La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos presentó la Subasta Electrónica y Mercado Virtual Estatal como buenas prácticas de la lucha contra la corrupción, durante la Trigésima Quinta Reunión de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación, encuentro que se lleva a cabo de manera virtual desde el 8 de marzo hasta el próximo jueves.

“La Subasta Electrónica es una plataforma donde las empresas y personas naturales competirán en tiempo real, con la presentación de ofertas económicas cada vez más bajas, a fin de ser adjudicadas en procesos de contratación del Estado”, se lee en parte de la presentación que realizó la autoridad.

De acuerdo con un boletín institucional, la Convención y el Mecanismo de seguimiento se constituyen en uno de los principales instrumentos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en Las Américas.

En 1996, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron ese primer instrumento jurídico internacional anticorrupción y en 2002 pusieron en marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento.

La buena práctica diseñada por el Ministerio de Economía y presentada por la Viceministra Ríos ante los Estados Parte, permite eliminar la cultura del papel; también impulsa y prioriza la producción nacional; fomenta la competitividad entre los proponentes; facilita la participación de proveedores a nivel nacional, eliminando barreras geográficas y físicas; y transparenta los procesos de contratación del Estado.

Asimismo, genera ahorro en gastos administrativos, logísticos, tiempo y otros, tanto para empresas como para entidades públicas; y permite a las entidades públicas obtener las mejores condiciones del mercado.

En enero pasado, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4453 por el cual se crea la Subasta Electrónica y el Mercado Virtual Estatal para que las empresas y personas naturales puedan ofertar sus bienes a las entidades públicas, para convocatorias que se publiquen en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Con la Subasta Electrónica se moderniza los procesos de adquisición de bienes del Estado, pero también se garantiza la transparencia en la oferta y adquisición de bienes, bajo los lineamientos de la lucha contra la corrupción.

La plataforma permite que las personas y empresas naturales puedan competir en tiempo real con la presentación de ofertas económicas bajo niveles de seguridad en el marco de la modernización de las compras estatales.

Familias afectadas por inundaciones en la comunidad Totaisal, correspondiente al municipio de San Borja, en Beni, se beneficiaron con la entrega de 50 cocinillas en el marco de la ejecución del programa Kit Familia.

“Se está haciendo un seguimiento de cerca a esta tarea importante de ayuda humanitaria a aquellas familias que fueron damnificadas, que perdieron muchas cosas y, en algunos casos, cuentan con muy poco”, señaló el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), citado en un boletín institucional.

Informó que las entregas comenzaron hace tres semanas en el municipio de Riberalta, con la presencia del presidente Luis Arce, y aseguró que se dará continuidad a la entrega del Kit Familia.

La autoridad comunicó que esa entrega se realiza en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil, el cual reporta las alertas donde hubo desastres naturales y pasan la información a los técnicos de la ANH sobre la cantidad de familias afectadas por municipios.

La regional Santa Cruz de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) proyectó para este año incrementar en 443% las ventas de productos y subproductos propios, además de terceros provenientes de la micro, pequeña y mediana empresa.

“Tenemos importantes objetivos para este año. Se pretende incrementar considerablemente la comercialización de productos y subproductos Emapa, además de otros de la industria nacional”, afirmó el gerente general de la empresa pública estratégica, Marvin Pereira.

Según detalla un boletín institucional, la Gerencia de Comercialización de la empresa pública se propuso pasar, a través de ventas, de los Bs 5,1 millones registrados en 2020 a un récord de Bs 28 millones, superando las cifras de 2016, cuando se llegó a Bs 21 millones en la regional Santa Cruz.

Entre sus principales actividades, se contempla la apertura de nuevos puntos de venta (sucursales y superemapas) en Santa Cruz y otros departamentos, con el fin de tener un mayor alcance en la comercialización de productos.

Durante el régimen de Jeanine Áñez, en 2020, las ventas de productos y subproductos Emapa en Santa Cruz reportaron una baja del 52%, en relación a la gestión 2019.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor; el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y las fuerzas del orden, procedieron este martes a la intervención de una clínica en el municipio de Viacha, tras conocerse una denuncia por negligencia médica.

“Se trata de la clínica Bellavista del municipio de Viacha; nos apersonamos con el Sedes, por una denuncia de negligencia médica, una vez en el lugar procedimos a la revisión del centro médico donde se evidenció que no contaba con registro de establecimiento, por lo que el Sedes determinó el cierre temporal”, informó Miguel Salazar, jefe de Educación y Difusión del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.

En febrero, fue recepcionada una nota dirigida al ministro de Justicia, Iván Lima, en la que Bernabé Poma solicitó la intervención del Centro Médico de Especialidades Bella Vista, debido a que en el mismo se procedió a realizar una cirugía a su padre sin personal médico especializado y, tras tres intervenciones, casi pierde la vida, según señala la denuncia, indica un reporte de prensa institucional.

“(…) de conformidad al Artículo 39 de la Constitución Política del Estado, solicitamos a su autoridad la intervención de este centro médico y la clausura de este centro a efectos de evitar más experimentos humanos, toda vez que somos pobres y no contamos con recursos económicos y nadie nos hace caso”, manifestó el abogado de su familia, a través de la misiva enviada al Ministerio de Justicia.

Tras la intervención, se evidenció que el centro médico no cuenta con registro de establecimiento de salud, “por lo tanto, el citado establecimiento no se encuentra autorizado ni habilitado legalmente”, señaló Salazar.