El vocero presidencial, Jorge Richter, sostuvo este domingo que los mismos grupos minoritarios que planificaron y ejecutaron el golpe de Estado de 2019, están en proceso de rearticularse y pretenden llevar adelante una similar estrategia de desestabilización con el objetivo final de alejar del gobierno al presidente Luis Arce.

Richter identificó a sectores políticos y económicos poderosos como los responsables de todo ese entramado.

“Focalizan todos sus esfuerzos en entorpecer el camino a la reactivación económica; quieren que en algún momento la gente crea que la crisis social y económica, que ellos generan, es culpa del Gobierno nacional. De esa manera piensan facilitar la desestabilización y, eventualmente, el desalojo del presidente Arce de la presidencia”, señaló según una nota de prensa.

Durante una entrevista en el programa “Las 7 en el 7” del canal estatal, Richter fue enfático y explícito al señalar que “el objetivo final no es otro que el de retirar del ejercicio de sus funciones al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca (…), quieren reducir y volver a marginar a todos los movimientos sociales para logar impunidad y controlar, otra vez, la economía del Estado”.

El portavoz realizó una extensa interpretación de la coyuntura actual del país que el lunes enfrentará un paro cívico organizado y convocado por autoridades regionales y militantes cívicos y políticos que participaron activamente en la crisis de 2019.

“Volvieron a agrupar a sectores empresariales poderosos, instrumentalizan sus alcaldías, sus gobernaciones, sus espacios de poder. Quieren generar elementos de indignación social para lograr una movilización masiva; no van a reparar metodológicamente en afectar la reactivación económica, porque a ellos no les importa el estado del país, y mucho menos la situación particular de las familias”, agregó.

Incidió en que el paro del lunes y las recientes movilizaciones regionales en rechazo de la Ley Contra las Ganancias Ilícitas, y otros motivos, son pretextos para ahondar en la desestabilización.

“Quieren generar una indisposición en el ánimo social. Quieren que la población olvide o pase por alto que el Gobierno nacional redujo la tasa de desempleo, logró mejorar sustancialmente las exportaciones, la productividad y volvió a la política de redistribución de las riquezas”, dijo.

Advirtió también que “el pueblo no le cree a la oposición, la gente está preocupada por la inestabilidad, pero no está dispuesta a volver a vivir la violencia y a la crisis permanente”.

El vocero Presidencial, Jorge Ritcher, señaló este domingo que Bolivia vive un primer año de la recuperación de la democracia, en un nuevo tiempo democrático, tras el golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019 y un régimen de facto que gobernó en 2020.

“En nuestro país hubo un golpe de Estado, hubo una ruptura constitucional, y estamos en el primer año de la recuperación de la democracia, del nuevo tiempo democrático”, dijo en una entrevista en el programa “Las 7 en el 7” de la televisora Bolivia Tv.

La autoridad explicó que “en términos normales” se hablaría de 39 años de democracia en Bolivia, situación que está siendo manejada por muchos opositores, intentando incluir el paréntesis democrático que se vivió en 2020.

“Yo podría señalar que son en realidad 38 años de democracia que estamos viviendo; fueron 37 y se interrumpieron, y este es el primer año de la recuperación de la democracia, esta es nuestra historia”, remarcó.

Recordó que en 2019 hubo un golpe de Estado y señaló que el hacer ciertas relaciones sobre el instante democrático, haciendo referencia a que Bolivia se encontraría en el “peor momento de su democracia”, no tiene asidero, ya que cuando se desató la ruptura constitucional e interrupción de la democracia, fue con la presidencia de facto de Jeanine Áñez.

“Ahora seguramente vamos a discutir en las siguientes horas, a raíz de esta fecha emblemática, sobre el vacío de poder, sobre la sucesión constitucional que fueron figuras creadas artificialmente para validar un conjunto de metodologías violentas por fuera de la Constitución Política del Estado”, indicó.

Ritcher dijo que el momento complejo que vivió Bolivia fue cuando el grupo de actores políticos del “noviembrismo”, generaron una ruptura institucional e instalaron un gobierno de facto, no constitucional.

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, aseguró este domingo que el paro cívico, convocado por la gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico, no tiene ninguna reivindicación social más que la impunidad de los responsables del golpe de Estado de noviembre de 2019, que desembocó en la masacre de 38 bolivianos en Senkata y Sacaba.

“Las personas que han masacrado, los responsables de que se haya roto el orden institucional de repente ahora, hechos a los angelitos, sin defensa legal posible a lo que recurren es a operaciones políticas, ese es el paro que están tratando de llevar adelante, que es un paro que no tiene ninguna reivindicación social por detrás, que grita los cuatro vientos que quiere impunidad, que después de haber cometido delitos no quieren que se les investigue, que se les procese”, aseveró.

La autoridad, entrevistada en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv, indicó que ante ese tipo de ataques el pueblo responde con hechos constructivos, como las propuestas de reactivación de la economía del país.

“El mal gobierno de Jeanine Áñez y la pandemia han debilitado nuestra economía, y esa es la preocupación de la gente, no un paro que va a significar más de 100 millones de dólares de pérdidas”, enfatizó.

El paro cívico convocado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, se llevará a cabo el lunes 11 de octubre.

Según estimaciones, se generará una pérdida económica de Bs 6 millones solo en el sector aéreo y transporte terrestre. Mientras que, a nivel general, en un solo día de paro Santa Cruz perderá más de $us 32 millones y a nivel nacional $us 112 millones.

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, pidió este domingo que los opositores políticos no solo reclamen por derechos humanos de la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, sino también por las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.

“Para ellos esas bolivianas y bolivianos no valen nada que Jeanine Äñez esté detenida por los crímenes que cometió ¿vale más que la vida de los bolivianos? Es inadmisible. Si quieren reclamar por Jeanine Áñez que lo hagan, pero también tienen que hacerlo por las víctimas de las masacres y que dejen de estar tratando de obstaculizar los procesos judiciales”, indicó en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv.

La autoridad sostuvo que el discurso del respeto a los derechos humanos no existía cuando se aprobaron decretos supremos que viabilizaron las masacres de Sacaba y Senkata.

“Esto nos muestra la doble moral de muchos políticos de oposición, ellos se rasgan las vestiduras al decir que se han vulnerado los derechos humanos de Jeanine Áñez”, remarcó.

Mayta señaló que las masacres no pueden quedar sin sanción y quienes tengan convicción de la defensa de los derechos humanos tienen que viabilizar el juicio de responsabilidades en su contra y no dar más pretextos.

“Ella no ha jalado el gatillo, probablemente no tiene pólvora en sus manos, pero sí tiene sangre porque emitió un Decreto Supremo que permitió que se reprima militarmente a la población y que exoneraba de responsabilidad a los militares”, recordó.

Asimismo, dijo que Áñez sigue siendo instrumentalizada, ya que la instrumentalizaron para ser presidenta y fueron otros los que gobernaron, aunque ella terminó firmando documentos que determinan su responsabilidad.

Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establece que hubo graves violaciones de derechos humanos en la crisis política de 2019 y que el gobierno de Áñez autorizó que militares disparen en contra de la población, aspecto que complicó la situación de Áñez.

Además, señaló que tras su autolesión se trató de generar toda una campaña nacional e internacional por parte de la oposición, que creó una falsa historia en la que los malos de la película eran los operadores de justicia y que en ningún momento se vulneraron sus derechos humanos.

“A Jeanine Áñez se la ha detenido porque estaba intentando escapar de la justicia, esa detención es realizada de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, no hay violación de derechos humanos, se la detiene legal y legítimamente”, aseveró.

Asimismo, indicó que ella cuenta con ciertos privilegios dentro del penal de Miraflores de la ciudad de La Paz, al extremo que causó protestas y molestia en los demás detenidos.