El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional anunció este domingo una investigación “exhaustiva” hasta encontrar las verdaderas causas y responsabilidades de la administración de pruebas de antígeno nasal vencidas en los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián del departamento de Santa Cruz.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de su Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, iniciará una investigación exhaustiva hasta encontrar las verdaderas causas y responsabilidades de esta peligrosa irregularidad”, señala un comunicado.

La nota institucional indica que la Cartera de Justicia advierte que esta “peligrosa irregularidad”, se constituye en un “grave atentado” a la salud de los habitantes de esos lugares.

“Las disculpas y anuncio de auditoría resultan insuficientes en relación al peligro provocado con la entrega de resultados inexactos a personas que acuden a los centros de salud con síntomas o sospechas de infección con el coronavirus”, advirtió el Ministerio.

Asimismo, reiteró que el plan estratégico de inmunización y prevención para mitigar el avance de la pandemia mundial de COVID-19 requiere una contraparte de responsabilidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud dependientes de los gobiernos subnacionales.

Autoridades de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón denunciaron en la víspera que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó a esos municipios para la entrega de pruebas antígeno nasales y medicamentos de lucha contra el COVID-19 que vencieron en marzo pasado, motivo por el cual la autoridad departamental pidió disculpas y anunció una auditoría para determinar responsabilidades.

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, destacó este domingo, mediante su cuenta de Twitter, la trascendencia del derecho a la identidad y saludó el trabajo del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

“El derecho a la identidad es inalienable en #Bolivia. Saludamos a nuestro Servicio General de Identificación Personal @OficialSegip en su décimo aniversario. Valoramos la estrategia de acceso a las bolivianas y bolivianos que despliega en todo el país. ¡Felicidades!”, escribió en la red social digital.

Hace una década, un 27 de junio de 2011 se creó, mediante la Ley 145, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) como institución pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad administrativa, financiera, legal, técnica y operativa, bajo tuición del Ministerio de Gobierno, con jurisdicción y competencia en todo el territorio boliviano.

A partir de entonces, el Segip se convirtió en paradigma de atención, uso de tecnología y servicio social, generando una revolución sistémica en la administración pública, indica un reporte de prensa.

Se crearon brigadas móviles para entregar documentos de identidad a pueblos originario campesinos, personas con discapacidad o que sufren de enfermedades que les impiden movilizarse; a poblaciones alejadas que requieren tanto de las cédulas de identidad como de licencias para conducir; a escuelas, recintos militares, mercados, etc., todo ello para todos los bolivianos puedan ejercer sus derechos como verdaderos ciudadanos de nuestro Estado Plurinacional, añade el reporte.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, advirtió este domingo que solo con la segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 se consigue la inmunidad requerida para evitar enfermar de gravedad, por lo que pidió a la población acudir a los centros de inmunización.

“No nos debemos sentir seguros con la primera dosis, la primera dosis es parte del proceso de inmunización, recién cuando recibimos la segunda dosis, 15 días después de eso, desarrollamos un nivel de títulos de anticuerpos lo suficientemente elevados, altos, óptimos para tener las defensas necesarias para afrontar la enfermedad”, señaló en una entrevista en Bolivia Tv.

La autoridad explicó que de acuerdo al esquema de vacunación regular existen 13 vacunas que protegen de 21 enfermedades, entre ellas la Difteria, la Tosferina o el Sarampión, con el objetivo de evitar formas graves de la enfermedad o cuando uno desarrolla la misma, esta sea leve o moderada.

Por ello es que dijo que el rango de efectividad de las vacunas anticovid, incluidas las nuevas variantes, es casi del 100%.

Asimismo, detalló que las reacciones de la vacuna son dolores en la región donde ocurrió el pinchazo, dolor muscular, cefaleas, sueño, fatiga, cansancio, pero que estas son naturales en el cuerpo.

“Es una reacción positiva porque es nuestro organismo generando una respuesta para poder formar estos anticuerpos, para que en el futuro, una vez que ingrese la enfermedad, los anticuerpos puedan detectarlo a tiempo”, remarcó.

Terrazas aseguró que las reacciones en su gran mayoría son leves, como cualquier tipo de vacuna, incluso menores que la vacuna del Tétanos o Hepatitis que tienen más efectos secundarios que una vacuna para COVID-19.

Indicó que en Bolivia solo hubo un caso adverso a la vacuna y que ya se está bordeando los casi 3 millones de dosis, entre primeras y segundas, sobrepasando el 30% de la población vacunable.

El canciller Rogelio Mayta dijo que la vida de Luis Arce se puso en riesgo en diciembre de 2019 debido a que el régimen de Jeanine Áñez entorpeció y se vio “tentado a no cumplir” su palabra respecto al traslado del ahora presidente de Bolivia, desde la residencia mexicana, donde estaba asilado, hasta el aeropuerto con destino a México.

Mayta hizo esas afirmaciones este domingo entrevistado en el programa “Las 7 en el 7” difundido por Bolivia Tv.

El 06 de diciembre de 2019, protegido por la embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado, entre trabas en la entrega del salvoconducto del régimen de Áñez y el hostigamiento policial, Luis Arce pudo tomar primero un avión con destino a Perú y luego otro a México.

Tras el golpe de Estado, Arce permanecía asilado en la residencia de la embajada de México, en La Paz, junto a los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca, César Navarro y Hugo Moldiz, además de Víctor Hugo Vásquez, exgobernador de Oruro; Pedro Dorado, exviceministro de Desarrollo Rural; y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Si bien el régimen de facto le otorgó el salvoconducto para que Arce pueda salir del país para continuar un tratamiento médico, estuvo a punto de incumplir su palabra, de no ser por la embajadora mexicana que tuvo que batallar para evitar una probable detención del exministro de Economía.

“Cuando a nuestro presidente actual, Luis Arce, le dieron salvoconducto y él salió también, la embajadora actual, María Teresa Mercado, tuvo que batallar para que le permitiesen llegar al avión. O sea, ha sido un traslado desde la residencia hasta lograr que aborde el avión y levante vuelo que probablemente merecería ser contado con mucho más detalle del que puedo hacerlo yo ahora, pero ha mostrado una embajadora que ha tenido que lidiar con las autoridades bolivianas para algo que ellos mismos habían dado ¿no? El salvoconducto”, dijo el Canciller.  

“Se llegó al momento, por relato de la propia embajadora María Teresa Mercado, en que era una total incertidumbre y la propia vida de Luis Arce ha estado en riesgo en ese traslado por culpa, o bajo la responsabilidad, de las personas del gobierno de Áñez que no respetaban su propia palabra, no daban salvoconducto y, cuando lo dieron, estaban tentados a no cumplir”, añadió Mayta.

Tras lograr llegar al aeropuerto, Arce, a través de las redes sociales, agradeció el apoyo de las embajadas de México, Uruguay y Argentina para salir del país y denunció hostigamiento policial en el Aeropuerto de El Alto, informó el 06 de diciembre de 2019 el periódico Correo del Sur.

"Agradezco al gobierno mexicano por haberme otorgado asilo político en ese hermano país, por lo que hoy me ausento de Bolivia rumbo a México, donde desde allí podré trasladarme a Brasil para continuar con mis exámenes médicos periódicos y no descuidar mi salud", escribió Arce entonces.

Arce denunció que los diplomáticos que lo acompañaban tuvieron que llamar al ministro Arturo Murillo para que ordene a la Policía, en el aeropuerto, dejarlo viajar, indica el reporte del impreso.