El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este martes que el Ministerio Público conformará una “Comisión Extraordinaria de Análisis” para la implementación de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentadas en su informe final sobre los hechos luctuosos acontecidos en 2019.

“De inmediato vamos a conformar las comisiones para implementar las recomendaciones que planteó el grupo de expertos internacionales. Inicialmente vamos a conformar una Comisión Extraordinaria de Análisis para que, de manera prolija, lleven adelante la revisión y la implementación de cada una de las recomendaciones”, sostuvo, según un comunicado.

El Fiscal General aseguró que desde esa instancia se impulsará el juicio de responsabilidades en el caso de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), en el marco de la Ley N° 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público).

“En ese sentido, nosotros vamos a impulsar el juicio de responsabilidades en el caso de Senkata y Sacaba”, sostuvo.

Durante la presentación del informe del GIEI, Patricia Tappatá Valdez, recomendó que el Ministerio Público deba considerar los planes de investigación que se sugieren en el documento y evaluar la posible asociación de casos para desarrollar una estrategia, eficaz y ágil en los trabajos, contemplando todos los niveles de responsabilidad.

Tras la presentación del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos luctuosos acaecidos en 2019, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que seguirán las recomendaciones realizadas sobre la reparación integral a las víctimas y el desbaratamiento de organizaciones irregulares y grupos parapoliciales.

“Lo que nos está pidiendo esta Comisión Internacional es que recuperemos la verdad, que vayamos en camino a la justicia, pero también una reparación integral a las víctimas de Senkata, Sacaba, Montero, Huayllani, toda la zona Sur del departamento de La Paz”, dijo.

El ministro aseveró que se continuarán con las investigaciones contra los responsables que vulneraron la ley, así como la participación de aquellos efectivos policiales y militares durante el golpe de Estado de 2019.

“El GIEI ha sido taxativo, ha sido claro y manifiesta que lo que ha habido en el territorio nacional han sido ejecuciones sumarias, básicamente se ha perseguido a quienes pensaban distinto por temas raciales y por temas ideológicos y si nosotros permitimos que exista impunidad dentro del territorio nacional, lo único que vamos a fomentar es que en un futuro vuelva a suceder esto. No queremos más impunidad, queremos justicia para aquellas personas que perdieron la vida”, señaló en un comunicado institucional.

Del Castillo señaló que continuará desarticulando grupos parapoliciales e irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala, pues “han causado zozobra, terror y múltiples lesiones a estantes y habitantes de nuestra hermosa patria, y no solo es un mandato del GIEI, sino un mandato que ya había realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019”.

De acuerdo con el informe del GIEI se perpetraron masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, actos de racismo y graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia.

Al menos 38 personas perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó este martes que, según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se violó los derechos humanos de las víctimas en las masacres de Sacaba, Senkata y Montero, con conductas racistas, patriarcales y sexistas.

"Estas violaciones a los derechos humanos, en gran parte, se han dado con una conducta no solamente racista sino patriarcal, sexista de abuso, de insulto", dijo tras la presentación y entrega del informe final del GIEI al presidente del Estado Luis Arce.

Señaló que, de acuerdo con este informe, en noviembre de 2019 se identificaron agresiones sexuales y acosos, que el Gobierno "rechaza de manera contundente", a mujeres al momento de ser apresadas.

"Una de las recomendaciones del GIEI justamente tiene que ver con desmontar el patriarcado, con desmontar esta violencia machista con las que se reproducen este tipo de vulneraciones a los derechos humanos en nuestro país; especialmente, como se hacía énfasis en la presentación del informe, hacia mujeres indígenas, hacia mujeres pobres, hacia mujeres de pollera", señaló.

Enfatizó que las autoridades nacionales trabajan en la búsqueda de justicia para las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y Montero (Santa Cruz)  desde el primer día que asumieron el Gobierno.

Esta mañana, el GIEI presentó su informe final, a las autoridades del Estado boliviano, sobre los hechos de violencia ocurridos durante 2019 en las regiones mencionadas, en un acto, realizado en instalaciones del Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente Luis Arce recibió este martes el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo, en un acto realizado en el Banco Central de Bolivia que tuvo un emotivo minuto de silencio en homenaje a los caídos en los hechos de violencia de la ruptura constitucional.

Asimismo, instó también al Ministerio Público a que implemente las acciones judiciales recomendadas en el documento.

El primer mandatario sustentó la demanda en el criterio de que los hechos y argumentos legales expuestos por el informe final del GIEI demostraron con claridad de que en Bolivia se dio un golpe de Estado.

Además, manifestó que el documento dejó constancia de que en la ruptura del orden constitucional hubo “graves violaciones a los derechos humanos”, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto.

“Este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada patria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ni en ninguna parte del mundo”, acotó.

Por otro lado, el jefe de Estado anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI-Bolivia, según los principios de la institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado.

“Derogaremos el Decreto Supremo 4461, estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Asimismo, siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, aseveró.

Arce recordó que la historia convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia y expresó el deseo de que todas las fuerzas políticas asuman la responsabilidad del caso que se traducirá en un compromiso con la democracia.

“Cada hombre que perdió la vida en estas masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado mismo, y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia”, añadió.

El mandatario parafraseó, por último, una de las expresiones más célebres del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, para recordar que en el caso del golpe de Estado de 2019 “no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”.