El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno, procesado por el caso soborno y lavado de dinero en Estados Unidos, fue beneficiado con libertad bajo fianza por un monto de $us 250.000.

“Esta acción se ha dado el día de ayer en los Estados Unidos, se ha reportado anoche, hemos constatado este dato y, en consecuencia, de acuerdo al sistema americano, él tiene unas horas para pagar, si no lo ha hecho ya, para acceder al beneficio de la libertad bajo fianza en tanto dure la investigación. Es un derecho que tienen, de acuerdo a la Constitución de ese país, todas las personas el acceso a la libertad bajo fianza”, apuntó.

De acuerdo a la información proporcionada a la autoridad por los abogados que hacen el seguimiento a este caso, Méndez debe presentarse y estar a disposición del proceso judicial que se le sigue, además de usar un medio electrónico, una tobillera, para que circule y acceda a libertad bajo fianza.

“Es un monto alto, es cuarto millón de dólares que se le ha impuesto y es un monto que él tiene que pagar antes de beneficiarse para salir en libertad”, mencionó.

El Procurador dio la información a objeto de evitar especulaciones sobre el proceso que se lleva adelante en los Estados Unidos. “Nuestros abogados que están allá acreditados, están dando un seguimiento permanente, y esta es la información que queríamos darle al país de primera mano”, sostuvo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, participó este martes de la creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Policía Boliviana, en un acto oficial desarrollado en instalaciones de la Academia Nacional de Policías.

“Estamos aquí para comunicar al pueblo boliviano sobre la creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el objetivo de optimizar la investigación de este tipo de delitos por parte de nuestra FELCC; pero, también, en cumplimiento a los requerimientos que nos solicitó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)”, indicó.

La entidad recientemente creada investigará el origen de recursos económicos sospechosos de organizaciones criminales o sujetos ligados al crimen. El seguimiento de movimientos financieros dudosos permitirá combatir de mejor manera el lavado de dinero. Este tipo de políticas se enmarcan en la lucha frontal contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.

“Esta unidad especializada nos permitirá descubrir el origen de los recursos sospechosos que determinados sujetos u organizaciones criminales presentan en sus movimientos financieros en nuestro país y también luchar contra el lavado de dinero”, destacó.   

Manifestó que, debido a los múltiples casos de corrupción que se conocieron correspondientes a la gestión del Gobierno de Facto, el Gobierno nacional realizará las gestiones correspondientes para “recuperar el patrimonio que ha sido obtenido de manera ilegal por estas personas” y, con ello, realizar mejoras en salud y educación.

Destacó que el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo nace con el apoyo de la Policía Federal del Brasil, entidad del orden con amplia experiencia en este ámbito. La cooperación del país vecino se verá materializada con el desarrollo de un curso de investigación y análisis financiero dirigido a efectivos policiales bolivianos.

El acto oficial de creación contó con la presencia del comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera; la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza; la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana María Morales; agregados policiales del Brasil y representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Pierre Chain inició acciones para investigar las causas de la millonaria deuda que dejó la gestión de Luis Revilla con la empresa de aseo urbano La Paz Limpia, la cual asciende a más de Bs 42 millones, pese a que la Alcaldía cobra mensualmente la tasa de aseo urbano en cada factura de luz.

“Esa información es importante para los 11 concejales y para el millón de habitantes paceños. No sé cómo la dividen, si hay recojo, si hay limpieza, si ponen detergente, si desinfectan las calles, no lo sabemos, pero es un derecho porque es plata y dinero de un millón de bolivianos”, sostuvo.

En ese propósito, el pasado jueves presentó una petición de informe escrito ante el pleno del Concejo, donde logró el respaldo de todos los concejales para que el alcalde Iván Arias informe sobre el destino que da el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a esos recursos, según indica un reporte de prensa institucional.

Advirtió que, si el Alcalde no toma acciones para investigar o denunciar, estaría incurriendo en complicidad, manteniendo el mismo esquema de manejo de recursos, sin descartar un posible desvío de fondos que constituiría un delito.

El presidente del Concejo, Jorge Dulon, a tiempo de dar por aprobado el acto de fiscalización, acordó que la petición de informe siga el procedimiento interno para que la próxima semana se canalice al Ejecutivo municipal.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, advirtió este domingo que los audios que involucran al exministro de Jeanine Añez, Luis Fernando López, para perpetrar un segundo golpe de Estado en 2020, "no es un hecho aislado".

"Sobre los audios filtrados de Fernando López, es un tema estructural, un tema ocurrido de manera grave en el país", manifestó Lima, citado en un boletín de prensa institucional.

El titular de Justicia remarcó una serie de sucesos, relacionados a un segundo intento de golpe de Estado.

Recordó que tras la victoria del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca con el 55,1% el 18 de octubre de 2020, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista desconoció resultados y pidió la intervención a la OEA.

También remarcó que algunos exparlamentarios de oposición, solicitaron ante la Sala Cuarta de la justicia constitucional de Santa Cruz, que declare una medida cautelar para impedir la posesión del presidente Arce.

De igual manera, se registraron solicitudes en las puertas de los cuarteles para que  militares impulsen un segundo golpe de Estado.

"Este audio no es un hecho aislado, está en el contexto de estas declaraciones", sostuvo el titular de Justicia.

En ese sentido la autoridad advirtió que hace unos días el cívico cruceño Rómulo Calvo, que calificó de "bestias humanas" a quienes se movilizaron en agosto de 2020 por la realización de elecciones, pidió a la OEA la aplicación de la Carta Democrática lo que perjudicaría al país, incluso en la adquisición de vacunas Covid-19.

"Un presidente que es elegido con el 55,1% del apoyo de la población, tiene que terminar su mandato. Definitivamente si hay un acto de sedición o que configure un delito, tiene que ser investigado, pero no es un hecho aislado, es un acto que involucra una serie de acciones", acotó.

Lima agregó que algunas de estas acciones tienen responsabilidad penal y otras no pasan de ser comentarios o actitudes de odio.

"Estamos en un proceso de evaluación e investigación y recolección de información y si encontramos responsabilidades penales presentaremos acción penal", dijo.