El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, convocó este sábado a los dos dirigentes de los grupos que pugnan la administración de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Elena Flores y Armin Lluta, para que participen en una mesa de diálogo que buscará poner fin a su conflicto el lunes de la próxima semana, desde las 16.00 horas, en el Hotel Paris de la ciudad de La Paz.

“Somos un Gobierno del diálogo, por tal motivo convocamos al gran diálogo por la paz y el consenso el día lunes a todos los sectores involucrados, en el Hotel París, Muserpol, en la plaza Murillo, a las 16h00, con el único objetivo de poner fin a este conflicto”, manifestó en una conferencia de prensa.

El llamado surgió horas después de que el dirigente Armin Lluta y sus bases cortaran el tráfico de vehículos en el camino de acceso a la localidad de Coripata, Yungas de La Paz, para evitar que la dirigente Elena Flores realice un ampliado en nombre de la Adepcoca, quienes emboscaron con armas de fuego un desbloqueo policial con el saldo de un efectivo fallecido y otro herido.

En ese sentido, Del Castillo anunció que los acuerdos alcanzados por las partes asistentes al diálogo respecto a la dirección de la Adepcoca serán vinculantes para el Gobierno nacional.

“Creemos que con la solución de este conflicto, con esta gran mesa que vamos a abrir pondremos fin a un conflicto que ya lleva meses y años en nuestro país”, aseveró.

La autoridad estatal manifestó que la convocatoria es extensiva también a los alcaldes de Coripata, Coroico, Chulumani, Irupana, La Asunta, Palos Blancos y Yanacachi, así como a los presidentes y concejales municipales.

Asimismo, Del Castillo pidió la participación de representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Defensoría del Pueblo, además de cualquier persona que quiera estar presente como veedora. 

“Convocamos a los diputados Gladys Quispe, Olimpia Alejo. Convocamos al diputado Lino Sillo Paco, al diputado Freddy Velásquez y a los asambleístas departamentales de los Yungas. También convocamos a la dirigente de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz, Nelly Ramírez, y al gobernador de La Paz, el señor Santos Tito”, agregó.

El titular de Gobierno manifestó, por otro lado, que el policía fallecido en el desbloqueo de Coripata era Miguel Ángel Quispe Nina y que la causa del deceso fue una herida de bala que recibió por la región de Bajo Unduavi.

“La familia cuenta con todo nuestro respaldo en esta situación y que los gastos de sepelio y otros serán cubiertos por nuestra institución, como también gozarán de una renta vitalicia y un seguro de vida, entre otros”, acotó. 

La autoridad gubernamental mencionó, también, que otro efectivo policial quedó con una herida de bala en la cabeza, pero su vida no corre riesgo, mientras que el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, reportó que un cocalero fue aprehendido por los hechos de violencia.

El fiscal departamental de Oruro, Gonzalo Álvarez, informó este sábado que el Tribunal de Sentencia Primero de ese departamento determinó 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto, para Carlos Choque Taquichiri, de 70 años de edad, autor del feminicidio de su cónyuge Cristina I.V.O., de 53 años.

“Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público ofreció las pruebas contundentes como registro y procesamiento de la escena del hecho, declaraciones testificales, acta de levantamiento legal de cadáver y autopsia médico legal, dictamen pericial en biología y genética forense, que demostró la presencia de sangre en las muestras colectadas que pertenecen al ahora sentenciado, entre otros elementos que fueron valorados por los miembros del Tribunal”, dijo, citado en un boletín institucional.

La autoridad judicial manifestó, además, que se fijó también una pena de dos años de presidio para el hijo de la pareja, Christian Choque Vargas, de 28 años, por el delito de encubrimiento.

Por su parte, el fiscal de materia Alexander Casanova, explicó que el hecho de sangre se registró durante la noche del 24 de julio de 2020, cuando Cristina junto a su cónyuge, su hijo y un amigo consumieron bebidas alcohólicas en un domicilio de la ciudad de Oruro.

Durante la tarde, Carlos motivado por los celos inició una discusión con la mujer y posteriormente la golpeó hasta matarla.

Al día siguiente, Christian y su amigo encontraron el cuerpo de la víctima, pero ambos se mostraron indiferentes y continuaron con el consumo de bebidas alcohólicas, mientras que Carlos fue en busca de sus otros hijos y les contó que su madre había fallecido.

Luego de conocer el hecho, los hijos fueron al lugar donde estaba el cuerpo de la mujer, pusieron el hecho en conocimiento de la Policía y se arrestó a los tres sujetos implicados.

De acuerdo con la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), la causa de la muerte de Cristina fue traumatismo cráneo encefálico cerrado, hematoma subdural agudo con causa policontusa con múltiples lesiones contusas en el cuerpo, además de heridas punzo cortantes en el rostro y la mano derecha.

El amigo de la pareja también fue imputado por el delito de feminicidio en grado de complicidad y actualmente se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro, en los próximos días se definirá su situación procesal.

El Ministerio Público realizó la imputación formal de los siete jóvenes que fueron aprehendidos el viernes, acusados por delitos de organización criminal, además porte y tenencia ilícita de armas de fuego. El asesor jurídico del Comité Pro Santa Cruz, Jorge Valda, confirmó que dos de los jóvenes que fueron detenidos, estarán con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

“Uno de ellos declaró que sí era propietario de un arma de fuego (…), el otro joven declaró ser propietario de las municiones que estaban en la mochila, municiones destinadas a las artesanías, pero de todas formas para esclarecer estos hechos se dispuso la detención de ambos, el resto de los cinco jóvenes fueron puestos en libertad”, indicó el asesor jurídico del Comité Cívico.

La audiencia de medidas cautelares se realizó este sábado en el municipio de Cotoca, los jóvenes fueron detenidos en la víspera cuando se dirigían al Congreso por la Tierra, que se realizaba en San Miguel de Velasco. El abogado Valda confirmó que algunos pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista.

“Algunos pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista y estaban de ida al Congreso por la Tierra en San Miguel de Velasco, pero en el auto que fue allanado por la Policía se encontró un revolver del año 60 que no tenía percutores y no tenía la capacidad de generar un elemento de riesgo”, argumentó el jurista.

Según el reporte oficial, la Policía arrestó a los jóvenes cuando se dirigían al “Congreso por la Tierra”, cuando dos vehículos fueron interceptados y se detuvo a los siete jóvenes, quienes confirmaron que iban al encuentro.

En la requisa de los vehículos se encontró en su poder equipo policial, armas de fuego, municiones, 13 radios de comunicación, cuchillos de diferentes tamaños, celulares y uniformes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles, informó que el Ministerio Público demostró que Víctor H. P.G. de 43 años de edad y su hermano José P. G. de 47 años son con probabilidad autores del delito de estafa agravada con más de 400 víctimas, por lo que el Juez determinó la detención preventiva de ambas personas en el penal de San Sebastián de Cochabamba.

“Como Ministerio Público presentamos todos los elementos recolectados en la investigación, entre ellos las declaraciones de más de 200 víctimas, el informe policial y otros; asimismo, se demostró que concurren los riesgos procesales de obstaculización y fuga por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva para los sospechosos quienes habrían generado un daño económico de más de $us 8 millones a las víctimas”, explicó Gonzáles.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho habría iniciado el año 2009 en el departamento de Cochabamba, cuando Víctor H., José P., Pablo P.G. y Luis F.G.L. fundaron la empresa “Tierra Dulce” que tenía el objetivo de plantar, producir y comercializar estevia en terrenos presuntamente ubicados en diferentes lugares del departamento cochabambino.

El fiscal de materia, Gabriel García, indicó que según los antecedentes, en el lapso de siete años los sospechosos captaron a más de 400 personas de distintos departamentos a quienes les ofrecieron valiosas ganancias por la inversión en el proyecto.

Se presume que los detenidos habrían pedido más de $us 8 millones a sus víctimas, a cambio de ser inversionistas de una empresa de plantación, producción y comercialización de estevia; sin embargo, las víctimas nunca obtuvieron réditos.

El año 2015, las cuatro personas se dieron a la fuga rumbo a Panamá, luego a Estados Unidos (EEUU), por lo que el Ministerio Público efectuó las gestiones para lograr la deportación de dichos ciudadanos.

El año 2016, Luis Fernando G.L. retornó al país y admitió el delito sometiéndose a un procedimiento abreviado y actualmente cumple una condena de nueve años en el penal de El Abra. En enero de 2021, Pablo P. G. fue deportado de Estados Unidos, luego fue aprehendido y se encuentra con detención preventiva en el penal de San Antonio.

Por último, el 30 de junio de 2021, Víctor H. P.G. de y José P. G. fueron deportados de EEUU, quienes llegaron al departamento de Cochabamba el 1 de julio, donde fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público para someterse a una audiencia de medidas cautelares que determinó su detención preventiva en el penal de San Sebastián varones, señala una nota de prensa institucional.