El manejo irregular de medios estatales durante el régimen de Jeanine Áñez afectó el derecho a la información de 5.762.616 personas durante la pandemia del COVID-19.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este martes que formalizará la denuncia ante el Ministerio Público para que se asuman las acciones de investigación.

Dio a conocer la decisión luego de denunciar que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“¿Qué es lo que ha sucedido en los medios de comunicación en este tiempo? Es que se ha privado del derecho a la información, se ha desmantelado los equipos, existió una contratación irregular, la asignación de ítems irregulares en los medios de comunicación, esto suma un total de 8,9 millones de bolivianos de daño económico al Estado”, aseguró este jueves en conferencia de prensa en Cochabamba.

Según datos oficiales del Viceministerio de Comunicación, tras el golpe de Estado de 2019, se pudo evidenciar la suspensión forzosa de Bolivia TV durante tres días, 20 horas y 16 minutos. Los periodistas del medio y sus familias fueron amenazados en su integridad física.

Aseguró que en Bolivia TV, durante el régimen de Áñez, se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos.

La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280 y de 887.029 personas afectadas.

En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada de las emisoras. Fueron afectadas 3.079.592 personas.

“Se van a seguir las acciones como corresponde, se va a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público porque consideramos que ha sido, por un lado, un tema de afectación de derecho a la información, porque se ha reducido considerablemente el alcance, se ha bajado la señal, nos han dejado sin medios de comunicación del Estado”, cuestionó la Viceministra de Comunicación.

El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta este miércoles 3.644.142 personas ya fueron inmunizadas con las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19; 2.944.370 recibieron las segundas dosis; 346.660 recibieron terceras dosis y 939.150 recibieron la unidosis de Janssen.

Según el reporte, Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de beneficiarios de la primera dosis, habiendo alcanzado esta jornada 1.061.471 inmunizados; 847.169 con la segunda dosis; 92.925 con la tercera dosis y 323.303 con unidosis.

La Paz registra 861.136 inmunizados con la primera dosis, 693.044 con la segunda; 77.583 con la tercera dosis y 254.561 con unidosis; Cochabamba tiene 685.412 vacunados con la primera dosis, 560.455 con la segunda; 78.106 con la tercera y 169.579 con unidosis.

Tarija presenta 239.570 personas vacunadas con la primera dosis, 205.341 con la segunda dosis; 21.076 con la tercera dosis y 35.446 con unidosis; Chuquisaca con 219.909 con primeras dosis, 185.218 con segundas dosis; 25.337 con la tercera dosis y 36.719 con unidosis; Potosí tiene 197.102 personas vacunadas con primeras dosis, 157.019 con segundas dosis; 15.389 con la tercera dosis y 73.391 con unidosis.

Oruro cuenta con 185.937 personas vacunada con primeras dosis, 151.249 con segundas dosis; 18.241 con la tercera dosis y 32.634 con unidosis; Beni cuenta con 141.767 personas inmunizadas con las primeras dosis, 107.669 con segundas dosis; 11.514 con la tercera dosis y 13.517 con unidosis; y Pando tiene 51.838 personas inmunizadas con primeras dosis; 37.206 con las segundas dosis; y 6.489 con la tercera dosis.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles un manejo discrecional e irregular en la contratación de personal en Bolivia Tv y en el entonces periódico Bolivia, durante el régimen de Jeanine Áñez.

Se encontró incumplimiento de requisitos, gestión ineficiente y discrecional en la gestión de RRHH, no se registró asistencia de consultores durante todo el mes de enero de 2020, se detectaron ocho casos de consultorías en línea irregulares, se detectó la designación de cinco ítems de manera irregular y se contrataron servicios profesionales en forma irregular.

En cuanto se refiere a las consultorías en línea, en el periodo 2020 se realizaron 242 contrataciones por un monto de Bs 10.363.163. En cambio, en el año 2021 se efectuaron 185 contrataciones por un monto de 4.355.789, indica el reporte.   

Entre las contrataciones discrecionales e irregulares se menciona los casos de Humberto Vacaflor Ganan, Pablo César Llano Cuellar, Diego Marcelo Ayo Saucedo y Edwar Ayma Romay. A ellos se añade el caso del comentarista Carlos Federico Valverde Bravo.

En el caso de Vacaflor, una investigación jurídica y administrativa encontró que fue contratado por Daniela Gonzáles en el marco de un contrato de servicios para análisis político social en Bolivia Tv.

La vigencia de su contrato fue del 01/09/2020 al 31/12/2020 por un monto de Bs 28.092. El convenio fue rescindido el 1 de diciembre de 2020 por incumplimiento del contratista.

También fue contratado por el entonces periódico Bolivia como columnista del 03/01/2020 al 31/12/2020 por un monto de Bs 82.872. Sin embargo, cumplió el rol de editorialista, indica la denuncia.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran que el “servicio se pagó utilizando una partida de gasto no aplicable”, no se determinaron requisitos claros y medibles y “la propuesta del proveedor del servicio no responde a las especificaciones técnicas y no adjunta documentación de respaldo”.

En el caso de Llano Cuellar, la denuncia indica que fue contratado como consultor individual de línea recibiendo un pago de Bs 107.697 del 20/03/2020 al 10/11/2020. Cumplió las funciones de “coordinador enlace presentadores prensa”.

Las irregularidades detectadas son: No presentó el título en provisión nacional en Comunicación Social, no cuenta con experiencia específica de cuatro años en instituciones públicas, no registra asistencia laboral (no se registró asistencia a su fuente de trabajo durante 47 días entre junio y noviembre de 2020), señala el reporte.

Además de ello, indica el informe, tiene denuncias de maltrato y acoso laboral.

El contrato de Llano fue firmado por Andrés Rojas Luna.

Otro caso denunciado es de Ayo Saucedo, quien fue contratado como consultor individual de línea, Productor 10, del 20/03/2020 al 30/11/2020 por un monto de Bs 78.185. El contrato fue resuelto por inasistencia laboral.

Las irregularidades detectadas son: no cumplió con los requisitos para el cargo, no cuenta con experiencia específica de dos años realizando producción y no presenta documentación para la formalización del contrato. Además. “se evidencia que no registra asistencia en 110 días entre junio y noviembre de 2020”.

Su contrato fue firmado por Andrés Rojas Luna.

Otro caso que se refiere a la asignación ilegal de ítem es de Ayma Romay, jefe regional Cochabamba, a quien se le asignó el ítem 098/2019 del 18/11/2019 al 08/12/2020 por un monto total de Bs 143. 341.

Las irregularidades detectadas son: no cumplió con los requisitos constitucionales (Artículo 234), no presenta Libreta de Servicio Militar, no presenta certificado de idioma nativo, no presenta Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y no presenta título en provisión nacional

En este caso, el memorándum fue firmado por Gonzalo Rivera A.

En este último caso, Ayma Romay, aseguró en el programa Econtrados, difundido por Facebook, que presentó la documentación correspondiente al ser posesionado en su cargo mientras que Rivera indicó en ese mismo programa radial que cumplió con la normativa legal.

Otro caso es del comentarista Valverde Bravo quien recibió Bs 75.275 del gobierno de facto de Jeanine Áñez entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, según planillas y documentos del entonces Ministerio de Comunicación. Esos cobros los efectuó mientras emitía sus opiniones en diferentes medios de difusión privados, según una publicación del periódico web Crónica Digital

Ese periódico web indicó que Valverde Bravo recibió ese monto total por escribir columnas de opinión, en el periódico Bolivia, que a veces no pasaban de los cuatro párrafos.

"Según la nota interna 0054/2020, tanto Humberto Vacaflor como Carlos Valverde escribían columnas a pedido para el periódico Bolivia. Mientras los demás periodistas de ese medio de comunicación debían asistir a su fuente laboral con sede en la ciudad de La Paz, Vacaflor podía hacerlo desde Tarija y Valverde desde Santa Cruz", añade el reporte del periódico digital.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, retornó este miércoles al país luego de su participación en la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizó en Glasgow, Reino Unido.

El jefe de Estado partió en el avión presidencial al final de la tarde con la comitiva oficial que le acompañó en sus actividades.

De manera previa a su retorno, el mandatario estuvo en la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde destacó las cualidades del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

El jefe de Estado es exalumno de esa universidad. Recibió el grado de Master en Ciencias Económicas (MSc. in Economics) luego de estudiar entre 1996 y 1997.

Durante su presentación en la COP26, el mandatario resumió tres planteamientos referidos a maximizar los esfuerzos para limitar a 1,5 °C el calentamiento global; la incorporación de mecanismos alternativos al de mercado para acceder a financiamiento de países desarrollados; y lograr un financiamiento “oportuno” para países en desarrollo que permitan combatir los efectos del cambio climático.

Respecto a los esfuerzos para limitar a 1,5 °C la temperatura global, dijo que los países desarrollados plantearon esa meta para 2050, lo cual “no es viable para la humanidad y representa un enorme riesgo para todos y todas”.

“También hemos incorporado un mecanismo alternativo al de mercado para que fluya el financiamiento hacia los países en desarrollo. En el caso boliviano, no creemos en los instrumentos de mercado que han planteado los países desarrollados como alternativas para que fluyan los 100.000 millones de dólares que hasta ahora no se ha conocido que hayan desembolsado los países desarrollados para poder cubrir y llegar a las metas del Acuerdo de París”, acotó.

Sobre el punto, señaló que el Estado Plurinacional incorporó mecanismos alternativos “que no sean de mercado” y que se constituyan en ayuda directa para los países en desarrollo, para encarar los problemas de la crisis climática.

“Finalmente, el tema del financiamiento, respetando las pérdidas que se ha tenido ya en los países en desarrollo, haciendo sostenible su manejo, su resiliencia con lo que está ocurriendo con el cambio climático en muchos países y la crisis climática que estamos enfrentando varios de los países en desarrollo”, dijo.

Explicó que el financiamiento también se refiere a transferencia tecnológica a los países, para reducir las emisiones de carbono en el planeta.

“Ha sido interesante ver cómo los países desarrollados tratan de mostrarse como los grandes luchadores por la defensa de lo que ellos llaman el cambio climático; nosotros hemos enfatizado que se trata de una crisis climática porque está siendo incontrolable y esto es muy perjudicial para toda la humanidad”, comentó.