El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, recibió este miércoles la visita de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas de Venezuela, Roside Virginia González; y del viceministro de Formación y Educación Intercultural Bilingüe, César Carias. La reunión tuvo como principal finalidad promover y afianzar nexos de integración entre ambos países.

“Nosotros compartimos un mensaje de hermandad; un mensaje de progreso para la educación, salud, cultura y también para nuestros saberes ancestrales, a los que reconocemos como pueblos indígenas y seguiremos dando impulso”, manifestó González al concluir la reunión.

En la oportunidad, Choquehuanca remarcó la importancia de promover un mensaje de unidad en territorio del Abya Yala (tierra madura de la eterna juventud, en permanente renovación) y sumar fuerzas entre los pueblos hermanos para preservar la Madre Tierra que afronta una dura crisis climática, indica una nota de prensa.

“Es muy grato reunirse con el vicepresidente Choquehuanca y hacerle conocer nuestra labor en favor de promover la preservación de nuestras culturas y nuestros valores. Coincidimos como hermanos y compartimos los fines de nuestras luchas”, añadió González.

Ambas autoridades venezolanas, además participaron en la agenda de trabajo enmarcada en la XV Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), cita que se celebra en la Sede de Gobierno.

También confirmaron su presencia en actividades académicas destinadas a promover la formación de nuevos líderes y lideresas en Bolivia.

El Gobierno y las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas durante el golpe de Estado de 2019, acordaron la activación de un fondo económico destinado al impulso al crédito productivo, en el marco de la política de reactivación económica.  

El informe fue brindado este miércoles por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien destacó que el principal pedido de los familiares de los fallecidos, heridos y torturados durante el régimen de Jeanine Áñez, es conseguir justicia por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019.

“Hemos manifestado nuestra voluntad como gobierno nacional y eso ha sido establecido en el acuerdo que se ha llegado con ellos, de coadyubar, dentro de las políticas que nosotros hemos establecido para la reconstrucción económica productiva, parte de un fondo que se entregaría para créditos productivos, porque ellos tienen varias propuestas de emprendimientos”, indicó la autoridad.

Explicó que los familiares de las víctimas de las masacres, expresaron su predisposición para apoyar, con su trabajo, la reactivación económica y productiva.

La Ministra destacó los resultados obtenidos en la reunión que duró aproximadamente 30 horas.  

Explicó la importancia de impulsar un plan integral de reparación para las víctimas, así como la realización de un censo sectorial.

Dijo que se acordó una nueva reunión los primeros días de noviembre para aprobar ese plan y un cronograma.

El Gobierno nacional, familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba concluyeron este miércoles la reunión de diálogo y revisión de un pliego petitorio de 22 puntos. Acordaron un nuevo encuentro la primera semana de noviembre para continuar con la atención a las demandas.

“Estamos culminando una reunión, un encuentro y un espacio de diálogo con víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba. Han sido aproximadamente 30 horas reunidos sin pausa, donde hemos abordado muchos puntos, no solamente los referidos a su pliego petitorio”, aseveró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La reunión comenzó el martes y concluyó esta tarde en instalaciones de la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en la avenida 16 de Julio de la ciudad de La Paz.

En la reunión por tiempo y materia, se trataron temas como la celeridad de justicia para procesar a los autores de la vulneración de derechos humanos de 2019, el censo nacional de víctimas, la reparación económica en gastos de salud, atención psicológica, educativa, laboral, entre otros.

“Hemos acordado con las hermanas y hermanos que la primera semana de noviembre volver a reunirnos para trabajar en torno a este plan con un cronograma y con plazos que se han establecido”, aseguró.

El pronunciamiento se hace un día después de que el Gobierno nacional y la representación de la marcha de víctimas de las masacres instalaran el diálogo en la ciudad de La Paz para avanzar en la atención de un pliego de 22 puntos.

En el diálogo, los familiares y víctimas demandaron reuniones con las principales autoridades del Órgano Legislativo y el Órgano Judicial para conocer la situación de los procesos contra las exautoridades del régimen de facto. 

“Como ellos lo señalaban en el pliego petitorio, se necesita avanzar en un plan de reparación integral que no solamente abarque en el tema económico, sino que también abarque el tema de la reinserción”, dijo.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, existió, durante el régimen de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, acompañaron a la ministra Prada en el diálogo.

El Gobierno nacional y la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) firmaron este martes un acuerdo que garantiza el abastecimiento de carne de res en el mercado nacional, y la mantención del precio para el consumidor final.

“Se ha examinado los temas de preocupación del sector para implementar acciones inmediatas que garanticen la provisión de carne vacuna a precio justo”, informó el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, quien participó del ampliado nacional de Contracabol, realizado esta jornada.

La dirigencia de Contracabol afirmó que “lo último que quisimos hacer es subirle el precio al consumidor final. Hacer notar que los especuladores, los que estaban haciendo agio hasta este momento son los ganaderos, y no así los trabajadores vendedores al detalle”, declaró el dirigente Jesús Huchani.

El ministro detalló que el acuerdo tiene cuatro puntos que contemplan que los ministerios de Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor, Impuestos Nacionales, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Autoridad de Empresas, fiscalizarán de manera conjunta e inmediata los centros de remate de ganado en pie, e iniciarán una auditoría técnica especializada a cargo del Senasag, además de la realización de la reglamentación para el funcionamiento y el procedimiento para el cierre de los mismos, en un plazo de hasta siete días.

Además, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, junto a Contracabol, llevará adelante el estudio de cuantificación del hato ganadero y coeficientes zootécnicos hasta enero de 2022. Contracabol formará parte del comité de determinación del balance de oferta - demanda de la carne vacuna, a través del cual se garantizará con prioridad el abastecimiento al mercado interno, a precio justo y el saldo excedente para exportación.

Asimismo, las tareas de interdicción, control de la lucha contra el contrabando de ganado de a pie, a cargo del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, serán intensificadas, en coordinación con el Senasag y Contracabol.

Por último, Contracabol ratificó su “compromiso perpetuo con el pueblo boliviano” para evitar el incremento en el precio de la carne de res al consumidor final en todo el territorio nacional; por tanto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) dejará de vender carne al consumidor final.