El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura, informó que el gobierno de facto de Jeanine Áñez realizó una mala administración de las empresas estatales que dejó resultados negativos y provocó pérdidas económicas para el país. 

“Quiero informar que, lamentablemente, cuando asumimos el Gobierno encontramos en el Ministerio de Desarrollo Productivo nuestras plantas industriales en una situación pésima, con mala administración, con pérdidas, con resultados negativos, con maquinarias industriales que fueron instaladas con mucho sacrificio por el pueblo boliviano. El gobierno de facto ha ido destrozando y paralizando estas plantas industriales, de tal manera que no generen recursos”, dijo en la Rendición Pública de Cuentas Final 2020.

De acuerdo con un boletín institucional, el ministro Huanca informó que en 2019 la industria manufacturera y de alimentos tuvieron un crecimiento positivo, sin embargo, el año pasado reportó una caída de 23% y de 6,48%, respectivamente, que generó un escenario “altamente complicado” para el nuevo Gobierno elegido democráticamente.

“En el periodo 2005-2019 todos los sectores productivos han mostrado un crecimiento, lo cual fue revertido drásticamente en la pasada gestión, siendo los más afectados los sectores de construcción, minería, industria, hostelería, relacionada también esta situación al sector turismo; es decir los sectores productivos y generadores de empleo”, agregó.

Indicó que en 2020 las exportaciones de manufacturas también sufrieron una caída del 16,4%; que representó una disminución de más de $us 500 millones, mientras que la inversión pública en el sector de desarrollo productivo, dijo que cayó 76%, tomando en cuenta que en 2019 la inversión representó 20% de la ejecución presupuestaria, mientras que el gasto corriente 80%, sin embargo, el año pasado la inversión representó 6% de la ejecución presupuestaria y el gasto corriente el 94%.

“Es importante mencionar que realmente el gobierno de transición no tuvo ningún tipo de interés de garantizar la inversión pública, sobre todo en el sector de desarrollo productivo y mucho menos en la implementación de nuestras plantas para promocionar al aparato productivo”, cuestionó.

No obstante, el Ministro de Desarrollo Productivo informó que desde noviembre y diciembre del año pasado el Gobierno trabajó en políticas públicas para subsanar la “afectación a la economía y corregir las malas acciones” del gobierno transición.

“Se abrogó el Decreto Supremo 4139 que estipulaba la libre exportación, hemos emitido el Decreto Supremo 4417 que prácticamente sustituye los certificados de abastecimientos y también pone nuevamente en vigencia las bandas de precios y cupos de abastecimiento del sector pecuario y así garantizar la harina de soya solvente, con su producto del grano de soya al sector pecuario, para que puedan abastecer de alimentos al pueblo boliviano de precio justo”, subrayó.

Además, destacó la implementación del Fidecomiso de Bs 911,1 millones para reactivar la economía del país, del Decreto Supremo 4400 para reactivar el turismo interno que fue afectado por la pandemia, de la norma 4407 que abroga la norma de ampliación del registro de comercio a Fundempresa, y del Decreto 4423 del Fondo Proleche para destinar recursos para la inversión de infraestructura productiva para el sector lechero.

“Hoy estamos en ese trabajo, hemos recuperado, hemos iniciado varias actividades para empezar a poner en funcionamiento las plantas industriales por la reactivación del aparato productivo”, remarcó.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó que el Gobierno garantiza el derecho a la salud con las vacunas contra el COVID-19 administradas masiva y gratuitamente a personas con enfermedades de base.

“El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 empezó a aplicarse en #Bolivia. A partir de ahora recibirán las dosis los grupos seleccionados hasta llegar a la cobertura total de la población vacunable. El Gobierno garantiza el derecho a la salud con #DosisDeEsperanza”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la víspera, Bolivia inició la vacunación masiva, un día después de que el Estado recibiera el lote de 500.000 vacunas Sinopharm contra el COVID-19. De ese total, 400.000 son de adquisición del Gobierno nacional y 100.000 de donación.

Una cantidad de 158.969 dosis está destinada a beneficiar a 79.089 personas con cáncer, con problemas renales y otras enfermedades de base en el marco de la lucha contra el COVID-19 en todo el país.

El presidente Luis Arce sostuvo este jueves que el golpe de Estado de 2019 tuvo móviles económicos y políticos en contra de los intereses del Estado. Así lo manifestó en entrevista con el canal brasileño Red TVT.

“En los temas económicos, claramente el litio y los hidrocarburos estaban en la mesa de los intereses de quienes habían organizado el golpe de Estado”, dijo el Mandatario.

Arce hizo referencia a las protestas y movilizaciones que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) impulsó el 2019 en contra de la creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos ACI Systems GmbH de tipología mixta, que tenía el fin de industrializar el litio del Salar de Uyuni.

“En el caso del litio, fue muy sintomático que, meses antes de que se produjeran las elecciones y el golpe, tengamos una disputa porque estábamos avanzando con Alemania en la industrialización del litio boliviano. Se había avanzado y, de pronto, el Comité Cívico de Potosí, que lo maneja la derecha, cuestionó el contrato”, indicó.

Asimismo, señalo que, tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, se instaló el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que designó a nuevos responsables de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El Presidente identificó que los nuevos encargados de administrar la empresa estatal eran exrepresentantes de Petrobras del Brasil. 

“Van pasando los meses del Gobierno golpista y logra salir a la luz pública un contrato de Bolivia, firmado con el Presidente de YPFB, al Brasil, a Petrobras. En este contrato, se genera un daño económico a las arcas estatales bolivianas”, sostuvo.

Dijo que, en el acuerdo, Petrobras no se comprometía a pagar el costo de transporte desde Bolivia hasta las termoeléctricas que se tenía en Brasil, como sucedía en el pasado, y que esos gastos eran asumidos por YPFB.

Asimismo, cuestionó que el régimen de Áñez haya negociado menos volúmenes de exportación a Brasil que en anteriores oportunidades, a un precio desventajoso para Bolivia.

“Con esos elementos que hemos mencionado, que son públicos, el litio y los hidrocarburos formaban parte de los golpistas para poder distribuirse recursos que estaban en juego, dijo.

El 18 de octubre de 2020, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tuvo como candidato a Luis Arce, logró un respaldo nacional en las urnas del 55,11% de los votos válidos. Ese resultado se dio después del golpe de Estado de 2019 en contra del entonces presidente Evo Morales.

El ahora mandatario recordó que, tras el golpe de Estado, el gobierno de facto optó por la persecución política contra líderes de Movimiento Al Socialismo como resultado de la presión entre sectores militares, policiales y civiles. 

“Ellos decían que había fraude y nosotros decíamos que hubo golpe. Había una discusión que, a estas alturas, sabemos claramente que fue un golpe”, aseguró.

Sin embargo, destacó el aporte de sectores de jóvenes en el proceso de recuperación de la democracia.

“Por lo tanto, fue importante y lo es para el Movimiento Al Socialismo, la participación de los jóvenes en todos esos acontecimientos para derrocar el golpe de Estado”, dijo.

El presidente Luis Arce planteó este jueves entablar espacios de discusión y un diálogo bilateral entre los países para mejorar la situación migratoria y resolver problemas como la explotación laboral y la discriminación.

“Lo primero que se tiene que hacer es generar espacios de discusión de estos temas, de manera bilateral, y todos los países también deberíamos abrirnos a esa discusión”, afirmó el Jefe de Estado en entrevista con el canal brasilero Red TVT.

“Nosotros apoyaríamos cualquier política, a conducir a conducir que nuestros conciudadanos bolivianos allá, donde estén, tengan los mismos derechos que todos, que puedan participar activamente allá, en los países donde están viviendo, que recuperen y que se ejerzan todos los derechos”, acotó.

Arce indicó que todos los países deberían tener apertura respecto al diálogo sobre la situación migratoria para generar agendas de trabajo bilaterales que permitan resolver la explotación y la discriminación de compatriotas que viven fuera de su tierra.

“La mejor manera es el diálogo bilateral, yo creo que las conversaciones entre países deben aclarar, porque cada país tiene un lugar donde está su población migrando”, remarcó.

El Jefe de Estado remarcó que “podemos avanzar hasta alcanzar eso que es una justicia, que, en justicia, en realidad corresponde para todos, no solamente para los bolivianos, sino para todo migrante que esté en otro país y debe tener esas mismas condiciones”.

También hizo referencia a las acciones que asumió el gobierno de facto de Jeanine Áñez para evitar que ciudadanos bolivianos que radican en otros países voten en las elecciones generales de 2020, tal es caso de Brasil.

“El Gobierno de facto sacó una instrucción, a través del embajador allá (…), donde se pedía que se den informes negativos para que, en Brasil, producto de la pandemia se informe de que no estaban dadas las condiciones para que los bolivianos voten en las elecciones. Nosotros denunciamos acá, en Bolivia y, al final, evidentemente, nuestros compatriotas felizmente pudieron votar allá, en Brasil, pero la idea y la intención era que no se vote en el exterior”, sostuvo.