DDHH: A dos años de la masacre de Senkata, hay impunidad, los culpables están libres y el proceso judicial no avanza
A dos años de la masacre de Senkata, ocurrida en la ciudad de El Alto el 19 de noviembre de 2019, las víctimas no encuentran justicia, están en la indefensión, son revictimizadas y ven cada día que los ministros de facto de Jeanine Áñez salen del país, los actores del golpe siguen libres o declaran por la prensa en un clima de impunidad que lastima, dijo el representante de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca.
El representante de los familiares, heridos y torturados durante el régimen de Áñez cuestiona que la Fiscalía, en dos años, solo haya detenido a cuatro militares y un jefe policial por la matanza y ahora exponga excusas como que “el caso es complejo” para no aprehender a otros actores, como por ejemplo a quienes firmaron el “Decreto de la muerte”, el 4078, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó esos sucesos.
Ante esa impotencia de que la administración de justicia y la Fiscalía no avancen en las investigaciones sobre la Masacre de Senkata, las víctimas de esas matanzas están decididas a acudir a la Corte Penal Internacional en búsqueda de justicia, la cual no encuentran en estrados bolivianos en dos años de peregrinación en los tribunales, señala Inca.
“En dos años solo tenemos cuatro generales del Ejército detenidos preventivamente y un general de la Policía, el general (Rodolfo) Montero. Se hicieron imputaciones a Arturo Murillo y Luis Fernando López (ambos fuera del país), pero más allá no tenemos más avance en esta investigación. Son dos años”, dijo.
Lamentó que la Fiscalía no actúe de manera oportuna permitiendo la salida del país de los ministros de Áñez, como Karen Longaric, Roxana Lizárraga y otros, mientras se tolera que otros excolaboradores del régimen de facto realicen declaraciones ante la prensa cada día sin que el Ministerio Público los investigue o aprehenda.
“La Fiscalía no ha obrado como debería obrar en su momento, su no accionar ha permitido que muchos ministros escapen”, señaló.
Explicó que tanto Jeanine Áñez como sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, sin bien están detenidos, ellos están procesados por las denuncias de terrorismo, conspiración y sedición, pero no por la masacre de Senkata.
El representante de los derechos humanos de El Alto fue enfático al señalar que, a dos años de esa matanza, persiste la impunidad, la indefensión de las víctimas y la revictimización, esto último porque con frecuencia se les invita a recordar y contar el calvario que sufrieron en 2019 y aún sufren en la actualidad.
Inca dijo que en la Fiscalía les piden varios documentos legalizados en un ambiente de burocracia extrema que no toma en cuenta que el informe del GIEI es una de las mayores pruebas de las masacres ocurridas en 2019.
Precisamente el informe del GIEI derrumbó la tesis manejada por el régimen de Áñez, con amplia cobertura mediática, de que en Senkata se evitó que los alteños hicieran volar la planta de hidrocarburos, falacia que fue desmentida por el informe internacional.
El ministro de Defensa de entonces, Luis Fernando López Julio, declaró a CNN que las protestas en Senkata “eran pagadas con alcohol y coca” y que fueron “terrorismo vandálico”. También afirmó que “del Ejército no había salido ni un solo proyectil”.
Al respecto, el informe del GIEI es contundente: En Senkata se produjo una masacre. “El análisis de los medios de prueba revela que el grupo de manifestantes que embistió contra el muro y la puerta de la planta YPFB de Senkata no superó a un centenar de personas. Alrededor de las 12, ese grupo derrumbó parte del muro de la planta ubicado sobre la avenida 6 de Marzo. Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales.
