Mediante un comunicado, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) llamó a sectores que tienen posiciones radicales a anteponer los intereses de la patria y no seguir perjudicando la economía del pueblo con nuevos procesos de desestabilización en el país.

“La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia destaca la amplitud democrática y voluntad de diálogo del nivel central. Al abrogar la Ley 1386, reconocemos el valor de priorizar el bien mayor, la reconstrucción de la economía y la estabilidad social del país”, refiere el comunicado.

Resalta que los municipios de Bolivia reafirman su compromiso de seguir construyendo Bolivia desde sus regiones. “Sabemos que el trabajo coordinado nos va permitir reactivar la economía y velar por la paz social”, añade.

“Llamamos a los actores y sectores que tienen posiciones radicales a anteponer los intereses de la patria, hoy ya nada puede justificar ningún tipo de medida que continúe perjudicando el trabajo y la economía del pueblo; por ello, nos declaramos vigilantes ante nuevos procesos que pretendan desinformar o desestabilizar al país”, se lee en el pronunciamiento.

Más de 250 habitantes del Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya eligieron, mediante filas, un procedimiento de normas propias, en el Chawk Parla (máxima instancia deliberativa) al “Lanqsni Paqh Eph” (Órgano Ejecutivo) Florencio Paredes Mollo, con el respaldo de 202 personas por el periodo de mandado de cuatro años, del 2022 al 2026.

El proceso electoral cumplido este domingo tuvo la “supervisión” del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro y el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. La Sala Plena analizará el informe de la comisión de supervisión, y en caso de aprobarse, extenderá en diciembre las credenciales a las autoridades electas: un ejecutivo y cuatro Tantïñi Layminaka del Laymis Parla (Órgano Legislativo), señala un boletín institucional.

Es la segunda vez que los Uru Chipaya en los cuatro ayllus: Aransaya, Manazaya, Wistrullani y Ayparavi, eligieron a sus autoridades por filas, demostrando la confianza con la autonomía indígena originaria campesina. Chipaya, que dejó el sistema del municipalismo en referéndum el 2009, el 2016 aprobó su estatuto autonómico para posteriormente en 2017 celebrar su primera elección de autoridades originarias.

Por el sistema de la rotación y el equilibrio de poder entre los cuatro ayllus, el cargo del ejecutivo recayó en el Ayllu Manazaya, responsable de presentar la terna de candidatos al Chawk Parla para ser elegidos por todos los habitantes ante la presencia del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Daniel Atahuachi; los vocales del TED Oruro, presididos por el presidente Iver Pereira Vásquez; el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Oruro, Jorge Castillo; y el presidente de la Asociación de Municipios de Oruro, Apolinar Solá Choque.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este lunes que en el reporte epidemiológico de la semana 45, del 7 al 13 de noviembre, se registró un aumento de 924 casos de COVID-19 respecto a la anterior semana, lo que significa un incremento del 21%.

“Para esta semana hemos registrado 5.242 casos, lo cual significa un aumento de 924 casos en relación a la semana anterior, esto representa un incremento del 21 por ciento respecto a la semana anterior”, afirmó.

Según el reporte epidemiológico de la semana 45, se registraron 5.242 casos, 3.084 recuperados y 52 decesos, haciendo un total de 19.016 fallecidos en lo que va de la pandemia.

El incremento de casos fue en los nueve departamentos del país, Santa Cruz con más 1%, Beni más 156%, Pando más el 50%, Cochabamba más el 48%, Chuquisaca más 18%, Tarija más 35%, La Paz más 73%, Potosí más 69% y Oruro más 51%, detalla el reporte.

Dentro del plan de vacunación se llegó a aplicar 8.093.423 dosis, con una cobertura de vacunación de 64,1% en primeras dosis y 55,2% en segundas dosis.

Dentro de la estrategia de vigilancia epidemiológica activa se detectó y trató 22.900 casos y se evitó al menos 68.823 casos nuevos.

Auza destacó la disminución drástica de la letalidad del COVID-19 en Bolivia y recordó que en la primera ola alcanzaba al 6,2%, es decir que en promedio seis de cada 100 personas contagiadas perdieron la vida; en la segunda ola la tasa de letalidad fue de 2,7% y en la tercera fue de 2,8%. En el inicio de la cuarta ola epidemiológica, hasta el momento se tiene una drástica reducción a un 0,8%.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility-GEF) implementa acciones de prevención y mitigación de desastres naturales en Bolivia a través de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), entidad bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Nicolayeb Bruu Otazo, coordinador del proyecto GEF Amazonia, explicó que se tiene dos grandes ejes de trabajo: el primero está referido a la socialización y ajuste a la normativa del manejo forestal, tanto maderable como no maderable, indica un boletín institucional.

“Como primer objetivo se tiene que poder socializar y ajustar la normativa para el manejo de la gestión integral de los bosques y de estos territorios indígenas; el segundo objetivo es, generar una economía indígena sostenible en base al aprovechamiento de los recursos naturales, forestales maderables como no maderables que tienen en su territorio”, dijo Brauu en contacto con Bolivia TV.

El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Dennis Funes, indicó que éste fondo es un brazo financiero para cumplir con todas las disposiciones que vienen de los convenios internacionales donde Bolivia es parte.

“Este fondo está disponible para los países, de manera que se pueda formular proyectos que se lleven a cabo en el país y tengan un impacto, en beneficios globales y ambientales; (asimismo), busca generar impactos positivos en el manejo forestal sostenible y de la conservación de la biodiversidad de esta región amazónica que está en Bolivia”, aseveró.

El proyecto es ejecutado por la APMT, con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el socio implementador que provienen el Fondo Mundial del Medio Ambiente, mismo que ya está en su tercer año de ejecución.

La directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce, manifestó que desde el Gobierno se trabaja en políticas y mecanismos de adaptación al cambio climático, “lo importante es poner el esfuerzo y compromiso y trabajar en defensa de nuestra Tierra y territorio, fauna y flora”, enfatizó.

Señaló que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), organizada por el Reino Unido, se evidenció que los pueblos comparten problemáticas y consecuencias del cambio climático.

“Lamentablemente, los pueblos indígenas decimos que la plata no soluciona todos los problemas del cambio climático, porque vemos que día a día los problemas de todos los pueblos del mundo son similares, hay inundaciones, sequias, heladas, glaciales derretidas. Nuestro pueblos está en extinción, los pueblos indígenas somos los directos afectados por el cambio climático”, dijo.