La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) denunciaron este martes que una “supuesta marcha indígena”, que inicio un grupo de indígenas de tierras bajas el pasado 25 de agosto en Beni, es manejada por los comités cívicos y políticos del oriente.

“Queremos denunciar públicamente que esta es una marcha netamente política, no está bajo la estructura orgánica de la CIDOB que aglutina a 34 naciones a la cabeza de Justo Molina”, denunció el secretario de comunicación de la CIDOB, Rubén Darío Cayaduro, en conferencia de prensa.

Explicó que esa marcha es protagonizada por 20 personas y calificó a la movilización como “política y manipulada” por exdirigentes, con el apoyo de recursos externos y “apoyada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz”.

Aclaró que el pedido que manejan, de la defensa de los territorios, es falso, porque la CIDOB tiene un convenio con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para solucionar los problemas de tierras.

“Esos discursos de que van a defender la tierra es mentira, son compromisos políticos y económicos de esos señores. También denunciamos a la opinión pública, por si algo sucede dentro de esa marcha, donde hay niños, mujeres y ancianos, los únicos responsables serán los cabecillas”, advirtió.

El secretario de comunicación de la CSUTCB, Humberto Claros, dijo que los pueblos de tierras altas y bajas están unidos y que el “enemigo histórico” de los pueblos indígenas es “ese sujeto oligárquico”, que está intentando mostrarse como defensores de los pueblos indígenas.

Otra representante de las 13 regionales de la CIDOB, de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, aclaró que esa “supuesta marcha indígena” es una movilización manejada por exdirigentes y no por los dirigentes actuales.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, confirmó este martes que la reforma judicial “avanza a paso firme”, a través de tres pilares estratégicos plasmados en un paquete normativo, siguiendo el mandato de noviembre de 2020 del presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

“La reforma judicial es una prioridad en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Gobierno nacional tiene el compromiso de actuar con hechos y acciones estratégicas acompañadas de un compromiso nacional para el bienestar integral del país”, señala un boletín institucional.

Desde esa Cartera de Estado sostienen que la transformación de la justicia “es una necesidad del pueblo boliviano”, por lo que el paquete normativo se encuentra en ejecución desde noviembre pasado y seguirá su curso con acciones previstas a corto, mediano y largo plazo.

Algunas normas ya entraron en vigencia y otras están en proceso de aprobación, tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que evidenció la existencia de masacres y vulneración de los derechos humanos en 2019 y que recomendó que se trabaje en reformas del sistema judicial.

“El plan estratégico de reforma judicial cumple con importantes avances, ahora vamos a pisar el acelerador para cumplir con las recomendaciones del GIEI (…). Todos estos esfuerzos estarán orientados a revertir los problemas centrales de la justicia, como la retardación que afecta a más de 300.000 familias”, sostuvo la autoridad.

Pilares de la reforma judicial

El programa de la reforma judicial contempla los siguientes ejes estratégicos:

1. “Balanceo del conflicto”, que consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basado en criterios de equidad, y con el propósito de alcanzar estándares internacionales.
2. Sistema de acceso a la justicia, para promover que toda la población -especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos- acceda a la justicia en igualdad de condiciones, con eficiencia en la administración de justicia, desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para el acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje.
3. Independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público.
4. Soluciones con Tecnología Información y Comunicación, con la transformación digital del modelo de gestión judicial boliviano, a través del uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas de expertos e inteligencia artificial, además de la implementación del sistema informático integral de acceso a la justicia para los servicios que brinda el Ministerio y sus entidades descentralizadas.
5. Desarrollo normativo para la reforma, a través de la implementación de políticas públicas y normativas para la reforma del sistema de justicia, acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.

Una delegación de familiares y víctimas de la masacre de Sacaba arribó este martes a la ciudad de La Paz con el fin de reunirse con sus pares de Senkata y coordinar las acciones que asumirán ante la búsqueda de justicia por los hechos luctuosos de 2019.

“Hoy hemos venido a reforzar a nuestros hermanos de El Alto, vamos a tener una reunión como un pacto de unidad de todos los familiares de fallecidos, heridos y procesados de las masacres de Senkata, Sacaba y otros sectores que manifiesta el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”, indicó Ismael Marquina, representante de Sacaba.

Además, convocó a todas las personas que fueron víctimas del régimen de facto de Jeanine Áñez a unirse a ese movimiento, para juntos pedir justicia contra los responsables de esos hechos.

“Hacemos una invitación pública, abierta, a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de la masacre y durante el golpe de Estado, aquellas familias que hayan perdido un familiar, un ser querido, aquel hermano o hermana que haya sido herida en la represión en el golpe de Estado, a los perseguidos y encarcelados injustamente”, mencionó.

Por su parte, Gloria Quisbert, representante de Senkata, indicó que hasta la fecha muchas víctimas del gobierno de facto continúan con las secuelas de las heridas y torturas, por esa razón decidieron llevar a cabo el encuentro para pedir justicia a una sola voz. 

“Nosotros estamos pidiendo a los hermanos familiares de los fallecidos y víctimas para que juntos, en una sola voz, pidamos justicia para que se pueda aprobar el juicio de responsabilidades que ya está en la Asamblea Legislativa”, mencionó. 

Las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se congregarán en instalaciones del edificio de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, ubicado en El Prado de la Sede de Gobierno.

El director general de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Omar Tejerina, informó este martes que los focos de calor se redujeron de 5.000 a 1.089 en Bolivia.

“Hoy estamos con un descenso muy significativo de los focos de calor e incendios. Después de haber tenido un número superior a los 5.000 en días anteriores, hemos amanecido con 1.089 focos de calor, es decir, menos de la cuarta parte de focos de calor presentes en todo el territorio nacional”, dijo en entrevista en el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPO’s).

Explicó que esos focos de calor, en su mayoría, se registran en el departamento de Santa Cruz con 831; en Beni 222; La Paz, 16; Pando, 16; Chuquisaca, Potosí Oruro y Tarija registran un foco de calor cada uno. 

Agregó que la gente utiliza el fuego para renovar pasturas y habilitar campos de cultivo.

“Los incendios y focos de calor activos están en San Matías, San Rafael, Exaltación, San Ignacio de Velasco, Charagua, Santa Ana, Magdalena y otros municipios”, detalló.

Tejerina precisó que se debe diferenciar entre un foco de calor, incendio, quema e incendio forestal. Los incendios forestales están en este momento en la Chiquitanía; pero en una acción conjunta con Defensa Civil, el Servicio de Áreas Protegidas, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), las Fuerzas Armadas, el municipio y la Gobernación de Santa Cruz, se espera que en los próximos días pueda ser mitigado.

“Gracias a Dios en los últimos días hemos tenido una lluvia muy coposa en el oriente boliviano que ha permitido apagar la mayor cantidad de focos de calor”, afirmó.

A nivel nacional, hasta el momento se reporta 1,4 millones de hectáreas afectadas por el fuego, de las cuales el 82,3% son en superficies sin bosque, es decir en pastizales y matorrales, y un 17% en zona forestal, apuntó.