El pliego de pedidos de los familiares de las víctimas de la represión y masacres durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez fue atendido satisfactoriamente, confirmó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.

De acuerdo con un boletín institucional, un total de 55 personas accedieron a una fuente laboral estable y a un bono alimenticio; se gestionaron becas para jóvenes y se reembolsó gastos médicos, como parte del proceso de atención y reparación entre el Gobierno nacional y las víctimas.

El ministro Lima confirmó que los familiares y sobrevivientes de las masacres se reunieron con el presidente Luis Arce y llegaron a un buen acuerdo.

“Tuvimos un encuentro con las víctimas en la Casa Grande del Pueblo, estuvimos atendiendo a las víctimas que han sobrevivido a las masacres”, dijo a tiempo de lamentar que el promedio de edad de las 10 víctimas mortales de la masacre de Senkata, en El Alto es de 23 a 24 años.

El Ministro agregó que además de los pedidos de ayuda, los sobrevivientes y familiares de las víctimas planteaban un “reclamo fundamental” que era el pedido de justicia, en el marco de la reparación integral de los daños cometidos en noviembre de 2019.

El Gobierno y las víctimas, el pasado 20 de enero, firmaron un acuerdo y de manera previa y posterior sostuvieron varias reuniones para poder viabilizar el cumplimiento del Decreto Supremo 4176 que establece la ayuda humanitaria para los familiares de las víctimas de las masacres y para los sobrevivientes.

Producto de ese trabajo se procedió a su incorporación en fuentes laborales, el acceso a becas de estudio y el reembolso de los gastos médicos que hayan realizado a los heridos de la represión. También se procede a la entrega de subsidios alimenticios.

Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert indicó que existe una voluntad por parte del presidente Arce y del ministro Lima para avanzar en el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados, en la línea de la recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos que señalan que la reparación de los daños tiene que ser asumida por el Estado.

“Ellos tienen la voluntad, el Ministro de Justicia tiene la voluntad de ayudarnos, entonces nosotros vamos a colaborar también y esperemos que solucione, porque no podemos seguir con esto ya es más de un año, entonces ellos han dicho que se va a avanzar y se dará cumplimiento. Estamos alegres y esperamos el cumplimiento”, señaló Quisbert.

La dirigente manifestó que aún se deben realizar ajustes al acuerdo en torno al tema laboral en demanda de mejores fuentes de trabajo y mejores ingresos, y el reembolso a todos los heridos, ya que habría un grupo de 18 heridos que aún no recibieron esa reparación.

El hermano de Quisbert murió en Senkata el pasado 19 de noviembre de 2019. Las masacres de El Alto, Sacaba en Cochabamba y Pedregal en la zona Sur de La Paz, dejaron un saldo de 37 fallecidos, cientos de heridos, detenidos y torturados.

Por el caso Golpe de Estado denunciado en diciembre de 2020 por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, fueron aprehendidos Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, quienes fungieron como autoridades durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, quien en horas de la madrugada también fue hallada en Trinidad, Beni, y conducida a la sede de Gobierno.  

“Todos estamos esperando justicia, no se puede quedar en impunidad ni olvido, es lo primero que hemos pedido, que se avance, queremos ver, es lo primordial que queremos, justicia”, indicó Quisbert.

El presidente Luis Arce rindió este sábado homenaje al extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, por su aniversario natal, y ratificó su compromiso de continuar su lucha por una patria justa.

“Rendimos homenaje en su aniversario natal, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, defensor de nuestros hidrocarburos y propiciador del juicio contra la dictadura. En 1980 fue torturado y asesinado por García Meza. Nuestro compromiso es continuar su lucha por una Patria justa ¡Marcelo Vive!”, manifestó en un mensaje difundido por Twitter.

El vicepresidente David Choquehuanca se sumó al homenaje con la frase.: “Hoy más que nunca ¡Marcelo vive, la lucha sigue!”.

Según datos históricos, el líder socialista Marcelo Quiroga nació el 13 de marzo de 1931 en la ciudad de Cochabamba.

A lo largo de su vida, obtenida su graduación en derecho se dedicó al periodismo y a la política. Fue diputado y Ministro de Minas y Petróleo en 1969, cargo desde el que promovió la nacionalización de compañías extranjeras.

Se fue al exilio al producirse en Bolivia el golpe militar que derrocó a Luis Adolfo Siles Salinas (1969) y residió en Argentina, Chile y México. En 1971 fundó el Partido Socialista.

En 1977 retornó clandestinamente a Bolivia, para reasumir la conducción del Partido Socialista que había permanecido proscrito durante el régimen banzerista y que adoptó la denominación de Partido Socialista-1 (PS-1).

Fue candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 1978 (obtuvo el 0,7% de los votos), así como también en las de 1979 (4,82%) y de 1980 (8,71%, cuarto lugar).

El 17 de julio de 1980 fue herido y apresado por militares durante el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB), al registrarse el sangriento golpe protagonizado por Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez

Sus captores lo condujeron al Estado Mayor del Ejército y lo asesinaron, haciendo desaparecer luego sus restos mortales. Por ese asalto a la COB, entre otros delitos, fue condenado Luis García Meza a pasar 30 años de prisión sin derecho a indulto.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró este sábado que el Ministerio Público no halló pruebas de fraude electoral en los comicios generales de 2019, por lo que las fiscalías departamentales del país emitieron resoluciones de sobreseimiento a favor de los procesados.

En una entrevista con Red Patria Nueva, la autoridad, recordó que una de las últimas resoluciones de sobreseimiento fue de la Fiscalía Departamental de Potosí, que se sumó a las ya emitidas por las fiscalías de los otros ocho departamentos del país, que no encontraron ninguna prueba.

“En un año en el que Murillo manejaba la justicia de este país no han encontrado una sola prueba, una sola acta falsificada, un solo documento que compruebe un fraude. Ese discurso moral se ha caído por completo el día lunes, no hay una sola prueba de que exista un fraude electoral en el país, por lo tanto, en este país ha habido un golpe de Estado”, señaló Lima.

En ese marco, sostuvo que el discurso moral manejado por políticos de oposición de que se habría registrado un fraude en las elecciones de 2019 en el país ya no se puede sostener, más cuando las nueve fiscalías dictaron el sobreseimiento del caso.

“Sobreseimiento, para conocimiento de los abogados y de nuestra población, es la actuación del Ministerio Público cuando no existe una sola prueba de que exista un delito, cuando se comprueba y se determina que después de un año en el que la señora Áñez manejaba la justicia en este país a través del doctor Coimbra, no han encontrado una sola prueba”, finalizó.

El Ministro de Justicia, Iván lima, aclaró este sábado que Jeanine Áñez es procesada en calidad de exsenadora por una demanda instaurada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, en diciembre de 2020, y no así como expresidenta.

“En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional y esa es la realidad de los hechos, cuando se la juzgue como expresidenta se tendrá que evaluar en qué caso va a la Asamblea y si autoriza el enjuiciamiento, en este caso estamos ante un juicio ordinario”, explicó en entrevista con la emisora estatal Patria Nueva.

Lima recordó que lo que se investiga es la actuación de la exsenadora Áñez y los miembros de su partido político, quienes con solamente un cuatro por ciento de apoyo del electorado tomaron el Gobierno mediante un golpe de Estado, que terminó con la muerte de varios bolivianos.

“Que no se distorsione la realidad, que no se pretenda que se está haciendo una persecución (…) hay personas que han actuado y han realizado un golpe de Estado y deben ser llevadas a juicio, este proceso ha comenzado en diciembre (de 2020), lo ha iniciado la exdiputada Lidia Patty y ha llevado todos los pasos que corresponden a un debido proceso”, explicó Lima.

La máxima autoridad de Justicia detalló que con solo revisar los expedientes se puede verificar que hubo un inicio de investigación, órdenes de allanamiento, mandamientos de comparendo y de aprehensión, todo en el marco de un debido proceso, y que no se trata de una persecución política como pretenden hacer creer Áñez y las demás personas aprehendidas.

“Ella (Áñez) podría haber venido desde diciembre a dar su verdad y su opinión sobre este golpe de Estado, no lo ha hecho y lo que señala el Código de Procedimiento Penal, es que se debe activar las instituciones procesales (…). Una persona que no quiere actuar en justicia, que no quiere responder a los tribunales, tiene que seguir el curso de institucionalidad, el Ministerio Público actuó y la Policía actuó”, señaló.

“Esto no es una persecución política, es un debido proceso para devolverle a las viudas, a los heridos y a todas las víctimas del golpe de Estado, lo que ellos nos han pedido desde el día de ayer, justicia y eso es lo que está haciendo y va a hacer siempre el Gobierno nacional”, ratificó.