El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, inició este martes la socialización ampliada del Anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, en el marco de la reforma judicial y adelantó que este será presentado en agosto próximo.

“Por mandato del Presidente (Luis Arce) se lleva a cabo un proceso de socialización del anteproyecto de ley de creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales. Hemos trabajado en el país con los alcaldes, hoy corresponde presentar a los representantes de las organizaciones sociales y los siguientes días vamos a estar en el resto del país”, indicó Silva durante la socialización del proyecto normativo, realizada ante autoridades municipales de El Alto.

Agregó que, tras la socialización ampliada, el anteproyecto podría ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) durante la segunda quincena del mes de agosto, para el tratamiento y la aprobación del mismo, según una nota de prensa.

“Esta propuesta técnica solucionará un problema estructural que se arrastra en todo el país, toda vez que Derechos Reales es una institución que viene a ser regulada por una ley de 1887, la misma que no permitió transformar esa institución y, al contrario, generó un diseño institucional apto para la corrupción”, lamentó.

En esa línea, el Viceministro manifestó que desde esa Cartera de Estado se logró identificar graves irregularidades, el anacronismo de la norma y la falta de mecanismo de control contra actos de corrupción, retardación y otras deficiencias. 

“Hay quejas y denuncias de todo el país respecto a que, desde Derechos Reales (DDRR), se combina con loteadores para fraccionar áreas verdes, forestales, propiedad pública, así como propiedad privada; u operadores desde DDRR que extorsionan a los usuarios quienes demandan la inscripción de un inmueble, el registro o la certificación de algún inmueble y son objeto de chantaje, y de cobros excesivos e irregulares”, develó.

Silva agregó que actualmente se maneja un sistema informático altamente vulnerable y corrupto, “es una institución que lamentablemente genera bastante inseguridad a la población boliviana; incluso despoja el bien público a instituciones municipales, especialmente”.

El proyecto normativo propone unir los sistemas informáticos, crear un código único para inmuebles, garantizar recursos económicos para el Órgano Judicial y los mecanismos que brinden un servicio objetivo, transparente, de calidad y con seguridad jurídica a los usuarios que demandan inscribir una propiedad en Derechos Reales.

El comandante del Batallón de Infantería de Marina V “Calama”, Cadmiel Mounzon, informó este martes que se vacunó contra el COVID - 19 a los conscriptos que prestan su servicio militar en esa repartición naval, que está ubicada en la localidad de Puerto Quijarro del departamento de Santa Cruz.

“Esta campaña de inmunización se desarrolló gracias a las gestiones del Quinto Distrito Naval ‘Santa Cruz’ en coordinación con el hospital ‘Príncipe de Paz’ del municipio de Puerto Quijarro, donde los especialistas en salud procedieron a vacunar a los conscriptos que recién se presentaron en esta unidad naval recibiendo, de manera voluntaria, la primera dosis”, manifestó, citado en un boletín institucional.

Asimismo, explicó que cerca de 230 efectivos del Primer Escalón Categoría 2021, entre instructores y marineros, recibieron la vacuna de manera voluntaria con anterioridad, por lo que se llegó a inmunizar a todo el personal del Batallón de Infantería de Marina V “Calama”.

“Con esta dosis contra el COVID-19, además de cumplir con los protocolos y medidas de bioseguridad, podemos continuar desempeñando nuestras funciones ante la pandemia, como se ha venido desarrollando hasta la fecha”, agregó.

La autoridad naval recordó que esa repartición castrense tiene personal instruido para la lucha contra incendios forestales, el contrabando y varias actividades ilícitas, por lo que contribuye a la seguridad, la defensa y la protección de la vida humana, la flora y la fauna silvestre en la frontera con Brasil.

El alcalde de San Javier, Daniel Áñez, murió la tarde de este martes en la ciudad de la Paz, se cree que la causa fue por un paro cardiaco. La autoridad cruceña tenía antecedentes de diabetes, lo cual habría empeorado su situación.

Áñez se hospedaba en un hotel en el centro paceño, personal de Salud de la Cámara de Diputados acudió al lugar para atender a la autoridad municipal que se encontraba delicado de salud; sin embargo, minutos más tarde falleció.

“El paciente ya estaba descompensado se ha pedido el apoyo de la ambulancia, pero estaba muy delicado. Nosotros vinimos para valorar a un paciente, no que estaba en esas condiciones”, señaló el médico Wilson Quispe a la red Unitel.

De acuerdo con el galeno, áñez ya estaba deshidratado, tenía los labios morados, y se cree que sufrió una insuficiencia respiratoria; intentaron reanimarlo, sin embargo, no tuvieron éxito.

“Estaba deshidratado, vine a valorar, no un caso delicado como era el del paciente”, lamentó el galeno.

El periodista argentino Fernando Ortega Zabala, quien fue testigo de la masacre de Senkata, ocurrida en 2019, dijo que posee fotografías que demuestran que los policías y militares usaron entonces gases de industria brasileña, así como balas calibre 22 empleadas por francotiradores frente a manifestantes desarmados. Esas evidencias, fueron entregadas al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos .

El periodista, entrevistado en el programa 180 de radio Patria Nueva, realizó este martes un recuento de lo ocurrido en la masacre de Senkata, sucedida el 19 de noviembre de 2019 y de las acciones del embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García quien, según Ortega, se convirtió en un “cómplice” del régimen de Jeanine Áñez.

“Las pruebas que yo tengo (indican que) eran munición, eran gases que son de industria brasileña. Eso no me lo contó nadie, lo vi, tengo fotos, lo tengo grabado también”, aseguró el periodista quien realizó la cobertura periodística el día en que se produjo la matanza de al menos 11 civiles y heridas a 78 personas.

Añadió que también posee pruebas de que esa jornada, los uniformados utilizaron también “otro tipo de munición calibre 22 que, si bien no es de un arma reglamentaria, suelen utilizar ese calibre los francotiradores que yo creo que en Senkata, por los tiros que hubo en algunos cuerpos, también se trató de francotiradores. Hubo francotiradores”.

El reportero argentino dijo que brindó esa información y sus sustentos al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que indagó los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

Según Ortega, la Masacre de Senkata pudo estar planificada ya que él pudo evidenciar que los militares que operaron en esa matanza fueron traídos desde el norte del país, es decir, no pertenecían a ningún regimiento de El Alto o La Paz, para evitar que se presenten casos de insubordinación antes de disparar a su propia gente.

Ese traslado de militares de una región para que operen en otra región, evidencia que los jefes militares “sabían lo que iba a ocurrir” y “estaban preparados” para esos acontecimientos, agregó.

Según el periodista argentino, las evidencias del envío de material bélico desde Argentina para apoyar al régimen de Jeanine Áñez, también muestran que el golpe de Estado en Bolivia estaba planificado con anticipación y coordinación.

Consultado si recibió apoyo del embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, el reportero argentino dijo que varios colegas y familiares pidieron ayuda al diplomático pero este respondió, a través de sus funcionarios, que “no podemos hacer nada. Escondete, resistí”, por lo que Ortega concluyó que “no hubo ningún tipo de ayuda” del embajador.

No solo eso, Ortega consideró que el entonces embajador Normando Álvarez fue cómplice del golpe de Estado ya que inclusive hizo que varios periodistas argentinos salieran de Bolivia para evitar que difundan la violencia y abusos del régimen de Jeanine Áñez.