude volver a ver, y eso me lo han robado estos dictadores, estos abusivos, estos personajes que merecen un castigo por lo que han hecho. No tienen derecho de arrancarte de tu tierra y mandarte al exilio ¿Qué derecho tienen de quitarte tu tierra, tus árboles, tu casa, tu familia? No tienen derecho", indicó. 

Tras la victoria electoral del MAS, en 2020, ella regresó al país, pero fue detenida por la Policía en Cochabamba. Sin embargo, su protesta pública ante la ausencia de base legal, evitó su encierro.

"Y algunos están todavía, toda la gente que nos ha reprimido está todavía ahí. Ese tipo de fiscales y muchos policías están todavía ahí, y eso es todavía una deuda pendiente que hay que saldar", manifestó.

El periodista y abogado David Ticona, reveló este miércoles que una gran mayoría de los medios de comunicación se alineó al golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019, incluso algunos lo expresaron abiertamente en una reunión con la exministra de Comunicación del régimen de facto, Roxana Lizárraga.

“El régimen de facto ha utilizado la mentira como una forma de amainar la bronca de la gente y, en Senkata, estuvimos mucho más calientes por la forma cínica con la que se mentía en ese momento a la población a través de los medios, que lamentablemente una gran mayoría se han alineado al golpismo, a excepción de algunas radios”, denunció.

Recordó que uno de los principales personajes que utilizaba a los medios para difundir sus mentiras fue el prófugo Arturo Murillo, exministro de Gobierno del régimen golpista.

“Indignaba cuando Arturo Murillo, el ministro sanguinario, dijo que las víctimas fatales de Senkata se dispararon entre ellos y que las Fuerzas Armadas no han disparado un solo proyectil, entonces ahí veíamos como han usado la mentira a través de los medios de comunicación”, manifestó.

Ticona expresó su esperanza de que en algún momento los medios de comunicación tengan que rendir cuentas por sus acciones que en ese momento fueron de apoyo al golpismo.

“Hay instancias en que los periodistas tenemos que rendir cuentas de nuestras acciones, no ante la justicia ordinaria sino ante un tribunal de imprenta para que convoquen a los periodistas para que se retracten o caso contrario sean pasados a una instancia judicial, porque la gente sabe la mentira que se ha armado”, manifestó.

Ticona quien fue testigo de la masacre de Senkata, trasmitiendo los hechos a través de sus redes sociales. Recuerda que, en una oportunidad, fue convocado a una reunión por la exministra Lizárraga cómo representante del gremio periodístico de El Alto.

“Había diferentes sectores de comunicadores, desde propietarios pasando por otros gremios de periodistas donde alababan el golpismo, los mismos periodistas decían 'vivimos una brisa de democracia, ahora sí tenemos libertad de expresión', así delante de Roxana Lizárraga se pronunciaban”, testimonió.

Ante este hecho, relató que tuvo que abandonar esta reunión abriendo la duda del porqué de la actitud de estos periodistas. “No sé si corrió plata o cuál habrá sido la situación para que se alineen los gremios de periodistas al golpismo lamentablemente, pero así ha ocurrido”, dijo, entrevistado por el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, denunció este miércoles que, a casi un año y medio de las masacres de Senkata y Sacaba, las investigaciones tienen un avance muy lento y con pocos resultados.

“No hay avance en las investigaciones ya sea de Senkata o de Sacaba. En el tema de Senkata solo tenemos dos cautelados, el general Valverde que en ese momento era director de la ANH y el general Suárez que comandaba las tanquetas y sobre eso había el señor Zurita, comandante de la policía que estaba cautelado, pero después le dieron libertad, entonces ahí se nota que no hay avance en estas investigaciones”, observó, tras sostener una reunión con el secretario del Fiscal Departamental de La Paz William Alave.

También lamentó que, en el caso Senkata, el juez haya determinado la reserva en las investigaciones impidiendo a las víctimas conocer sobre los avances del proceso. Asimismo, mencionó que como justificativo al poco avance del proceso justificaron que aún no se cuenta con el informe final de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Independientemente del trabajo que está haciendo el grupo de expertos la fiscalía debería haber avanzado, no necesariamente está sujeta a lo que disponga las resoluciones del grupo de expertos. Lo que aquí está pasando es que quieren justificar más adelante sus acciones judiciales sobre la base del informe que presente el grupo de expertos, eso se lo puede ver bien o mal pero no es idóneo, porque ellos deberían hacer el trabajo que está prescrito en el procedimiento”, subrayó Inca.

Sobre el informe final del GIEI, David Inca informó que recibió la comunicación el pasado 15 de mayo de la postergación de su entrega para el mes de julio, situación que dilataría el inicio de las demandas.

“Se nos informó sobre la postergación de la fecha de entrega del informe del GIEI, que tenía que ser este mes, pero lo van a hacer el mes de julio, hemos expresado nuestra molestia porque da un sentido de dilatar un proceso que se tiene que hacer, estábamos a la espera de este informe para iniciar las demandas a partir de la primera semana de junio, pero ahora lo vamos a tener que hacer en el mes de agosto”, manifestó.

Sobre las conclusiones del grupo de expertos, señaló que es de suma importancia debido a que identificará a los responsables de las masacres y permitirá el inicio de procesos internacionales contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus colaboradores.

“Como víctimas dependemos del informe del grupo de expertos porque ahí con nombre y apellido va a decir quiénes son los autores intelectuales materiales, cómplices y encubridores, pero no solo de delitos penales ordinarios bolivianos, sino de tipología internacional de derecho penal, entonces si el informe ratifica que la señora Áñez ha cometido actos de delitos de lesa humanidad como masacre o juicios extrajudiciales, esa tipología internacional nos sirve para iniciar un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Penal de La Haya”, puntualizó.

El concejal del MAS, Pierre Chaín, advirtió el miércoles ante el pleno del Concejo Municipal de La Paz que el anuncio del alcalde Iván Arias de clausurar por 10 días los establecimientos económicos que incumplan medidas de bioseguridad, es atentar contra las fuentes de empleo y se presta a actos de corrupción.

Añadió que esa disposición no fue aprobada por el último Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM). 

“Yo quisiera pedir a este Concejo que haya garantías en sentido de que el Ejecutivo no va a continuar con las mismas prácticas contra los pocos trabajos que todavía existen en La Paz, que no atenten, que no extorsionen, no chantajeen y no usen los actos de buena fe del Concejo o del COEM para arremeter contra los pocos negocios que siguen funcionando”, dijo, citado en un boletín institucional.

Chaín aclaró que, como bancada del MAS, no están en contra de la aplicación de las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus, sino se pide que las disposiciones de control dispuestas por la Alcaldía no se presten a malas interpretaciones.

Recordó que durante los últimos años, los establecimientos económicos vivieron chantajeados y no descartó que esta situación pudiera continuar, considerando que el 80% de los empleados actuales son de la gestión de Luis Revilla y nada garantiza que los propietarios sean víctimas de amedrentamiento con anuncios de inspección. 

“Fui elegido específicamente para luchar contra estas prácticas de extorsión y mientras yo sea concejal, no voy a permitir que esto pase. No estoy atacando a nadie, pero esta práctica de la extorsión no puede continuar”, aseveró.

El concejal expresó su predisposición de colaborar con el Ejecutivo Municipal con muchas ideas.

Este miércoles, el Concejo debatió un pronunciamiento de respaldo a las medidas del COEM, en el marco de una alerta naranja en el municipio de La Paz, donde se definió 18 acciones para contener el ascenso de los contagios del COVID-19, entre ellas, el uso obligatorio de barbijos, el lavado de manos y el aforo del 50%.