La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, Susana Ríos, anunció este jueves una investigación para esclarecer la presunta retención ilegal de equipos e insumos para contener el coronavirus durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y pidió celeridad en los casos de respiradores chinos y españoles adquiridos con supuesto sobreprecio.

“Lastimosamente y es de conocimiento público, en el tema de gestión de insumos hemos tenido deficiencias bastante importantes como conocemos, equipamiento que no llegó, insumos que no llegaron, material de bioseguridad que no llegó, que se quedó quién sabe dónde, toda esa información hay que volverla a recabar y lo que haya que retomar se retomará”, señaló Ríos, citada en un boletín institucional.

La Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción manifestó que se espera que el proceso de investigación por la compra de respiradores con sobreprecio sea esclarecido oportunamente a fin de evitar que se pierdan elementos.

“El proceso puede tardar mucho tiempo y si las entidades no ponen impulso van a tardar más; el riesgo es que se vayan perdiendo ciertos elementos y si queremos llegar a la verdad histórica de los hechos tenemos que tener los hechos concretos lo antes posible a disponibilidad del Ministerio Público”, dijo.

En 2020, en medio de la primera ola de la pandemia por coronavirus, el régimen de Áñez realizó la compra de 170 ventiladores españoles y de 324 equipos de fabricación china con empresas intermediarias e indicios de sobreprecio en millones de dólares.

“Lo que necesitábamos en ese momento eran respiradores, lo que se compró fue ventiladores, no tienen las características de un equipamiento de terapia intensiva, son para el tratamiento ambulatorio”, explicó.

Ríos manifestó que la investigación que desarrolla la Fiscalía, basada en indicios y pruebas, debe reflejar la verdad de los hechos y observó que en ambas compras existen importantes similitudes.

“Son procesos muy similares por el modo en el que se han procedido a las compras, porque en ambos casos se utilizan intermediarios, se han identificado sobreprecios importantes y se ha tratado de hacer un justificativo que es poco transparente, en un momento en que la población estaba requiriendo estos equipos para salvar vidas”, remarcó la Viceministra.

Respecto a la posible relación entre quienes ejercían el poder en ese periodo de tiempo y las empresas intermediarias, manifestó que ese extremo también debe ser establecido a través de las pericias que se realicen.

“El hecho de que supuestamente hubiese o no una relación entre el intermediario o alguna persona dentro del proceso de contratación, es un elemento más que se añade a las posibles conductas delictivas que se podrían identificar en el proceso de investigación”, subrayó.

Sobre la decisión de la Fiscalía de imputar a la exministra de Salud Eidy Roca, la Viceministra recordó que las máximas autoridad ejecutivas (MAE) de cualquier entidad del Estado, son las que deben garantizar que se cumplan los procesos de control en todo tipo de adquisición, más al tratarse de erogaciones importantes y cuando se pone de por medio la salud de la población.

El presidente Luis Arce informó que a las 15.30 del viernes llegará al país una aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) transportando 23 toneladas de medicamentos procedentes de China para combatir el COVID-19.

“Comunicamos al pueblo boliviano que hrs 15.30 de este viernes, arribará desde China a #CBBA un avión de @BOA con 23 toneladas de medicamentos para combatir la COVID-19. Aseguramos el acceso a los medicamentos y a la salud para las bolivianas y bolivianos. #VamosASalirAdelante”, escribió este jueves en su cuenta de Twitter.

El avión de la aerolínea estatal aterrizó la mañana de este jueves en el aeropuerto internacional de Pekín, China, para cargar las 23 toneladas de medicinas que serán transportadas hasta Cochabamba.

El Estado Plurinacional recibió la mañana del miércoles un lote de 500.000 vacunas Sinopharm contra el COVID-19 que fueron transportadas desde China en un vuelo de BoA, con el objetivo de comenzar el proceso de inmunización masiva en el país.

Una cantidad de 158.969 dosis está destinada a beneficiar a 79.089 personas con cáncer, con problemas renales y otras enfermedades de base en el marco de la lucha contra el COVID-19 en todo el país.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este jueves que esa cartera de Estado cumplió con la Rendición Pública de Cuentas Final 2020, en la ciudad de Santa Cruz, donde se demostró que el régimen de Jeanine Añez ejecutó sólo el 57,5% del presupuesto asignado para la gestión pasada e incumplió el 85% de los compromisos asumidos sobre diversas temáticas.

"Los compromisos asumidos por el propio gobierno de facto, o podemos llamarlo ahora el gobierno nefasto, nos demuestran que nunca les interesó la gestión de gobierno”, afirmó, citado en un boletín institucional.

La autoridad gubernamental expresó que también se detectó falta de profesionalismo de las personas que asumieron cargos en el Ministerio de Gobierno durante el régimen de Añez, puesto que se les aplicó un examen y “el 98 por ciento se aplazó con un 5 por ciento o un 3 tres por ciento de resultados, y no sabía qué actividades realizaba en la entidad estatal”.

Además, Del Castillo mencionó que en esa cartera de Estado se encontró una estructura de persecución policial en noviembre del año pasado, porque existía grupo minúsculo de efectivos de la entidad del orden que sembraba pruebas para procesar por la vía penal a quienes “no comulgaban con el gobierno de facto”.

Algo similar ocurría con funcionarios que cumplían la misma labor en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y en la Dirección de Migración, complementó.

“Encontramos 42 procesos penales iniciados con fines políticos de enjuiciar y meter a la cárcel a quienes pensaban diferente, quienes fueron perseguidos ilegalmente, porque se creó un aparato de persecución política a través de Migración, y hemos cesado esta persecución iniciada por el señor (Marcel) Rivas. Se tenía una lista de 491 personas con alertas migratorias injustificadas y el Segip remitió una lista de 592 personas de todas las tarjetas prontuarias, para perseguir políticamente y reprimir”, detalló.

El director de Planificación de esa cartera de Estado, Roberto Ríos, indicó que sólo seis de los 38 compromisos articulados a similar cantidad de resultados en el régimen de Añez fueron asumidos, es decir un 15%, por lo que se incumplió con el 85%.

“Es una clara muestra de que se han dedicado a perseguir y criminalizar, en vez de cumplir con sus roles como funcionarios públicos”, aseveró.

En respuesta a tales problemas, el Ministro de Gobierno explicó que comenzó a trabajar y reconstruir todos los planes y los proyectos abandonados durante el régimen de Jeanine Añez y su antecesor, Arturo Murillo, por lo que logró entablar reuniones de coordinación con todos los actores que comprenden la seguridad del Estado, para solucionar conflictos mediante la mediación y la gestión porque “antes, lo único que sabían era meter palo, bala y meter a las cárceles a la gente que pensaba diferente”.

Señaló que actualmente se realizan las propuestas para modificar la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y la entrega de equipamiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

“Se reactivó el Plan BOL 110, se aprobó el Decreto Supremo 4419 para anular las multar a los chóferes que circularon sin autorización durante la cuarentena, y se recuperó el modelo de erradicación y concertación de la coca”, agregó.

La autoridad estatal manifestó que en los últimos tres meses se creó la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, que generará un ahorro de $us 3 millones por año al Estado; se conformó el Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancia Controladas, Coca Excedentaria y Prevención de Consumo de Drogas, junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; y se reactivó el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos.

Además, indicó que el Ministerio de Gobierno continúa en la gestión del proyecto de Decreto de Indulto y Amnistía, además del seguimiento a ocho procesos de corrupción cometidos en la gestión de Arturo Murillo, como la compra de proyectiles de gases lacrimógenos, en la que “le robó al pueblo boliviano más de 7 millones de bolivianos”, y de equipos de seguridad para el Comando Estratégico, que también tuvo un direccionamiento deshonesto, entre otras tareas.

“Siempre vamos a garantizar transparencia e institucionalidad dentro del Ministerio de Gobierno, es por eso que continuamos las investigaciones y los procesos de auditoría, es por eso que las próximas semanas saldrán los siguientes resultados para seguir comunicando al pueblo boliviano que este gobierno de facto, que nunca más puede volverse a repetir en nuestra historia, no va a cometer nunca más persecución política, no va a perseguir a la gente, no va a asesinar a la gente que piensa distinto y tampoco se va a robar los recursos del pueblo boliviano”, concluyó.

El Gobierno informó este jueves que suscribió un contrato con la empresa China Meheco Group para la compra directa de medicamentos destinados a combatir el COVID-19. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, anunció en su cuenta de Twitter: “Informamos que hemos negociado y suscrito contratos con la empresa China #MEHECOGroup para la provisión directa de medicamentos para combatir el COVID-19. En las próximas horas una nave de BOA arribará con 22.979 kg. de fármacos para el pueblo boliviano”.

La autoridad gubernamental explicó que, producto del acuerdo, en las próximas horas un avión de Boliviana de Aviación (BoA) llegará con 22,9 toneladas de fármacos para hacer frente al coronavirus.

La compañía China Meheco Group es líder en la fabricación de productos farmacéuticos de calidad como mascarillas KN95 y otros. La empresa vendió insumos a varios países.