El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el Amparo Constitucional y la Acción Popular, planteados en la ciudad de Santa Cruz para frenar el uso del carnet de vacunación contra el COVID-19, están plagados de mentiras y de información falsa.

“Ambas tienen los mismos argumentos, han escogido una vía diferente y están plagadas de falacias, de mentiras, de información falsa”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad estatal explicó que, entre los argumentos, se presentó como jurisprudencia la copia de una demanda que se presentó el 28 de diciembre de 2021 en la localidad de Mar del Plata, en Argentina, pero recordó que la justicia del vecino país no se pronunció sobre el caso hasta el momento.

Además, mencionó que “entre las mentiras” se planteó también que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre la temática, que anuló la vacunación universal y que una demanda presentada por Robert Kennedy Junior hizo que se declare que la nueva vacuna contra el COVID-19 debe evitarse a toda costa.

“Esto es una mentira. Está en todos los portales de chequeo de noticias que esto es una afirmación falsa y la han presentado abogados en una Acción Popular”, sentenció.

En ese contexto, Lima dijo que los dos recursos no tienen asidero legal e intentan sólo confundir a la población para usar el discurso de que la justicia no fue independiente ni transparente cuando sean rechazados.

Por otro lado, manifestó que, en el intento de desinformar a la población, circula una nota en las redes sociales sobre la existencia de una declaración de bioética de Nuremberg, de Helsinki, e incluso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que estarían a favor de los demandantes, pero afirmó que no tienen valor jurídico porque su aplicación no fue aprobada por una ley.

“No han sido aprobadas en el país. Son documentos que se conocen en Derecho como ‘soft law’, son recomendaciones que no tienen fuerza vinculante”, aseveró.

El titular de Justicia dijo que el Gobierno nacional sí tiene una normativa de respaldo en el caso de la Ley 2119, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, cuyo artículo 12 dice que “El Estado boliviano tiene la obligación de adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas y de otra índole y luchar contra ellas”.

El Reporte N° 659 del Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 7.371 casos este lunes; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 1.837. Los decesos llegaron a 30 y los casos descartados a 8.081 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 5.496 y 584 casos, respectivamente. Tarija registró 549 casos; Chuquisaca 375; Beni 141; La Paz 84; Oruro 62; Potosí 56; y Pando 24.

El reporte añade que hay 68.172 casos activos y 2.487.249 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 622.312 de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 534.377 se recuperaron y hubo 19.763 decesos.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este lunes que, en Bolivia, en los últimos días, se superó la aplicación de las 75.000 dosis contra el COVID-19 por día.

“Estábamos administrando dosis en el país, estas últimas semanas, 2.000. Hoy estamos superando las 75.000 dosis por día”, dijo en conferencia de prensa.

La autoridad puso de ejemplo que, en el centro de vacunación del teleférico, se vacunaba entre 80 a 100 personas en domingo, y en la víspera se inmunizó a 5.000 personas. 

Dijo que la inmunización a mayor cantidad de personas hará que el virus “no tenga huéspedes” donde pueda mutar y generarse nuevas variantes.

Explicó que la vacuna es un biológico que ingresa al organismo y lo prepara para enfrentar la verdadera enfermedad, eso no quiere decir que puede evitarla.

“Las personas que recibieron una afectación negativa, que están pasando etapas críticas de la enfermedad, son aquellas personas que no se han vacunado”, afirmó Auza.

Ratificó que, si bien se tuvo un mayor número de casos en la última semana epidemiológica, la tasa de letalidad disminuyó significativamente de 6,2%, en la primera ola, a 0,8% en la cuarta ola.

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) rechazó este lunes una propuesta para la aplicación de encapsulamientos en zonas con alto nivel de contagio del COVID-19, en la ciudad de Cochabamba, y determinó hacer cumplir los decretos supremos 4641 y 4640, para ampliar la vigencia de las medidas de bioseguridad establecidas a nivel nacional hasta junio de este año, e implementar el carnet de vacunación como documento oficial.

Asimismo, el COEM resolvió fortalecer la campaña de inmunización masiva y que se haga una desinfección y rastrillajes en los lugares con alto riesgo de propagación del coronavirus.

Por otro lado, determinó incrementar el equipamiento médico con apoyo gubernamental, departamental y municipal, para ampliar la capacidad de atención de médicos y de las unidades de terapia intensiva.

El COEM definió, además, que se mantengan del horario de circulación de las personas entre las 05.00 hasta las 02.00 por una semana más.

Los propietarios de restaurantes y locales nocturnos, y los comerciantes de mercados, se comprometieron a respetar las disposiciones sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad y la cantidad de personas permitidas, en especial en espacios cerrados.

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental se reunirá esta semana para tomar determinaciones a nivel regional.