El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó este lunes que hasta la fecha se logró inmunizar contra el COVID-19 a casi el 80% entre el magisterio urbano y rural del país.

“Cerca al 80% de maestros y maestras se han vacunado”, afirmó el Ministro de Educación.

Ante este panorama, se analiza el retorno a clases semipresenciales y presenciales si así un informe epidemiológico de la pandemia lo respalda en coordinación con el Ministerio de Salud, explicó.

“Vamos a ir migrando a las clases semipresenciales y luego presenciales, toda vez que haya un escenario adecuado donde no exista un escenario de contagio del COVID-19”, aseveró.

Dijo que más adelante se coordinará con el Ministerio de Salud en la posibilidad de inmunizar a menores de 18 años en beneficio de la población estudiantil.

El director Departamental de Educación de La Paz, Carmelo López Valda, dijo que desde el 19 de julio se implementarán las tres modalidades de educación en este departamento.

La ciudad de La Paz y El Alto se implementarán las clases a distancia, en cambio en los municipios rurales como Patacamaya, Caranavi, Achacachi y Viacha se realizarán las clases semipresenciales debido a las concentraciones medias y en el resto del departamento serán las clases presenciales.

“Estamos realizando este trabajo en base a las recomendaciones del Servicio Departamental (de Salud) de La Paz (Sedes). Las ciudades tienen aún un contagio alto y no podemos arriesgar la vida de nuestros estudiantes”, aseveró.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó este lunes un proyecto de ley para garantizar una protección integral mediante la dotación de un subsidio alimenticio, becas, empleo y vivienda social para niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad por la muerte de su padre o madre o de ambos, como consecuencia del COVID-19.

“El proyecto de ley elaborado por la institución defensorial incluye, entre varias medidas, la creación del ‘subsidio de asistencia al desarrollo nutricional’ que consiste en la entrega de un paquete de productos alimenticios en especie, cada uno equivalente a 300 bolivianos, a niñas y niños hasta los dos años de edad; otorgar becas, apoyo y seguimiento pedagógico para garantizar la permanencia escolar, y que el Ministerio de la Presidencia dote equipos tecnológicos y material educativo. También, se propone que las universidades públicas otorguen becas anuales de ingreso, apoyo académico, permanencia, trabajo y otras medidas vigentes hasta los 25 años de edad”, se lee en un comunicado de la institución.

Cruz comunicó que la propuesta fue presentada hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional y consiste en la entrega de un subsidio alimenticio a menores de dos años, además de becas escolares y universitarias. Se propone acceso a empleo, estabilidad laboral y una vivienda social para quienes tengan la tutela del huérfano.

Según Cruz, este proyecto responde a la preocupación que existe frente a los efectos inmediatos que está dejando la pandemia, que además del número de contagios y muertes por el virus, está el aumento de la violencia en los hogares, la desventajosa situación económica, la falta de empleo, el cierre de escuelas, la falta de acceso universal a servicios básicos y otros que repercute en la niñez y adolescencia.

Manifestó que es importante y necesario que el Estado intervenga con medidas  reforzadas para garantizar  y asegurar el bienestar y el cuidado de esta población, más aún cuando se encuentran en un estado de desprotección y mayor vulnerabilidad por la pérdida de sus padres o madres o de los dos progenitores por causa de la COVID-19.

Esta propuesta plantea que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social implemente planes y programas para la inserción laboral para hijas e hijos jóvenes, hasta los 25 años de edad, cuyos progenitores hayan fallecido por el coronavirus; asimismo, este beneficio alcance a quienes estén, legalmente con la tutela hasta que éstos cumplan los 18 años.

La Defensoría del Pueblo propone que el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda implemente planes y programas de vivienda social digna y adecuada para este sector hasta que cumplan 25 años, con un enfoque infantocéntrico que garantice que la titularidad de las viviendas se consolide en su favor.

Además, propone que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se haga cargo de realizar un registro oficial de la cifra de niñas, niños y jóvenes en situación de orfandad.

La propuesta normativa considera que es necesario contar con un bono económico que debe ser analizado en términos de monto, beneficiarios y sostenibilidad por el Órgano Ejecutivo, considerando el interés superior del niño y la situación económica del país.

La normativa pone a consideración otros aspectos que pueden ser revisados a detalle en el siguiente enlace. https://drive.google.com/file/d/1zWmeJxci4b4G7L54b0Bu2qWZVIU_x5Rf/view

El ministro de Educación, Adrián Quelca, inauguró este lunes el primer curso nacional sobre lenguaje de señas para funcionarios de la Policía Boliviana en la ciudad de La Paz.

“La comunidad sorda en Bolivia es muy importante. En el Ministerio de Educación, tenemos la experiencia de formar a maestros y maestras en la educación especial, justamente que tiene el manejo del lenguaje de señas en el sistema educativo, (…) Inauguramos el primer curso nacional sobre lengua de señas boliviana para servidores públicos de la Policía Boliviana”, dijo en acto público.

Explicó que el sistema educativo en el país es inclusivo y no asistencialista. Ponderó la tarea iniciada desde la Policía Boliviana, de la incorporación de la lengua de señas boliviana en el personal policial.

El objetivo es una atención oportuna y adecuada a personas que requieren la atención policial, agregó.

“De manera general, estamos con la predisposición de desarrollar acciones que nos permitan inclusión de todos los bolivianos y concretar el objetivo de recuperar el derecho a la educación”, resaltó.

Quelca explicó, que en esta coyuntura del COVID-19, se desarrollaron los sistemas de educación a distancia, semipresencial y presencial “para preservar y proteger la salud y vida de los maestros y estudiantes. El objetivo es retornar en algún momento a la normalidad”. Acotó que se coordinará para replicar este curso en todos los departamentos.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió este lunes a las gobernaciones y municipios cumplir con sus responsabilidades asignadas en el marco de la estrategia de lucha contra el COVID-19.

Recordó que un informe de la Contraloría General del Estado observó que los servicios departamentales de salud (Sedes) llevan adelante la vacunación sin una adecuada planificación. A ello se suma la falta de personal médico, no existen campañas de información y otros.

“Instó a los gobiernos subnacionales cumplir con este parte de trabajo que les corresponde, porque este es nuestro segundo pilar. Tenemos responsabilidades como Gobierno nacional y existen como gobernaciones y municipios, y así vamos a tener éxito en este proceso de vacunación masiva”, informó en una entrevista en radio Vanguardia, del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs).

La autoridad gubernamental pidió a las personas mayores de 18 años a vacunarse porque los inmunizantes son certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad como usar barbijos, mantener distancia social y lavarse las manos constantemente.

Recordó que hasta agosto Bolivia tendrá más de 12 millones de vacunas que cubrirán al 96% de la población vacunable mayores de 18 años, por lo que convocó a que todos acudan a los centros de inmunización para superar la pandemia.