Un compromiso es una obligación contraída. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, lo asumió el domingo 8 de noviembre del 2020, día de su posesión: “Vamos a reconstruir la patria que amamos”.

Un escenario marcado por una crisis multisectorial es lo que Luis Arce tuvo que enfrentar para reactivar Bolivia. Pasaron 181 días de su gobierno y los desafíos continúan.

Posesionado el domingo 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional y con un apoyo nacional en las urnas, aplicó medidas para contrarrestar una triple crisis en busca de la reconstrucción de Bolivia y su estabilidad tras el golpe de Estado de 2019.

El 18 de octubre de 2020, logró el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Seis meses de reconstrucción

El mandatario cumple este sábado seis meses de gestión con avances en la reconstrucción de la democracia, la lucha contra la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 y la recuperación ante la crisis económica, mandatos del pueblo boliviano.

El politólogo y vocero presidencial, Jorge Richter, asevera que el escenario nacional actual, a diferencia del régimen de Áñez, genera certidumbre al pueblo boliviano en diferentes áreas de preocupación nacional.

“Lo que se generó es fundamentalmente marcar la agenda del Gobierno en sus primeros días. Ahora, ya de manera evaluativa, en los primeros seis meses en lo que hace a la economía tenemos unas cifras que conocimos hace unos cuantos días donde la tasa de desempleo se movió de forma positiva. Esto quiere decir que fue reduciendo y que se está generando nuevamente actividad económica”, dijo, en entrevista para ABI.

Durante el primer trimestre de 2021, la tasa de desempleo en el Estado Plurinacional llegó, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al 8,69%, es decir, menor a lo registrado durante el pico más alto en la primera ola de la pandemia del COVID-19, 11,56%, una de las más altas de los 14 años.

El Gobierno nacional perfila ahora un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 4,8% para este año; prioriza la inversión pública para reactivar la economía del país, reduce el gasto corriente y garantiza los bonos sociales para fortalecer la redistribución de ingresos. Con ese fin, puso en vigencia la Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021. La norma garantizó el presupuesto para la compra de vacunas ya que destina el 10% para salud.

“Se recibió un país que había decrecido (en el PIB) en el orden del 11 por ciento; hoy en día, tenemos unas perspectivas para la presente gestión que superarán un crecimiento del 4 por ciento, esto está en la Ley del Presupuesto General del Estado; pero, también, otros organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional hablan de un crecimiento que se acerca al 5 por ciento. Nos interesa la proyección nuestra y, en esa perspectiva, podemos decir que acompañan algunas otras variables que nos hacen mirar esto con un moderado optimismo”, aseveró.

La inscripción de empresas, que entre enero y octubre de 2019 fue de 16.011, a octubre de 2020 cayó en 26%. También, cayeron las exportaciones y las importaciones en aproximadamente 30%. La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%, de $us 3.272 millones en 2019 a $us 1.107 millones. Y, la deuda interna del Tesoro General de la Nación pasó de $us 5.950 millones en octubre de 2019 a $us 9.457 millones en similar periodo en 2020.

El Programa Fiscal Financiero 2021 establece como una de las metas macroeconómicas la inflación de fin de período en torno al 2,6% y un déficit fiscal de aproximadamente 9,7% del PIB, además de retomar las políticas redistributivas y de protección social implementadas por el Gobierno nacional a través de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, entre otros.

Ante ese escenario, el gobierno de Arce aplicó, como una de las primeras medidas, el Bono Contra el Hambre que benefició a más de 4 millones de bolivianos. Consiste en un pago único de Bs 1.000 a personas mayores de 18 años al 16 de septiembre de 2020 y menores a 60 años al 01 de marzo de 2021.

La crisis sanitaria causada por la pandemia en el país provocó que otra de las acciones gubernamentales se enfoque en el tema salud. El vocero presidencial destaca los tres pilares de la lucha contra el COVID-19 en el gobierno de Luis Arce. Bolivia pasó de una época de la restricción total en la primera ola a una de acciones directas, con pruebas y vacunación masiva para garantizar la vida de los bolivianos.

El primer pilar está basado en el testeo masivo para identificar los contagios y disminuir la letalidad. El diagnóstico temprano permite atacar la enfermedad en sus primeras manifestaciones y no cuando los daños son severos y, en muchos casos, irreversibles.

El segundo pilar de esta estrategia estuvo basado en la gestión de las vacunas. El Gobierno asumió en 2020 como una prioridad la vacunación universal, gratuita y voluntaria contra el COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años.

El tercer pilar del plan estratégico es la coordinación con todos los niveles subnacionales de gobierno. Se caracteriza por el trabajo en conjunto, coordinado y asumiendo las competencias que tienen cada nivel gubernamental sin distinciones políticas.

“Tenemos el proceso de vacunación que no se interrumpe, que avanza. Sin duda, podemos señalar que quisiéramos ir más rápido; pero, lo importante es que hay vacunas para nuestro sector más crítico: las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedad de base y ya pronto empezará la vacunación para los 50 años para adelante. Es importante poder vacunar y no interrumpir este proceso”, dijo.

Aseguró que, de manera paralela y a diferencia del pasado, Bolivia impulsa una campaña internacional para que países desarrollados que concentran más vacunas de las que necesitan permitan distribuirlas equitativamente a los países con mayor necesidad y efectos de la pandemia.

La iniciativa nacional incluye, además, que empresas farmacéuticas lleven a dominio público las patentes de diagnósticos, medicamentos y vacunas o emitir autorizaciones voluntarias oportunamente para lograr un acceso real a las mismas por parte de todas las naciones sin excepción.

“El mundo tiene dos cuellos de botella muy importantes: la producción de vacunas y la distribución con la debida proporcionalidad que debiera existir. Bolivia está levantando su voz en el contexto internacional. Señala la criticidad de lo que significan cantidades pequeñas de vacunas a las cuales se puede acceder y que también se levanten las patentes para entrar en una lógica de fabricación industrial y podamos abastecernos”, explica.

Jorge Richter incluye otra área de acción en beneficio de las familias bolivianas: la educación. El 1 de febrero, se dio inicio a la gestión educativa con la puesta en marcha del proyecto de la plataforma virtual. Desde entonces, las clases son transmitidas por televisión, radio y a través de la entrega de textos oficiales para fortalecer la modalidad a distancia.

En el gobierno de Luis Arce, Bolivia instituyó el 2021 como el Año de la recuperación del derecho a la educación, con la aprobación del Decreto Supremo 4449. La medida se aplicó luego de que el régimen de Jeanine Áñez decidiera, en agosto de 2020, clausurar el año escolar.

“Con todas las dificultades que plantea la pandemia, los niños, las niñas, nuestros jóvenes están pasando clases. Podríamos decir que no es el modelo ni la forma óptima, pero tienen clases. Tienen formación y, seguramente, habrá que mejorar”, dijo.

Un cuarto escenario de avance en estos seis meses de gobierno es el retorno a la institucionalidad democrática tras los hechos de 2019 y una crisis política manifestada en los conflictos poselectorales.

“El país volvió a la institucionalidad democrática. Todas nuestras autoridades, como nunca debió dejar de ser, son electas o son el resultado de la voluntad popular y esto es absolutamente importante. No importa el color político, importa que la lógica institucional, democrática y electoral se haya impuesto como forma prioritaria de elegir a nuestras autoridades”, resaltó. 

En marzo, en un ambiente democrático, los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De este total, 583 son autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales.

Si bien la votación fue el 7 de marzo, se tuvo una jornada de balotaje el 11 de abril con repetición de votos en La Paz el 25 de abril. La posesión de autoridades se dio en acto único este 3 de mayo para evitar que el 2026 se presenten dificultades por tiempos de mandato entre autoridades municipales y departamentales.

El esclarecimiento de los hechos violentos en diferentes regiones como Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto también es uno de los elementos prioritarios para el Gobierno. En estos seis meses de gestión, destacan los avances en las investigaciones del conflicto postelectoral de 2019.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) se encuentra en el país en su segunda etapa de investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Hoy, 8 de febrero, tiene agendado la toma de testimonios individuales a las víctimas de la masacre de Senkata en El Alto.

El Gobierno boliviano proporcionó información a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga esos hechos, por lo que el GIEI-Bolivia continúa trabajando en el país.

“La investigación de lo sucedido en noviembre del 2019 es absolutamente fundamental y no olvidamos lo que significó esa construcción narrativa del fraude, sobre la cual articularon todas las medidas de movilizaciones sociales, que les permitieran a ellos (régimen de Áñez) validar la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para deponer al entonces presidente Evo Morales y al entonces vicepresidente Álvaro García linera”.

En noviembre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público un informe preliminar en el que cuestiona la transparencia de las elecciones presidenciales cuando aún continuaba el conteo de votos y no se tenían resultados finales.

Esa situación provocó, en esa gestión, movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida de Evo Morales del Gobierno, quien denunció el golpe de Estado. La entonces senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia y aplicó un régimen con hechos de violencia.

“En esa perspectiva, se están investigando estos temas y, fundamentalmente, ahora con la designación del embajador (exministro de Justicia, Héctor Arce) ante la OEA (Organización de Estados Americanos) tendremos un mecanismo para acelerar y para buscar la verdad que el país necesita”, manifestó.

Tareas urgentes

Jorge Richter considera que el gobierno de Luis Arce superó la peor etapa de la crisis política, por lo que ahora se debe enfatizar también en generar estabilidad social y económica.

“Es importante que ahora el país encuentre un tiempo de crecimiento económico, de tranquilidad social y esto también hay que trabajarlo, no sólo desde el Gobierno central, sino también desde el ánimo en la convicción de las conductas que deben ser profundamente democráticas de las regiones y de los gobiernos locales”, aseveró el Vocero presidencial.