El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó este martes que el Ministerio de Salud determinó ampliar la vacunación con una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 a personas mayores de 18 años, que tengan su esquema de vacunación completo y que hayan recibido su última dosis mínimamente hace dos meses. Podrán acudir al punto de inmunización hasta el 31 de octubre.

“Se amplía la vacunación para toda la población, ya que estábamos vacunando a los mayores de 60 años y con enfermedades de base, se suma el personal de salud y todas las personas mayores de 18 años que busquen voluntariamente su dosis de refuerzo”, dijo en entrevista en la Red Uno.

Explicó que la población puede acudir a los puntos de vacunación para recibir su dosis a partir de la fecha hasta el 31 de octubre, debido a que el país cuenta con un lote de vacunas AstraZeneca que estarían próximas a caducar.

“Tenemos que ver que las dosis sean bien utilizadas en lugar de ser desperdiciadas, sabemos de otros países donde no se tiene las condiciones; y nosotros afortunadamente, gracias a las gestiones, sí las tenemos, así qué mejor usarlas que tirar las vacunas”, apuntó.

Agregó que en las últimas semanas se tuvo un aumento de casos positivos de COVID-19, y lo que se pretende es contener una posible cuarta ola de la pandemia.

Enríquez precisó que el país recibió más de 14 millones de dosis para inmunizar a la población vacunable de 7.180 428 personas, y se tiene programado contar con 18 millones de dosis.

Dijo que dentro del plan de inoculación se pretende redoblar el esfuerzo para optimizar la inmunización en la población y se tiene unas 800.000 dosis de AstraZeneca disponibles para la vacuna de refuerzo.

“La vacunación meteoróloga tiene estudios científicos de que potencia y mejora el estado de respuesta frente al virus”, apuntó.

La jornada de este martes, los familiares y las víctimas de Senkata y Sacaba iniciaron una  marcha desde Caracollo, Oruro, rumbo a la ciudad de La Paz. Exigen justicia por los hechos de violencia y las muertes ocasionadas en el régimen de Jeanine Áñez en el 2019.

“Hoy se unen (las víctimas), Sacaba y Senkata, en una sola voz para pedir justicia”, indicó Marisol Rodríguez, una de las representantes de las víctimas de Senkata, mientras iniciaba su caminata en la carretera Oruro - La Paz.

En contacto con la estatal Bolivia TV, Rodríguez indicó que los marchistas tienen la firme decisión de llegar hasta La Paz para exigir justicia, pero por las secuelas que les dejaron los hechos violentos de 2019 avanzarán de acuerdo a sus condiciones.

“Pedimos una aceleración de los procesos contra los militares, contra los ministros que en su momento estaban en el Gobierno, también la señora Áñez; tiene que haber justicia para los hermanos caídos, heridos y también torturados del 2019”, exigió la representante.

Nancy, quien perdió a su hermano el 19 de noviembre en Senkata, aseveró que la marcha se concretó con el único objetivo de exigir los procesos contra los autores de las masacres.

“Nuestro pedido es justicia (…) pero hasta ahora no hay nada, queremos que se avance, nosotros hemos sufrido”, afirmó.

Más de un centenar de personas participan de esta marcha que pide cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), equipo que propuso lograr una indagación de los hechos violentos del 2019 en base a los estándares internacionales.

En agosto, el GIEI presentó los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos tras el golpe de Estado y concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de ese año en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo de 2021 en La Paz por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.

“No permitiremos la desestabilización económica de Bolivia”, indicó el dirigente Santos Valdez, secretario de actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

El dirigente, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, ratificó la declaratoria de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las organizaciones nacionales que integran el Pacto de Unidad que reiteraron su apoyo a la gestión del presidente Luis Arce y se declararon en estado de emergencia para enfrentar cualquier acción desestabilizadora de la derecha fascista.

Indicó que los agravios a la wiphala por parte de seguidores del gobernador opositor Luis Fernando Camacho, los actos racistas en Santa Cruz y las provocaciones de los cívicos cruceños hicieron que las organizaciones sociales “despertaran” en defensa de la democracia.

“No permitiremos la desestabilización económica de Bolivia. No permitiremos que nos quiten nuestros derechos”, indicó Valdez.

Recordó que el gobierno presidido por Luis Arce y David Choquehuanca fue elegido por el 55,11% de los votos expresados en elecciones generales.

El Reporte N° 582 del Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 480 casos este lunes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 757. Los decesos llegaron a 5 y los casos descartados a 4.832 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 262 y 81 casos, respectivamente. Chuquisaca registró 67 casos; Tarija 37; La Paz 19; Potosí 7; Oruro 4; Beni 2; y Pando 1.

El reporte añade que hay 18.561 casos activos y 2.031.551 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 507.134 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 469.696 se recuperaron y hubo 18.877 decesos.