Viceministra identifica seis delitos penales cometidos por el gobierno de facto durante toma violenta de medios estatales
Viceministra identifica seis delitos penales cometidos por el gobierno de facto durante toma violenta de medios estatales

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este miércoles que se identificó al menos seis delitos penales cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Áñez por la toma violenta de medios estatales y la suspensión arbitraria de sus transmisiones.

“¿Qué hemos identificado? Tipos penales identificados, como por ejemplo contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes, deberes de ciudadanos, omisión de denuncia. Son esos tipos penales que han sido identificados”, manifestó, en una entrevista en Radio Vanguardia.

La autoridad estatal recordó que la denuncia de las acciones del gobierno de facto contra los medios estatales, y el daño económico causado, fue presentada en esta jornada, por lo que recordó que debe ir a una etapa de investigación y los procesos correspondientes.

“Esto ya tiene una etapa de investigación en la instancia que corresponda, procesos coactivos, administrativos, penales. Bueno, ya tiene que su curso a seguir, nosotros hoy hemos identificado, hemos mostrado y bueno para adelante ya también los directores de los medios de comunicación del Estado tienen que asumir acciones”, aseveró.

Horas antes, la viceministra de Comunicación denunció que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“Son más de Bs 8.965.000 el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque y la quema de los medios de comunicación”, aseveró la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.

Aseguró que los hechos se conocieron mediante una investigación documental realizada por personal jurídico y administrativo del Viceministerio de Comunicación, en la cual se pudo constatar que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 existieron procedimientos al margen de la norma.

En el caso de Bolivia Tv, aseguró que se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs 2.593.280. Se afectó a 887.029 personas.

Dijo que, además, se evidenció el manejo ilegal de contratación de personal en medios estatales durante la gestión de Andrés Rojas y Gonzalo Rivera. Denunció el incumplimiento de requisitos, la gestión ineficiente y discrecional en la gestión de Recursos Humanos, la falta de registro de asistencia de consultores durante enero de 2020, casos de consultorías en línea irregulares, la designación de cinco ítems al margen de la norma y la contratación de servicios profesionales en forma no adecuada.

Aseveró que, en instalaciones de la Regional Cochabamba de BTv, se encontró escudos utilizados en acciones violentas por el grupo paraestatal “Resistencia Juvenil Cochala”.

En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada.

“Se va a proceder como corresponde en todos los casos. Como había dicho, nosotros tenemos que cumplir con la norma, somos fiscalizados en esa línea. Vamos a presentar (las denuncias) contra los directores de los medios de comunicación, los gerentes que han estado cumpliendo esa función pública”, dijo la viceministra de Comunicación.


 
Vicecanciller destaca los cuatro ejes de la propuesta boliviana en la COP26 para atenuar el cambio climático
Vicecanciller destaca los cuatro ejes de la propuesta boliviana en la COP26 para atenuar el cambio climático

El vicecanciller Freddy Mamani destacó las cuatro propuestas efectuadas por el presidente Luis Arce en la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia y lamentó que países industrializados intenten transferir sus responsabilidades sobre la crisis climática a los países en vías de desarrollo.

“Uno de los puntos primordiales es como mantener la temperatura por debajo de los 1,5 grados centígrados, que es la agenda internacional”, indicó la autoridad en entrevista con el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva.

Otro de los aspectos planteados por el presidente Arce, añadió el Vicecanciller, es “el financiamiento, la provisión de financiamiento que es muy importante para los países en vías de desarrollo”.

Indicó que los países industrializados no cumplieron el compromiso asumido en Paris, de financiar más de $us 100 mil millones a los países en desarrollo con el fin de enfrentar el cambio climático.

Un tercer y cuarto aspecto se refieren a la transferencia de tecnología y al “enfoque de no mercado, que es un tema central” frente a “la visión occidental de mercantilizar el bosque, la naturaleza”, manifestó.

El Vicecanciller lamentó que, tras el acuerdo de París, algunos países desarrollados están “queriendo transferir sus responsabilidades a los países en desarrollo” respecto al cambio climático.


Alcón devela que el régimen de Áñez utilizó instalaciones de BTV para el grupo paramilitar y parapolicial RJC
Alcón devela que el régimen de Áñez utilizó instalaciones de BTV para el grupo paramilitar y parapolicial RJC

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles que las instalaciones de la regional Cochabamba del canal estatal Bolivia TV fueron utilizadas en el régimen de Jeanine Áñez en beneficio de grupos paraestatales irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

“¿Qué ocurría en instalaciones de la regional Cochabamba de BTV? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Se encontró escudos utilizados en acciones violentas del grupo paraestatal ‘Resistencia Juvenil Cochala’”, aseveró.

Denunció que tras el golpe de Estado de 2019, se pudo evidenciar la suspensión forzosa de Bolivia TV durante tres días, 20 horas y 16 minutos. Cuestionó que en aquella oportunidad los periodistas del medio y sus familias fueron amenazados en su integridad física.

“Qué es lo que hacía este tipo de materiales en instalaciones de un medio de comunicación del Estado, donde, además, como les hemos dicho, se ha bajado la señal durante casi cuatro días”, aseveró. 

La autoridad gubernamental indicó que todos estos hechos deben ser investigados para que se asuman las acciones correspondientes.

La Resistencia Juvenil Cochala fue una organización de fuerza de choque que generó violencia frente a movilizaciones de simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo que defendían el gobierno de Morales en 2019. El grupo irregular respaldó el régimen de Áñez.


Presidente destaca el modelo económico boliviano en conferencia magistral para la Universidad de Warwick
Presidente destaca el modelo económico boliviano en conferencia magistral para la Universidad de Warwick

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, destacó este miércoles el Modelo Económico Social Comunitario Productivo en la Universidad de Warwick, Inglaterra.

“Nosotros hemos cambiado la vía y las normas en la economía de Bolivia para los propósitos económicos que tenemos. Tenemos que introducir ante la sociedad, también con el modelo comunitario, la recuperación de la economía nacional y las condiciones para introducir la reactivación económica”, aseveró.

El presidente Arce es exalumno de la Universidad de Warwick. Recibió el grado de Master en Ciencias Económicas (MSc in Economics) luego de estudiar entre 1996 y 1997.

Hoy, recordó que el golpe de Estado de noviembre de 2019 frenó el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y, por ende, el proceso de industrialización de recursos naturales.

“La industrialización será uno de los puntos importantes dentro de las políticas de nuestro país y la redistribución de nuestra riqueza, eso tendrá que ser redistribuido a toda la gente en nuestro país. Eso hace que nuestro país tenga mejores números en corto tiempo, hace que los ingresos sean mejores y que eso acelere el progreso económico”, aseveró.

Dijo que en la economía boliviana está garantizada la redistribución de los ingresos e impuestos al Estado, a la población nacional. Sostuvo que cuando llegó al Gobierno en noviembre se incentivó la demanda y creación de bonos.

La reactivación económica es uno de los pilares de la gestión del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, desde que asumió el gobierno, resultado de la recuperación de la democracia en noviembre de 2020.

Retomó la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que se enfoca en la aplicación de políticas mediante bonos, protección social, acceso y producción soberana de alimentos, fondos para los pequeños productores, políticas de vivienda y servicios básicos, y el mayor acceso al financiamiento.

El modelo económico boliviano apuesta a la participación de las estatales con el objetivo de fortalecer el aparato productivo para redistribuir los ingresos a la población con política social y más inversión para la industrialización.


Gobierno denuncia daño económico de Bs 8.965.988 a medios estatales en el régimen de Áñez tras el golpe de Estado
Gobierno denuncia daño económico de Bs 8.965.988 a medios estatales en el régimen de Áñez tras el golpe de Estado

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“Son más de Bs 8.965.000 el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque y la quema de los medios de comunicación”, aseveró la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.

Aseguró los hechos se conocieron mediante una investigación documental realizada por personal jurídico y administrativo del Viceministerio de Comunicación.  Se pudo constatar que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 existieron procedimientos al margen de la norma.

En el caso de Bolivia TV, aseguró que se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280. Se afectó a 887.029 personas.

Dijo que además se evidenció el manejo ilegal de contratación de personal en medios estatales durante la gestión de Andrés Rojas y Gonzalo Rivera. Denunció el incumplimiento de requisitos, la gestión ineficiente y discrecional en la gestión de Recursos Humanos, la falta de registró asistencia de consultores durante enero de 2020, casos de consultorías en línea irregulares, la designación de cinco ítems al margen de la norma y la contratación de servicios profesionales en forma no adecuada.

Aseveró que, en instalaciones de la Regional Cochabamba de BTV, se encontró escudos utilizados en acciones violentas por el grupo paraestatal “Resistencia Juvenil Cochala”.

En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada.

“Se va a proceder como corresponde en todos los casos. Como había dicho: nosotros tenemos que cumplir con la norma, somos fiscalizados en esa línea. Vamos a presentar (las denuncias) contra los directores de los medios de comunicación, los gerentes que han estado cumpliendo esa función pública”, dijo la Viceministra de Comunicación.

Se identificaron los siguientes tipos penales: Contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes, deberes de ciudadanos y omisión de denuncia.

 


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