Los aprehendidos por el Ministerio Público en el caso golpe de Estado que permanecen privados de libertad, se encuentran en condiciones de pleno apego a los estándares del debido proceso establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y tratados internacionales de Derechos Humanos, señala una nota de prensa del Ministerio de Justicia.

El cumplimiento de estos requisitos ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado.

“Al respecto, la información aportada por el Estado da cuenta de que las personas detenidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública, y según lo documentado, han renunciado al auxilio jurídico estatal por contar con la representación técnica de confianza, conservando su derecho de ser auxiliados por personal de Defensa Pública”, señala el documento de la CIDH.

La Comisión también señala que la Fiscalía General “hizo público que las resoluciones de aprehensión fueron emitidas en atención a la ley y sin que se hayan vulnerado los derechos de las personas detenidas”.

Prevención

De acuerdo con información de la Dirección de Régimen Penitenciario, los aprehendidos en este caso, han sido recibidos en los recintos con estrictas medidas de prevención como parte del Plan de Contención Frente al Coronavirus.

Según este protocolo, la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus dos colaboradores, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, cumplen con un procedimiento que consta en una revisión médica permanente durante 14 días como mínimo.

Respecto a Áñez, esa instancia ha establecido que en cuanto manifestó un cuadro de presión alta, el equipo médico a cargo de la vigilancia de internos la atendió rápidamente hasta que fue estabilizada.

La Dirección de Régimen Penitenciario verificó con la abogada de la interna y la representación de la Defensoría del Pueblo que no era necesario algún traslado a una clínica.

En ningún momento se han restringido los derechos a comunicación de los internos ni el contacto con sus abogados y se cumplen todos los pasos y requisitos de un debido proceso.

El vocero Presidencial, Jorge Richter, detalló los hechos concretos que ocurridos en 2019, que determinan que en Bolivia se produjo un golpe de Estado, bajo una narrativa de fraude.

En su criterio, uno de los hechos que iniciaron un golpe de Estado en el país fue la realización de cabildos, además del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hizo público hace dos años un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

“La presencia de la Organización de Estados Americanos, con un relato de fraude, que no lo han probado en un año, y finalmente las horas previas a la lo que han denominado sucesión constitucional”, dijo en una entrevista con Red Uno.

“Esa sucesión constitucional es el rótulo para poderse presentar decorosamente ante la comunidad internacional y ante la misma sociedad boliviana”, agregó en alusión al gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Richter señaló que si se quería respetar la sucesión constitucional se debió aplicar el reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica que ante la ausencia del Presidente, Vicepresidente y presidentes del Senado y Diputados, se debió convocar a la Asamblea para elegir una nueva directiva.

“Todas esas autoridades habían renunciado; entonces tienes que recomponer las directivas y el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Senadores te dice, que el presidente, primer vicepresidente y tercer secretario le corresponden al bloque mayoría; la tercera vicepresidencia al bloque minorías. La señora Áñez era del bloque de la minoría, nunca hubiese podido ser presidenta del Senado por eso no reúnen las cámaras”, indicó.

Sostuvo que la única función de Áñez como senadora en esos momentos de vacío de poder era “reunir a la cámara para recomponer la directiva, de acuerdo a lo que dice el reglamento”.

El Ministerio de Salud y Deportes informó este miércoles que la cifra de inmunizados con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ascendió a 140.532; mientras que los vacunados con la segundad dosis suman 10.061.

El reporte de esa cartera de Estado detalla que Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de inmunizados con la primera dosis, con 36.578 vacunados. Le siguen La Paz, con 33.655; Cochabamba, con 25.442; Chuquisaca, con 11.599; Tarija, con 10.116; Oruro, con 7.344; Potosí, con 7.164; Beni, con 6.435; y Pando, con 2.199.

También indica que los inmunizados con la segunda dosis de la vacuna ascendió a 10.061, siendo Santa Cruz el departamento que tiene la mayor cantidad de beneficiarios, con 2.159. Le siguen La Paz, con 1.918 y Cochabamba, con 1.664.

El presidente Luis Arce destacó el lunes pasado el compromiso de la Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Mayor de San Simón, Universidad Autónoma del Beni, y de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, por su compromiso con la lucha contra el COVID-19 y su apoyo a la campaña de vacunación masiva.

El 24 de febrero, un avión Boeing 767 de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz, con un lote de 500.000 vacunas Sinopharm, dando paso a una nueva etapa de vacunación masiva y gratuita contra el COVID-19.

El presidente Luis Arce visitó este miércoles la ciudad de Cochabamba para inspeccionar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), el cual tiene progreso físico de 87,3% y un avance financiero de 78,5%.

El proyecto comprende un sistema completo de 13 modernos radares instalados en distintos lugares del país, con el objetivo de fortalecer la soberanía del espacio aéreo boliviano, según señala un boletín institucional del Ministerio de la Presidencia.

Mediante este sistema también se prevé precautelar la seguridad, estableciendo los procedimientos de interceptación de aeronaves civiles y el empleo de la fuerza contra aquellas declaradas infractoras, ilícitas u hostiles.

A su vez, el proyecto permitirá mejorar la protección de los recursos estratégicos y la intervención aérea ante desastres naturales.

De acuerdo al informe de la empresa francesa Thales, a cargo del proyecto, el centro de comando y control del Sidacta está enlazado con el satélite boliviano de telecomunicaciones Túpac Katari y cuenta con un enlace terrestre alterno de fibra óptica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de contar con centros de excelencia, salas de control de radares civiles y militares, salas de crisis y capacitación, entre otros ambientes.

El Sidacta será administrado por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con el apoyo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Aeronavegación (Aasana).