El presidente Luis Arce encomendó a los nuevos generales de la Policía Boliviana defender la democracia, el Estado de Derecho, los derechos de los ciudadanos, actuar en el marco de la Constitución Política del Estado y garantizar el orden público.

A los más de 40.000 uniformados de la institución verde olivo les pidió seguir trabajando bajo los principios de verticalidad, orden, respeto a la Ley de Leyes, lucha contra el crimen y contra la inseguridad ciudadana.

Esos encargos fueron expresados por el Mandatario durante la toma de juramento a los nuevos generales de la Policía Boliviana, los ciudadanos Máximo Jhonny Aguilera Montesinos, Orlando Vladimir Ponce Málaga y Álvaro José Álvarez Grifith.

Aguilera fue designado Comandante General interino de la institución del orden. Ponce como Sub comandante y Jefe de Estado Mayor mientras que Álvarez fue designado como Inspector General interino.  

Al respecto, el Presidente les dijo a los nuevos generales: “les encomiendo la digna e histórica tarea de defender la democracia en nuestro país y de regirse siempre bajo los preceptos y los pilares más elementales que están plasmados en nuestra Constitución Política del Estado, ustedes tienen el elevado deber y el honor de defender el Estado de Derecho, los derechos de ciudadanas y ciudadanos y, finalmente, el orden público”.

La autoridad también se dirigió a oficiales, suboficiales, clases y tropa policial al asegurar que “su trabajo será siempre valorado y visibilizado, siempre y cuando se mantenga dentro de los principios básicos que rigen su institución: verticalidad, orden, respeto a la Constitución, lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana”.

Explicó que la posesión de generales primeros se enmarca en la Ley de ascensos y carrera de generales aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras una socialización de la propuesta legal que fue diseñada por la misma Policía.

“Es algo hecho por los policías, para policías, en beneficio de la Policía”, indicó el Presidente.

Indicó que todos los bolivianos tienen la misión histórica de defender la democracia, la institucionalidad y el país ante las amenazas que tratan de poner en peligro a la Patria.

Dijo que, frente al proyecto de reconstrucción económica de Bolivia, enmarcado en la Constitución, surgen algunos sectores sediciosos que buscan “maneras antidemocráticas y anticonstitucionales de alterar la paz y la convivencia pacífica de bolivianos y bolivianas para así provocar rupturas instituciónales en nuestro país. En otras palabras, sectores antidemocráticos tratan de repetir las jornadas oscuras lamentables que vivimos en el año 2019”.

Dijo que las críticas de la oposición son buenas cuando se encuadran en propuestas pero no cuando incurren en acciones que apuntan a romper el orden constitucional.

“Policías de Bolivia, ustedes como fieles defensores del país, tienen la misión de precautelar la integridad de nuestra Patria y todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitan nuestro país”, exhortó.    

Por su parte, el general primero Aguilera, destacó la importancia de que la Policía camine junto al pueblo y que la misión de la entidad del orden es servir al pueblo.

En su discurso, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la ley de ascensos es producto de un antiguo anhelo policial que se basa en los principios de disciplina, dignidad e institucionalidad.

“La Policía Boliviana debe responder al pueblo y al país, sin colores políticos sino simplemente bajo el paraguas de la institucionalidad y de la Constitución Política del Estado”, indicó el Ministro.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este miércoles que se conformó una comisión de fiscales para investigar de oficio las circunstancias de la muerte del joven campesino, identificado como Basilio Titi, en la cuidad de Potosí.

“Hemos recibido los informes técnicos legales sobre el fallecimiento de una persona, hecho que ocurrió en inmediaciones de la calle Cobija, a unos pasos del centro de salud CIES. De forma inmediata hemos actuado a través del Fiscal de Delitos contra la Vida y se conformó una comisión; el caso ya está en proceso de investigación, porque necesitamos saber qué es lo que ocurrió”, dijo Choque.

Según un reporte institucional, se realizó la autopsia de ley en la que participaron los familiares de la víctima y la Defensoría del Pueblo, además de autoridades departamentales, durante la madrugada.

Explicó que, además, se realizará una serie de “actuados investigativos”, como la toma de entrevistas y verificación de cámaras de todo el sector, cuyo requerimiento ya se realizó.

Por su parte, la médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Potosí, Gisela Ramírez, señaló en el examen externo se evidenció lesiones a nivel del rostro compatibles con una contusión sobre superficie contusa, es decir por caída.

Además, indicó que a nivel de la extremidad inferior se evidenció una “lesión compatible por caída; a nivel interior se verificó infiltrados en el cuero cabelludo que son compatibles con caída; a nivel de las vías aéreas se evidenció la presencia de un bolo de coca, en importante cantidad que ha obstruido el ingreso de aire hacia los pulmones, lo que ocasionó que la persona fallezca, siendo la causa de muerte asfixia por bronco aspiración y lesiones compatibles por caída”, indica un boletín institucional.

El abogado de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Miguel Castaños, cuestionó este miércoles que el actual alcalde de La Paz, Iván Arias, no haya presentado una denuncia por el sobreprecio en la adquisición de los buses PumaKatari.

Indicó que solicitaron a la Alcaldía un informe sobre el trámite de licitación de los buses y otros documentos, mismos que debían ser presentados en 48 horas, plazo que vence este miércoles. Advirtió que, en caso de no recibir ese informe, como parte querellante podrían denunciar al burgomaestre paceño y otros funcionarios públicos por encubrimiento.

“¿Por qué el señor, el actual alcalde (Iván) Arias no ha hecho la denuncia por los actos de corrupción contra el señor (Luis) Revilla (…)? Hemos solicitado los informes respectivos, en este caso al alcalde, y si no presenta en 48 horas, vamos a ampliar (la denuncia) por encubrimiento, al alcalde y a los funcionarios”, indicó Castaños a Bolivia Tv.

El 18 de octubre, el representante de la Fejuve, Jesús Vera, presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra del exalcalde Luis Revilla por presunto daño económico y sobreprecio en la adquisición de buses Pumakatari.

Según la denuncia de la Fejuve, Revilla y otros cinco exfuncionarios municipales están implicados en la adquisición con supuesto sobreprecio de 61 buses PumaKatari, que generó un daño económico de más de Bs 26 millones.

El Ministerio Público investiga los procesos de contratación, adjudicación y recepción de los buses, desde la gestión 2012 hasta 2020. Según la documentación presentada por la parte denunciante, el daño económico sería de Bs 26,72 millones.

Según el informe del Ministerio Público, además, existe un sobreprecio en la compra de repuestos y otros artículos para los buses, como ser televisores. En la denuncia se detalla que Revilla autorizó la compra de televisores a un costo de Bs 6.500, cuando el costo real no debería ser mayor a $us 100.

Revilla tiene una orden de alerta migratoria en el marco de las investigaciones que se siguen por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La diputada Ninoska Morales denunció que Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y otros cívicos impulsan bloqueos porque “quieren un nuevo golpe de Estado” por lo cual impulsan a grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para agredir a transeúntes que quieren trabajar.

La legisladora, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, indicó que esos grupos violentos afines a los dirigentes cívicos cruceños reciben el apoyo logístico de la Gobernación cruceña, presidida por Camacho, uno de los principales impulsores del golpe de Estado de 2019.

“Quieren volver a hacer un golpe de Estado porque no pudieron ganar en las urnas”, indicó.                  

El objetivo de “Rómulo Calvo (dirigente cívico cruceño) y Luis Fernando Camacho (Gobernador) es desestabilizar el país”, indicó la entrevistada, para luego asegurar que para cumplir ese su objetivo, movilizan grupos de choque para generar violencia.

“Grupos de la Unión Juvenil Cruceñista, armados de palos y petardos, salen a agredir y amedrentar a la población para que no salga a trabajar. Se trata de grupos irregulares que rompen parabrisas de vehículos, cobran dinero en los puntos de bloqueo y pinchan llantas especialmente en horas de la noche”, indicó.

“Ellos (cívicos), están llamando otra vez al golpe de Estado” y utilizan a grupos paramilitares para golpear a la gente, indicó.

Lamentó que diariamente se generen pérdidas millonarias debido al paro en algunos sectores y que la gobernación cruceña impulse esas acciones de protesta mientras carece de proyectos de desarrollo departamental.

La legisladora dijo que las leyes observadas por los cívicos no afectan en lo absoluto a gremiales o transportistas. Sin embargo, dijo que el Legislativo está dispuesto a escuchar las observaciones a las normas y hasta modificar algunos aspectos de esas disposiciones jurídicas.